El anteproyecto establece la regularización de urbanizaciones y asentamientos ilegales protagonizados por gente sin medios. -foto: Dico Soliz
El Gobierno se apresta a delimitar la propiedad urbana con el fin de repartir los excedentes entre los Sin Techo, los Sin Tierra y los “inquilinos” en todas las ciudades y centros poblados del país.
El anteproyecto de ley de “Regulación de la Propiedad Urbana y Regularización del Derecho Propietario sobre Inmuebles Urbanos” está en el tapete de discusión entre las juntas vecinales y otras organizaciones sociales, que han adelantado su apoyo a lo que se considera una medida de distribución justa de tierras.
La primera versión del anteproyecto establecía límites al tamaño del terreno, al número de bienes inmuebles y lotes en el área urbana: Un máximo de dos propiedades y no más de 500 metros cuadrados de extensión. Sin embargo, el Viceministerio de Urbanismo y Vivienda, que impulsa el proyecto, anuló varios artículos reticentes.
La noticia fue bien recibida por las juntas vecinales, los Sin Techo, Sin Tierra y los llamados “inquilinos”. Sin embargo algunos asesores legales -según reveló el entorno del Viceministerio- advirtieron que aprobar una ley limitando o expropiando la propiedad privada iría contra la Constitución Política del Estado que respeta la tenencia de un número indeterminado de bienes inmuebles.
El primer documento exigía la reinscripción tanto de la propiedad privada legalizada, así como la regularización de los asentamientos ilegales, según admite la diputada plurinacional Natividad Choque. Hoy, se ocupa sólo de legalizar la irregularidad de los avasallamientos protagonizados por gente pobre, previo cumplimiento de requisitos, entre ellos, que cumpla función social y se demuestre necesidad de vivienda.
El Viceministerio de Urbanismo y Vivienda ha distribuido copias del documento en consulta y socialización a fin de modificarlo en base a propuestas concretas de diferentes sectores interesados en la problemática de la vivienda.
“El anteproyecto establece que las alcaldías deben ser las encargadas de la regularización, pero los vecinos se resisten y plantean formar comités dirigidos por un Juez de Regulación”, dice el presidente de la Confederación de Juntas Vecinales, Conaljuve Efraín Chambi.
LOTES BALDÍOS Lo que no cambió de la propuesta original es la sanción con impuestos altos a las personas que tengan un lote baldío a fin de obligarlas a regularizar su situación o caso contrario se distribuya entre los que no tienen.
El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bonnie Morales Villegas, dice que el anteproyecto plantea mecanismos para que las personas que tienen un predio sin ocupar sean pasibles a impuestos altos para que regularicen o distribuyan sus lotes. En este caso la norma está dirigida a dueños de “terrenos de engorde”.
El anteproyecto aplicará normas para el proceso de urbanización con cargas tributarias que impidan la especulación inmobiliaria.
FUNCION SOCIAL La consultora que participó en el diseño del anteproyecto, Nancy Cruz, explica que el punto no es quitar la propiedad, sino poner un freno al lucro en la tenencia de lotes.
Sin embargo, si la propiedad no cumple una función social, también será objeto de expropiación, aun el bien esté a nombre de un Sin Techo, Sin Tierra o “inquilino”.
Anuncian ley corta para evitar más avasallamientos
BETTY CONDORI ROJAS
bcondori@opinion.com.bo
La ola de asentamientos ilegales en las últimas semanas ha impulsado a la diputada Natividad Choque, del Movimiento Al Socialismo, a redactar una ley corta que prohíba en todo el país más ocupaciones de terrenos.
El anteproyecto establece que sólo serán reconocidas las urbanizaciones asentadas antes del 31 de diciembre de 2009, pero no así las recientes porque ello sería “una invitación a tomar las tierras”, dice Choque.
En un principio se pensaba regularizar todo, incluso las propiedades ya inscritas en Derechos Reales, “pero ahora estamos revisando las decisiones drásticas”, señala la diputada.
Choque considera que para determinar la cantidad y el tamaño de las propiedades es esencial que cada municipio cuente con el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT).
El PMOT en Cercado espera ser tratado en el Concejo Municipal.
El anteproyecto fue presentado en Santa Cruz, Cochabamba (el 21 de mayo), La Paz, Oruro y El Alto. El 12 de junio será en Sucre y luego en Tarija y Beni.
En Cochabamba se registraron cinco asentamientos en cinco meses. Tres de ellos ocuparon diez hectáreas en la serranía de San Pedro, detrás del Cristo de la Concordia. Todas son ilegales y la Policía ni la subalcaldía de Sacaba intervinieron.
