CUESTIONAMINTO.- “Este proyecto está vulnerando artículos muy concretos de la Constitución, está centralizando decisiones, sobre todo en el ámbito fiscal y relativiza las capacidades de las autonomías”, Mauricio Lea Plaza.
Fernando Barral Zegarra
La gobernación, a través del Secretario de Coordinación Gubernamental, Mauricio Lea Plaza, denunció a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Lmad) que pasó al Consejo Nacional de Política Económica (Conape) de centralista, inconstitucional y antiautonómica.
“Este proyecto está vulnerando artículos muy concretos de la Constitución, está centralizando decisiones, sobre todo en el ámbito fiscal y relativiza las capacidades de las autonomías departamentales”, confirmó el secretario citado.
Ante este panorama la gobernación insiste en reunirse con el Gobierno para discutir sus puntos de vista y plantear alternativas orientadas a mejorar la propuesta y los procesos autonómicos iniciados a lo largo del país, sin embargo, no logró respuesta.
El proyecto de ley conocido desató preocupaciones porque se pretende construir país sin contraparte de recursos financieros, absolutamente imprescindible, incumple el artículo 305 de la Constitución que establece transferencia de competencias sin recursos. La Lmad transfiere competencias exclusivas y compartidas sin asignar un solo centavo nacional, deriva a futuros impuestos el financiamiento de las nuevas competencias, es impensable construir país autonómico con un régimen fiscal centralizado.
La gobernación plantea redistribuir la renta nacional, que el 75 por ciento de las recaudaciones nacionales por renta interna y aduanera que van al TGN, se reduzca al 50 por ciento, el otro 50 se destine a las autonomías y las universidades estatales.
Eso implica que los gobiernos municipales subirían de 20 a 30 por ciento, los departamentos con el 15 y las universidades el 5, de esa manera puede darse un sostén económico al proceso autonómico, caso contrario, la autonomía está condenada al fracaso.
Un segundo problema identificado, en el ámbito financiero de la ley, es que se plantea que las regalías sean reasignadas a los gobiernos municipales y las autonomías indígeno originario campesinas, aquí también se violenta el artículo 40 de la Constitución.
El artículo 341 de la Constitución define como recurso departamental a las regalías, por tanto si se quiere implementar la autonomía no se le puede quitar su fuente de recursos que son las regalías, se pretende debilitar la capacidad económica de la autonomía.
Un tercer problema es que se subordina a decisiones nacionales la administración fiscal y presupuestaria de las autonomías, se da autonomía formalmente, pero en la práctica cada acción que uno quiera tomar autónomamente, tiene que ser aprobada por el nivel nacional. Para contraer una deuda departamental tiene que ser la Asamblea Plurinacional quien autorice la contratación cuando hay una Asamblea Departamental, ésta tendría que regirse a parámetros nacionales, pero no puede ser la instancia que no decida, si hay autonomía.
La Lmad está manteniendo lo que dice la ley transitoria respecto a la suspensión de autoridades, aspecto totalmente inconstitucional como lo expresaron varios constitucionalistas, agregó Lea Plaza al indicar que son las primeras preocupaciones.
La gobernación, a través del Secretario de Coordinación Gubernamental, Mauricio Lea Plaza, denunció a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Lmad) que pasó al Consejo Nacional de Política Económica (Conape) de centralista, inconstitucional y antiautonómica.
“Este proyecto está vulnerando artículos muy concretos de la Constitución, está centralizando decisiones, sobre todo en el ámbito fiscal y relativiza las capacidades de las autonomías departamentales”, confirmó el secretario citado.
Ante este panorama la gobernación insiste en reunirse con el Gobierno para discutir sus puntos de vista y plantear alternativas orientadas a mejorar la propuesta y los procesos autonómicos iniciados a lo largo del país, sin embargo, no logró respuesta.
El proyecto de ley conocido desató preocupaciones porque se pretende construir país sin contraparte de recursos financieros, absolutamente imprescindible, incumple el artículo 305 de la Constitución que establece transferencia de competencias sin recursos. La Lmad transfiere competencias exclusivas y compartidas sin asignar un solo centavo nacional, deriva a futuros impuestos el financiamiento de las nuevas competencias, es impensable construir país autonómico con un régimen fiscal centralizado.
La gobernación plantea redistribuir la renta nacional, que el 75 por ciento de las recaudaciones nacionales por renta interna y aduanera que van al TGN, se reduzca al 50 por ciento, el otro 50 se destine a las autonomías y las universidades estatales.
Eso implica que los gobiernos municipales subirían de 20 a 30 por ciento, los departamentos con el 15 y las universidades el 5, de esa manera puede darse un sostén económico al proceso autonómico, caso contrario, la autonomía está condenada al fracaso.
Un segundo problema identificado, en el ámbito financiero de la ley, es que se plantea que las regalías sean reasignadas a los gobiernos municipales y las autonomías indígeno originario campesinas, aquí también se violenta el artículo 40 de la Constitución.
El artículo 341 de la Constitución define como recurso departamental a las regalías, por tanto si se quiere implementar la autonomía no se le puede quitar su fuente de recursos que son las regalías, se pretende debilitar la capacidad económica de la autonomía.
Un tercer problema es que se subordina a decisiones nacionales la administración fiscal y presupuestaria de las autonomías, se da autonomía formalmente, pero en la práctica cada acción que uno quiera tomar autónomamente, tiene que ser aprobada por el nivel nacional. Para contraer una deuda departamental tiene que ser la Asamblea Plurinacional quien autorice la contratación cuando hay una Asamblea Departamental, ésta tendría que regirse a parámetros nacionales, pero no puede ser la instancia que no decida, si hay autonomía.
La Lmad está manteniendo lo que dice la ley transitoria respecto a la suspensión de autoridades, aspecto totalmente inconstitucional como lo expresaron varios constitucionalistas, agregó Lea Plaza al indicar que son las primeras preocupaciones.
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