El Ministerio de Justicia formalizó este jueves una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales por ocho delitos, entre ellos terrorismo, instigación pública a delinquir y obstrucción de procesos electorales.
La acusación también alcanza a la dirigente del Trópico de Cochabamba Suset Rodríguez. “Son ocho delitos de acción pública al señor Evo Morales Ayma, a la señora Suset Rodríguez y a quienes resulten cómplices, coautores o encubridores”, detalló el titular de Justicia, César Siles, en conferencia de prensa, en La Paz.
Evo Morales
“Los principales delitos que se han denunciado son terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la libertad de trabajo, desobediencia a resoluciones constitucionales, destrucción y deterioro de bienes del Estado y obstrucción de procesos electorales”, precisó.
La querella fue presentada ante la Fiscalía Departamental de La Paz, debido a los hechos violentos ocurridos en los bloqueos instalados por sectores leales a Morales.
Movilizaciones
Según la denuncia, Rodríguez dio instrucciones, por orden del exmandatario, para cercar la ciudad de La Paz y tomar los domicilios de autoridades y personas vinculadas al gobierno.
El ministro pidió la conformación urgente de una comisión de fiscales para iniciar las investigaciones correspondientes. Aseguró que las víctimas de los bloqueos son “todos los bolivianos”, en particular “personas con discapacidad, enfermos y ciudadanos que han visto vulnerado su derecho a circular libremente”.
Esa información fue conocida luego de que el dirigente evista Rudy Capquique revelara una presunta conversación con Morales, en la que éste instruye convulsionar el país, cercar La Paz y ejecutar la “batalla final”. Este extremo fue negado por el expresidente y denunció que el gobierno de Luis Arce propala información “montada”.
Bloqueos
Los movilizados que apoyan a Morales cumplen este jueves su cuarto día de bloqueos, exigiendo que se lo habilite como candidato a las elecciones generales del 17 de agosto.
Sin embargo, el exmandatario enfrenta restricciones legales, entre ellas, decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que limitan su participación, además de no contar actualmente con una sigla habilitada para inscribir su candidatura.
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