Los estadistas reconocen cuándo una política trasciende el proyecto partidario, la satisfacción personal, para beneficio de las nuevas generaciones.
Cuando la madre de las leyes fija el camino para un Estado, los gobernantes, desde el nivel en el que se encuentren eventualmente, no tienen otra opción que implementarlo, en lugar de buscar otras rutas para cumplirlas a medias o construir otra hecha a la medida del más poderoso políticamente.
Hoy no se puede olvidar que la nueva Constitución Política de Estado declaró que Bolivia es un Estado “descentralizado y con autonomías”, como resultado de un acuerdo político difícil, pero objetivamente logrado. Así como la Carta Magna reconoce la emergencia y trascendencia de los pueblos indígenas, asimila la demanda histórica de las regiones marginadas por el centralismo.
En suma, la CPE representa el punto de partida y el marco actual para la puesta en marcha del modelo autonómico boliviano, en sus niveles departamentales, municipales, regionales e indígenas. Esa Constitución estableció el marco de las competencias que recibirán los gobernadores de los departamentos y tácitamente ha reconocido los estatutos que los prefectos de Santa Cruz, Beni y Tarija hicieron aprobar en sendos referendos. El reto es que las cartas regionales se adecuen a la CPE, siempre considerando que Bolivia inició la ruptura con el centralismo que tanto daño ha hecho al país y su gente.
No puede ni deber ser al revés; pero lastimosamente las señales que el Gobierno ha lanzado apuntan a que prefiere implementar una autonomía a su estilo, con los colores del oficialismo y al ritmo que el Órgano Ejecutivo defina.
Es natural que todo cambio sea traumático. Ocurre en las personas, en las instituciones y, está visto, en los mismos Estados; pero llama la atención cuando los oficialistas desconocen la lucha por la autonomía, se apropian de esa bandera para exaltar la figura presidencial, como ha ocurrido en el acto de posesión de los gobernadores, y se apuntala un proyecto que no admite diferencias ni disidencias.
La autonomía debe ser el resultado de la entrega de facultades y competencias que hasta hoy son del nivel central para que sean administradas por los gobernadores o los alcaldes.
Sin embargo, el cómo se aprobó la Ley Transitoria hacia las autonomías, que incluye la probable suspensión de tres gobernadores opositores, y las acciones partidarias que aplica el MAS para hacerse del control de las asambleas departamentales, e incluso de los concejos municipales, muestran a un proyecto político que —además de centralista— no está comprometido con la esencia de la autonomía.
Y esa actitud será la que en este proceso reavivará los enfrentamientos políticos y los enconos personales, como ya se vieron en la Casa de la Libertad, donde se sufrió un acto que sonrojó a miles de bolivianos, debido al enfrentamiento entre el Presidente y los tres gobernadores opositores.
Los estadistas reconocen cuándo una política trasciende el tiempo, el proyecto político para beneficio del país. Y la autonomía es una de esas que requiere del concurso de todos, sin exclusión. Se ha iniciado un camino sin retorno, con el impulso de la Constitución; de las autoridades electas por la ciudadanía dependerá si la puesta en marcha será conflictiva o pacífica. Bolivia requiere, de una vez, mirar el largo plazo.
Nota : La Prensa
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