A diferencia de otras autoridades nacionales, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, fue claro y preciso sobre la problemática educativa. Ya hace casi un mes, los dirigentes del magisterio urbano sostienen un conflicto que no llega a un acuerdo en relación a la currícula y al presupuesto. La noche de este martes, el Primer Mandatario lamentó el deterioro de la calidad. “Llega el momento de discutir sobre la educación”.
“La preocupación no es el tema de horas. Los maestros rurales están en otra lógica, ellos están de acuerdo en discutir de los temas estructurales de la educación. Llegó al momento de discutir, yo quiero participar del congreso de la educación. La educación no es un tema trivial, no es un tema de salario, va más allá de eso”, afirmó.
Hace seis semanas el magisterio urbano nacional protagoniza movilizaciones en demanda de mayor presupuesto, más ítems, compensación de horas laborales, el desarrollo de un congreso nacional y suspensión de los nuevos contenidos de la malla curricular.
Arce lamentó que la formación de los estudiantes bolivianos se haya deteriorado y demandó la necesidad de que los niños y jóvenes del país aprendan más sobre matemáticas, química, física, inglés y un idioma nativo. “Teneos que hacer una evaluación del nivel de bachilleres que tenemos en el país y eso no se plantea con la situación salarial”, afirmó en relación al conflicto planteado por el magisterio urbano.
“Pasamos 12 años en el colegio y supuestamente nos enseñan inglés, pero ¿los bachilleres saben inglés? ¿Cómo están los conocimientos de matemáticas cuando dan el examen de ingreso en la universidad? Hay problemas de redacción, ortografía, de lectura de comprensión eso hay que resolver y no es sentándose y negociando horas más o horas menos, movilizaciones más o movilizaciones menos”, dijo.
En ese contexto, Arce pidió a la dirigencia del magisterio urbano que no confundan los temas, que una cosa es la cuestión salarial y otra la estructura de la educación. Y dijo que no es asunto exclusivo de los profesores, que compete a los padres de familia, a las organizaciones sociales y a otras entidades.
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