La Asociación Ilustre Colegio de Abogados del Norte Integrado (ICANI) expresó su preocupación por el incremento de costos y valores en los servicios de Derechos Reales, medida dispuesta por la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) del Órgano Judicial, que ha generado molestia entre profesionales del derecho y usuarios que realizan trámites registrales.
La presidenta de ICANI, Clara Castro, calificó el aumento como “garrafal” y solicitó una revisión urgente por parte del Consejo de la Magistratura, al considerar que la medida afecta directamente a la economía de la ciudadanía y al ejercicio profesional de los abogados.
“Antes un alodial costaba 112 bolivianos cuando era una sola hoja; ahora cuesta 154. Si son dos folios, sube a 204 bolivianos. La vista rápida pasó de 78 a 114 bolivianos. Hay incrementos de 40 a 50 bolivianos según el tipo de trámite, lo que resulta excesivo”, detalló la representante en una conferencia de prensa.
Castro también denunció que se están cobrando conceptos adicionales como carpetas o folders que, según indicó, no se entregan al usuario, pese a estar incluidos en el sistema de cobros.
“He consultado directamente en oficinas de Derechos Reales y me informaron que no pueden modificar esos cobros dentro del sistema. Sin embargo, los usuarios pagan por un servicio que no se les brinda completamente”, lamentó.
Ante esta situación, la Asociación de Abogados de Montero presentó una representación formal ante el Consejo de la Magistratura, dirigida a la doctora Sandra Paola Paredes Aramayo, así como notas al presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Aldo Ismael Quezada, y al doctor Manuel Batista Espinoza, para que el tema sea tratado con prioridad.
“Estamos en una situación económica difícil y no se puede seguir castigando el bolsillo del ciudadano. Este incremento no fue socializado con los sectores afectados, y eso es un error grave. Pedimos estudios técnicos y criterios claros para justificar cualquier ajuste”, enfatizó Castro.
Finalmente, ICANI anunció que hará seguimiento a la solicitud presentada, hasta obtener una respuesta de las autoridades competentes y lograr que los nuevos aranceles sean revisados o ajustados.
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