La ciudad sureña de Tarija, capital de la región productora de gas de Bolivia, está parcialmente paralizada hoy por un huelga de 24 horas contra una ley del presidente Evo Morales que supuestamente intenta impedir que los gobernadores opositores reelegidos puedan ejercer sus cargos.
Entre tanto, las organizaciones cívicas del departamento de Santa Cruz realizarán un cabildo en el Cristo Redentor, en la plaza principal 24 de Septiembre, en rechazo a la vigencia de la Ley Transitoria de Autonomías que supuestamente suspenderá de sus funciones al gobernador electo, Rubén Costas, una vez jure al cargo.
El vicepresidente del Comité Cívico de la región, Baldemar Peralta, confirmó a Efe que la huelga es seguida en la ciudad por transportistas, bancos, empresas privadas e instituciones públicas.
En cambio, según fuentes periodísticas, hay una relativa normalidad en los mercados campesinos de la ciudad y en zonas rurales del departamento de Tarija controladas por el oficialismo.
Peralta dijo que la ley planteada por Morales, que fue aprobada el jueves por la noche por la mayoría oficialista del Senado, "es una norma golpista y absolutamente antidemocrática".
La polémica normativa establece que los políticos con denuncias penales en contra pueden ser suspendidos de sus cargos si tienen acusaciones formales de jueces.
La norma puede afectar a los gobernadores reelegidos Mario Cossío, de Tarija, y Rubén Costas, de Santa Cruz, contra quienes hay varias acusaciones planteadas por el Gobierno.
Contra Cossío hay 25 denuncias por presunta corrupción en obras públicas, mientras que Costas tiene nueve denuncias, una de ellas por financiar en 2008 un referendo sobre autonomías al que se opuso Morales.
Similares consultas autonómicas fueron financiadas por Cossío en Tarija, por el gobernador reelegido Ernesto Suárez en Beni (noreste) y por el ex gobernador de Pando (norte) Leopoldo Fernández, que está preso en La Paz, por su presunta responsabilidad en una matanza de campesinos en 2008.
Contra Suárez hay dos denuncias planteadas por el Gobierno, pero en su caso aún no llegaron a una imputación formal.
Para hoy está previsto que el Comité Cívico de Santa Cruz realice una manifestación para rechazar la normativa porque sostiene que "desconoce la autonomía y el voto popular" expresado en las elecciones regionales celebradas el pasado 4 de abril.
En cambio, el Gobierno defendió la normativa con el argumento de que protegerá los recursos públicos y castigará a los "ladrones y corruptos", según dijo el vicepresidente Álvaro García Linera.
No obstante, las fuerzas de oposición en el Congreso también anunciaron demandas contra esa normativa y acusaron a Morales de intentar tomar las gobernaciones de Santa Cruz, Beni y Tarija, regiones en las que perdió en los comicios de abril pasado.
El próximo día 30 está previsto que esas autoridades opositoras, así como las del oficialismo en La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Pando, tomen posesión de sus cargos.
La Cámara de Diputados, que también está bajo el control del oficialismo, comenzó hoy a discutir la normativa, que puede ser aprobada el sábado en esa instancia, y promulgada después por Morales a su retorno de un gira por Europa el fin de semana.
Nota : Opinion |
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