El presidente Evo Morales promulgó, la mañana de hoy la Ley del Órgano Electoral número 018 y dio vigencia al cuarto Poder del Estado norma que garantizará la democracia y la voluntad del pueblo de no sólo a elegir a sus autoridades, sino también a revocar su mandato a través de referéndums.
El Jefe de Estado señaló que esta ley impulsará profundas transformaciones en Bolivia, a considerar que es la primera vez en un país del mundo que se aplica una ley que avala "ampliamente las libertades ciudadanas".
El mandatario conminó, asimismo, a las bancadas de senadores y diputados del MAS a aprobar las otras cuatro leyes orgánicas que exige la nueva Constitución Política del Estado.
"Esta semana tiene que aprobarse otras leyes y esperamos que senadores y diputados del MAS estén a la altura y respondan con la capacidad para tener, estos instrumentos legales que fortalecerán al Estado Plurinacional de Bolivia", dijo.
El presidente ponderó el trabajo de los legisladores oficialistas en la aceleración del tratamiento de las leyes orgánicas, al destacar la desaparición de las prebendas que antes existían en anteriores gestiones legislativas del extinto Congreso Nacional.
"Antes cuando se trataban reformas siempre lo primero que hacían los partidos y parlamentarios de anteriores gestiones era como conseguir plata, cuantos millones de dólares y cuánto podían ganar (...) Antes se pagaban, hace años, para reformas y transformaciones, se espera que la comunidad internacional aporte millones de dólares 40, 50 millones de dólares y pedían al Ministerio de la Presidencia, conseguir esa plata para aprobar leyes", dijo Morales al referirse la reforma del nuevo Código de Procedimiento Penal que entró en vigencia el año 2001.
Por otra parte, el presidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce, calificó como un día histórico este 16 de junio, al considerar que entra en vigencia la primera y más importante de las cinco leyes orgánicas contempladas por la Constitución Política del Estado.
Arce recordó también los debates intensos y las críticas de la oposición que a su criterio buscaron afectar al tratamiento de esta Ley Electoral.
El legislador oficialista rescata tres elementos de esta nueva Ley: que abre paso a la autonomía en base a la unidad del Estado, segundo que genera una institucionalidad en el marco de una nueva organización totalmente renovada. Y por último que sienta las bases fundamentales para una democracia plena.
NUEVA ORGANIZACIÓN: Según la Ley, el nuevo Órgano Electoral, estará compuesto por el Tribunal Supremo Electoral, los Tribunales Electorales Departamentales, los Juzgados Electorales, los Notarios Electorales y los Jurados de las Mesas de Sufragio.
En el caso del Tribunal Supremo, este tendrá siete vocales, de los cuales al menos dos deberán ser de origen indígena y al menos tres mujeres. De los siete, seis serán elegidos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y uno debe ser designado por el presidente del Estado. Se elegirán además a seis vocales suplentes.
En el caso de los Tribunales Departamentales, cada uno contará con cinco vocales, al menos uno debe ser de origen indígena y dos mujeres. El presidente del Estado deberá elegir a uno de los vocales, y la Cámara de Diputados a los otros cuatro de las ternas presentadas por las Asambleas Departamentales.
Dentro del Órgano Electoral además se crean el Servicio de Registro Cívico, que saldrá de la unión del Registro Civil y el Padrón Electoral. Cumplirá las funciones que ambas instancias cumplían hasta el momento.
También se crea el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático que será la instancia encargada de diseñar y ejecutar estrategias y planes de educación ciudadana y otras actividades de difusión referidas al Órgano Electoral Plurinacional.
Se crea también Unidad de Fiscalización, instancia que se hará cargo de la regulación y fiscalización del patrimonio, origen y manejo de los recursos económicos de las organizaciones políticas y del financiamiento de la propaganda electoral de todas las organizaciones que participen en procesos electorales. Coordinará directamente con la Contraloría General del Estado.
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