El 21 de mayo en Huayrak’asa se realizó el foro donde se explicó el contenido del anteproyecto. -foto: Rubén Rodriguez
“La ley respeta la propiedad privada y número de bienes”
ENTREVISTA
Víctor Hugo Arteaga, técnico
La ley y el Gobierno respetarán la propiedad privada y sólo se trabajará con urbanizaciones o viviendas que no están legalizadas. Así resume el anteproyecto el arquitecto Víctor Hugo Arteaga del Viceministerio de Urbanismo y Vivienda.
Arteaga siente que la difusión del documento ha despertado mucha suspicacia, por lo que es necesario disipar dudas. Este es el diálogo con Opinión.
P: ¿El proyecto alcanza a los dueños de casas y lotes que tienen regularizada la situación de sus bienes?
R: La regularización de bienes sólo llega a aquellos dueños de casa que no tienen legalizada su situación y que son asentamientos de pobres. Hay informes de Derechos Reales que cuando se refiere al tamaño de la superficie dice “cero”. Ahí corresponde la reinscripción con nuevas dimensiones a partir de mediciones catrastrales.
Insisto que este proyecto está destinado a aquellas personas que son pobres, que han ido a vivir a algún terreno y no tienen posibilidades para regularizar su situación; los que tienen dinero, lo harán por otras vías que también son legales.
P: ¿Se mantiene el límite de 500 metros cuadrados para cada propiedad?
R: Ya no. Hemos hecho ajustes y ese artículo fue anulado del anteproyecto. El tema será abordado después en un reglamento que especifique detalles en cada situación. El anteproyecto se dedicará a lo general, a la ley marco. Todo ahora está en revisión y escuchamos las sugerencias de la población.
P: Sobre el número de bienes...
R: Quiero aclarar que la gente puede tener los bienes que quiera porque está respaldada por la Constitución Política del Estado. No será lo mismo con urbanizaciones irregulares, que ésta ley legaliza.
P: ¿Por qué no socializan el proyecto en organizaciones de profesionales?
R: Quisimos llegar primero a la gente que se beneficiará. La segunda fase será visitar las alcaldías, prefecturas y arquitectos.
Respeto.
“La Constitución Política del Estado garantiza la propiedad privada. La ley no alcanza a la gente que ha regularizado la situación de sus bienes”
Socialización.
“Hasta ahora hemos trabajado con organizaciones sociales y juntas vecinales. La próxima etapa será hablar con las alcaldías y las prefecturas que deben estar involucradas, necesariamente”
El 36% de las casas en Cercado debe regularizarse
Marcelo Delgado
Arquitecto
El 36 por ciento del territorio habitado de Cercado es irregular y de las 210 mil casas al menos 75 mil tienen problemas de regularización.
Hasta ahora nadie quería tratar el tema de los asentamientos irregulares, pero el Gobierno pone en la mesa de discusión este sensible asunto y eso es un buen inicio.
Sucede que en Cochabamba existen urbanizaciones ilegales que tienen por lo menos 60 años de vida. En su intento de sobrevivencia, los vecinos han autogestionado la dotación de servicios básicos e infraestructura sin ningún asesoramiento. Por ejemplo en el Parque Tunari cavaron pozos de agua al lado de pozos sépticos y no sólo consumen agua contaminada, sino infectan las reservas acuíferas de toda la ciudad.
El anteproyecto del Gobierno obliga analizar este tema y de una vez legalizar los asentamientos irregulares, no queda otro camino.
Pero es necesario que esta ley sea consensuada entre autoridades, profesionales y representantes de asentamientos irregulares. Debe ser integral y no una imposición. Pensar en dejar fuera a las alcaldías -como plantean algunas organizaciones sociales- sería un gran error porque son los profesionales de Cochabamba los que conocen la realidad de la ciudad, saben en qué lugares hay problemas y qué tipo de conflictos.
La ley debe tener apenas el marco conceptual, los principios y recién el detalle estará trabajado en un reglamento regional, porque lo que sucede en Cochabamba no es lo mismo que Oruro. En el reglamento debe establecer el número de bienes, la cantidad de metros cuadrados y otros.
Aprobada la ley, debería tratarse en revisión en cada municipio, trabajo encomendado a las autoridades profesionales y organizaciones sociales.
Todos los artículos pueden ser mejorados. Si el anteproyecto es elaborado por todos, no habrá problemas en aplicarlo porque se supone que habrá consenso.
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