El Gobierno ratificó este martes su llamado a diálogo para analizar la disposición séptima del Presupuesto General del Estado sobre decomisos y confiscaciones, y anunció que este miércoles explicará la norma a un sector de los gremiales del país.
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, anunció además que se ampliará la invitación a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB); y se llamará también a las “bases” de algunos sectores que anuncian movilizaciones.
Como sucedió el 20 de enero, este martes no acudieron al diálogo representantes de la Cámara Nacional de Industria (CNI), de la Cámara Nacional de Comercio (CNC); de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de la Cámara de Exportadores de Bolivia. Exigen primero la derogación de la disposición observada.
“Convocamos públicamente y nuevamente a deponer esas actitudes y esperemos que en los próximos días puedan apersonarse acá, al Ministerio de Justicia, a los ministerios que somos competentes en la materia; y empezar un diálogo constructivo sin posiciones radicales ni políticas”, llamó el ministro de Justicia, César Siles.
Las autoridades del Gobierno se reunirán este miércoles con los representantes de la Confederación de Gremiales de Bolivia, de los gremiales de El Alto y de la Federación de El Alto Sur, confirmó a su turno el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca; al explicar que lo que se busca en la reglamentación es generar un control consensuado con los sectores productivos.
A su vez, el ministro Flores anunció que el diálogo se ampliará a otros sectores que solicitaron su inclusión en las negociaciones sobre la disposición del PGE.
Disposición
En ese marco, anunció que se convocará a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo); a la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), a la Cámara de Pequeños Productores del Oriente y a otros sectores.
“No nos vamos a quedar con este rechazo de estas organizaciones de empresario; vamos a seguir insistiendo porque el diálogo tiene que ser constructivo y llevarnos a la solución de estas observaciones que tienen”, explicó Flores.
Dijo, además, que convocarán a las “bases” de otros sectores que advierten con movilizarse; pues “tenemos entendido que solo las cabezas toman decisiones”.
La disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 autoriza el “control, fiscalización; confiscación y/o decomisos de productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios”.
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