En los últimos días y ante el despertar de la ciudadanía y las organizaciones vecinales por el silencio de las autoridades municipales sobre el cobro de pasajes elevados en un 50 por ciento por el transporte urbano, se ha notado claramente, una manifiesta actitud de las autoridades municipales por eludir el tema tanto en el Ejecutivo como en el Concejo Municipal. Pareciera que el tema quema las manos de ambas instancias del Gobierno Municipal o es tanto el poder del transporte o existe algún acuerdo de nuestras autoridades con los transportistas por encima del compromiso de velar por los intereses del pueblo.
Basado en normas nacionales y locales, el Ejecutivo, a través de un miembro del equipo legal, aseguraba que debe ser el Concejo Municipal, la instancia que debe aprobar, mediante una Ley Municipal, las tarifas del transporte urbano propuestas por el Ejecutivo como resultado de un estudio de costos encargado a la dirección de Vialidad y Transporte.
El Concejo Municipal por su lado, basado en un artículo del Reglamento de la Ley Municipal del Transporte, asegura que quien tiene la competencia para aprobar estas tarifas, es el Ejecutivo Municipal y considera el estudio de costos presentado como superficial y de una elaboración poco profesional, con un respaldo técnico, económico y social muy pobre. De todas maneras, los concejales se lavan las manos y esperan que sea el Ejecutivo, el encargado de aprobar las tarifas, porque, supuestamente así lo manda el Reglamento de la Ley Municipal del Transporte.
Ninguna de las dos instancias que conforman el Gobierno Municipal se hizo cargo o tomó la responsabilidad de asumir esta competencia, que debería ser responsabilidad de ambas, porque de acuerdo con la máxima norma nacional, la Constitución Política del Estado: El Gobierno Municipal está compuesto por un cuerpo deliberante, legislativo y fiscalizador, que es el Concejo Municipal y el Ejecutivo, a cuya cabeza se encuentra el alcalde municipal, y en el caso de .las tarifas del transporte urbano, incluyendo radiomóviles y mototaxis, deben ser normadas y aprobadas por el Gobierno Municipal.
Preocupados por la situación reinante y la afectación que sufren los usuarios del transporte urbano por la elevación de las tarifas, dirigentes y vecinos de diferentes zonas de la ciudad intentaron ser recibidos por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria del pasado jueves, que fue sospechosamente suspendida, donde los dirigentes querían exponer su preocupación y reclamar por el principio de autoridad para limitar el cobro de pasajes elevados en un porcentaje demasiado elevado como es el 50 por ciento del valor en vigencia, que dicho sea de paso y de acuerdo con declaraciones del dirigente de la Federación de Transporte urbano de Montero Saúl López, no cuenta con una resolución o ley específica que fije el pasaje urbano en Bs.2.00.
A pesar de tanta protesta, la principal autoridad administrativa de la ciudad, el alcalde Regys Medina, que mantuvo un silencio sepulcral, preocupante, (aunque la ciudadanía ya está acostumbrada a este silencio de la autoridad como ocurrió en varios casos en los que fue objeto de denuncias y nunca alzó la voz para esclarecer o desmentir a sus denunciantes) mantiene esta conducta y no estuvo presente en la reunión, aunque se lo vió en otra reunión con el sector mototaxista, que exige el cambio del director de Vialidad y
Transporte por otro que pertenezca al sector de dos ruedas.
¿Qué saldrá de estas reuniones? esperemos que por consenso y ahora con la participación de autoridades, los sectores ciudadanos o vecinales, surja una tarifa beneficiosa para la economía del pueblo y aceptable para los transportistas. Existen propuestas que presentaron los dirigentes vecinales, que dicho sea de paso, no fueron convocados a participar en los estudios de costos de operaciones que ya habrían sido elaborados en diciembre de 2024 cuyos resultados ya son de conocimiento de las autoridades, que no tuvieron la iniciativa ni la voluntad de socializar o por lo menos hacerlos conocer a la población y definitivamente darles un carácter oficial para que entren en vigencia de manera legal; pero no lo hicieron, dejando a la sociedad civil con la sensación de abandono de sus autoridades electas para representarlos y defender sus intereses.
Este jueves a las 8:30 una segunda reunión con la participación de representantes del transporte; autoridades, se espera que entre ellas esté presente el alcalde municipal y organizaciones vecinales, cada uno con su propuesta de solución se intentará llegar a una solución. Es de esperar que reine un criterio maduro y la suficiente sensatez y generosidad con el otro y se llegue a un consenso satisfactorio para todos.
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