Una turba de comunarios del cantón Llanga Belén, municipio paceño de Umala, expulsó a seis miembros de la familia Marca Moya (todos hombres) a quienes acusa de los presuntos delitos de robo y homicidio, y porque, además, amedrentaban a los pobladores con armas de fuego. Ante la negativa de éstos, fueron correteados, chicoteados y golpeados.
La comunidad argumentó que el castigo fue aplicado merced a la justicia comunitaria. Si bien la nueva Constitución Política del Estado reconoce esa jurisdicción y la expulsión figura entre las sanciones, ésta todavía no está reglamentada.
Según la red PAT, el hecho ocurrió ayer por la tarde en la plaza principal del poblado, donde se decidió la violenta expulsión de esa familia.
Los sujetos habrían sido conminados hace un mes a salir de esa población y ese plazo feneció ayer. Por ello, los comunarios, entre ellos autoridades originarias ataviadas con ponchos y chicotes, se congregaron para echarlos por la fuerza, pero los acusados se les adelantaron e intentaron presentar documentación de un proceso judicial en el que fueron sobreseídos.
Los argumentos no fueron escuchados. Al contrario, los pobladores exigían que los hombres abandonaran la zona, a lo que ellos se oponían.
Los ánimos se caldearon y entonces los comunarios dieron rienda suelta a la agresión. Los acusados fueron correteados mientras los chicoteaban, les daban patadas y puñetazos, y cuando los tendieron en el piso, las agresiones continuaron. Muchos usaron palos y piedras.
Mientras algunas personas intentaban aplacar los ánimos, a uno de los acusados se le cayó un arma de fuego que los comunarios mostraron como prueba de que eran amedrentados. Según PAT, el hombre intentó utilizar la pistola contra quienes le perseguían, pero no se animó a hacerlo.
ANF contó que, posteriormente, otro de los integrantes de la familia Marca Moya fue “capturado” por la turba, que lo amarró a una silla y después de vendarle los ojos, le propinó una golpiza.
Una de la autoridades de la comunidad reconoció que la violencia con la que se actuó ayer “fue grande”, pero que refleja la rabia de la comunidad contra la justicia.
Argumentó que la acción obedece a que la justicia ordinaria no cumple su función porque falló a favor de Anastasio Marca Macilla y sus hijos: Ramiro Marca, Orlando Marca y Bernardo Magno Marca.
Este último explicó por qué no pueden salir del lugar: “Nosotros no podemos irnos, eso no está en la justicia comunitaria ni en la Constitución Política del Estado, que nos garantiza el derecho a la vida y el derecho al trabajo”.
Las agresiones no sólo se dieron contra la mencionada familia, sino incluso contra el corregidor del cantón, a quien los pobladores acusan de no haber actuado en favor de la localidad.
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