Diversas cámaras empresariales, Agropecuarias, de Industrias y Exportadores de Bolivia, emitieron un comunicado conjunto expresando su firme y categórico rechazo a la disposición adicional Séptima del Proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Esta disposición establece la confiscación y decomiso de productos a empresas, una medida que consideran perjudicial y arbitraria.
RECLAMO DEL SECTOR PRIVADO
El comunicado destaca que esta normativa vulnera derechos fundamentales, como la libertad de producción y comercialización, consagrados en la Constitución Política del Estado. Además, las entidades representativas del sector privado anunciaron que no participarán en procesos de reglamentación relacionados con esta disposición y exigieron su eliminación total.
«De aprobarse esta norma, se profundizará el clima de inseguridad jurídica, ahuyentando las inversiones nacionales y extranjeras en detrimento de la economía nacional, en un escenario en el que urge aumentar la producción y exportación», señala el documento.
LLAMADO AL GOBIERNO Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
En su pronunciamiento, las cámaras instaron respetuosamente al presidente Luis Arce Catacora y a la Asamblea Legislativa Plurinacional a no aprobar normativas que vulneren los derechos de los productores y empresas bolivianas. También enfatizaron la necesidad de promover un entorno favorable para la producción y el comercio, priorizando la estabilidad económica y social del país.
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