La autoridad desechó el documento firmado por los familiares con los comunarios y determinó investigar y sancionar a los responsables de los asesinatos.
Los comunarios de los Ayllus nortepotosinos implicados en el secuestro y asesinato de los cuatro policías de Dirpove que el lunes 31 de mayo se reunieron con los ministros de la Presidencia y de Gobierno en la localidad de Uncía, presionaron para que las autoridades firmen un documento ene. Que se comprometían a no investigar los crímenes, según reveló ayer el titular de la Presidencia, Óscar Coca quien aseguró que esa demanda fue inmediatamente rechazada por ilegal.
El pasado fin de semana, las dos autoridades sostuvieron reuniones con “autoridades segundas” de los Ayllus con la finalidad de lograr la recuperación de los cadáveres. Al final de la jornada los ministros retornaron de Llallagua a La Paz sin lograr su objetivo. En esa ocasión, Sacha Llorente, declaró de manera breve y en tono de molestia que el Gobierno no va a negociar el cumplimiento de la Ley.
Los asesinatos de cuatro efectivos policiales ocurridos en la localidad de Saca Saca, a 35 kilómetros del municipio de Uncía, serán investigados por el Ministerio Público, según anunció el ministro de la Presidencia, Oscar Coca.
En declaraciones efectuadas durante el fin de semana, el ministro Coca diferenció el tema de la justicia comunitaria con los hechos ocurridos en la localidad de Saca Saca, calificándolos como “asesinatos” que deberán ser investigados pese al desistimiento obligado que firmaron los familiares de las víctimas.
“No se va a discutir que estos crímenes vayan a quedar impunes, el lunes (31 de mayo) estuvimos en la región y tuvimos mucha presión por los comunarios para que el Gobierno firmara un acuerdo para que no se haga una investigación, y esto ni siquiera lo dudamos un segundo, eso no se acepta y debe quedar claro que no se va a negociar bajo ningún pretexto, lo que hemos planteado es que estos crímenes se van a investigar y no va a haber impunidad para nadie”, aseguró el Ministro a una emisora radial de alcance nacional.
Resaltó que se comenzarán las investigaciones pese a que los familiares firmaron ante representantes de los comunarios un documento donde se comprometen a no iniciar ninguna acción legal para conocer las causas y a los responsables de este nuevo episodio de violencia que estremeció al país.
DOCUMENTO SIN VALOR
“Lo que sabemos es que alguien tuvo que firmar un documento, pero eso no tiene ningún valor, porque de todas formas el Ministerio Público va a actuar de oficio, porque aceptar esto sería inadmisible”, dijo el representante del Poder Ejecutivo.
El Ministro de la Presidencia, junto a su colega de Gobierno y por orden del Presidente viajó a la región de Uncía para entablar contacto con comunarios después de una semana de la desaparición de los efectivos de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), el suboficial Nelson Alcocer Casano, los cabos Rubén Cruz Aruquipa y Esteban Alade Arias y el policía Miguel Ramos Payuni. Las presiones y negativa del sector por dar con el paradero de los cuerpos dilató la investigación, mientras que los familiares de las víctimas por su lado trataban de rescatar los cuerpos de los miembros del orden.
El tema de la justicia comunitaria vuelve a ser motivo de polémica, más ahora que esta práctica comunal es reconocida por la Constitución Política del Estado. Sin embargo, la autoridad del Ejecutivo señaló que este caso no corresponde a los parámetros de la práctica comunitaria para resolver y sancionar conflictos. “La justicia comunitaria no es lo que ha ocurrido en la región, la justicia comunitaria es cuando se reúnen en grupo para llamar la atención a alguien porque hizo o no hizo algo, lo que ha ocurrido no es justicia comunitaria, es un crimen que será investigado”.
RIESGOS DE LOS FAMILIARES
Por su parte, el diputado por Convergencia Nacional, Adrián Oliva, se refirió al hecho de que los propios familiares hayan tenido que realizar su propia indagación, arriesgando su integridad física ante el desamparo del Estado. “No se puede pasar por alto que las familias tengan que haberse trasladado hasta Uncía para negociar con los representantes de sus verdugos, porque los que negociaron han tenido algún grado de participación por acción u omisión, así como por encubrimiento”.
Con la recuperación de los cuerpos y el correspondiente análisis forense se podrán establecer mayores datos para determinar las causas de este luctuoso acontecimiento ocurrido entre el 23 y 24 de mayo.
“Yo creo que los familiares que han tenido que sufrir este episodio de humillación y están asumiendo el costo de la decisión de intervenir directamente para rescatar los cuerpos de sus seres queridos”, añadió Oliva.
El diputado exhortó al Ejecutivo para que actúe con la misma decisión y celeridad como lo hace cuando se presentan casos en otras regiones del país. “Hay que mirar todo el territorio no sólo el Oriente, no sólo el Sur, porque hay que mirar que detrás de estos hechos hay problemas de contrabando y narcotráfico que son temas que deben preocupar al país y al Gobierno para que tome las acciones legales correspondientes”.
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