Misión: Una comisión de los ayllus nortepotosinos llegará hoy a La Paz. Quiere explicar el linchamiento de cuatro policías.
Félix González, gobernador del departamento de Potosí, admitió ayer que, aprovechando su pobreza, las organizaciones de contrabandistas y narcotraficantes malearon a los campesinos, que les brindan protección y ayuda en esa región.
“Han incluido y maleado a las organizaciones sociales del área rural. Eso es realmente muy peligroso, porque ponen trancas en diferentes lugares y restringen el ingreso de personas. Si no ponemos orden, esto puede tener consecuencias muy graves para el país”.
Además, la autoridad solicitó públicamente que se intensifiquen los controles en las fronteras, aunque reconoció que aún no hizo el planteamiento a autoridad nacional alguna, pero busca encontrar una solución principalmente a la intensa internación de motorizados indocumentados por Oruro y Potosí.
“Nuestro Gobierno debe estar tomando ya las medidas del caso, hay que movilizarse porque son bandas bien organizadas y en algunos casos van armadas. Creo que tenemos que responder”.
Una autoridad de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) confirmó, a condición de guardar su identidad en reserva, que en el norte potosino hay actividad del narcotráfico, pues por su proximidad con el Chapare, se establecieron en esa región las fábricas que absorben la producción de coca.
González admitió que “aprovechando la pobreza de la gente, bandas de narcotraficantes se han establecido en esa zona”, donde cuentan con apoyo de los campesinos, quienes retribuyen así los favores que les prestan.
Comisión de ayllus, a La Paz
Una comisión de los nueve ayllus del norte potosino, constituida por mallkus, técnicos y segundas mayores, se trasladó ayer a la ciudad de La Paz para reunirse con autoridades del Gobierno y el Comandante de la Policía Boliviana.
La comisión tiene el propósito de explicar las circunstancias que llevaron a los campesinos a aplicar la pena de muerte a los mencionados cuatro uniformados como consecuencia de los constantes hechos de extorsión y asesinatos que se cometieron en esa región.
El mallku de la Federación de Ayllus Originarios Indígenas Norte Potosí (FAOI-NP), Santos Poma, solicitó el cambio de los efectivos policiales destinados a esa región, la legalización de los autos indocumentados, impedir el ingreso de la comisión investigadora de la muerte de los cuatro policías, y que se averigüen las razones por las que éstos se encontraban en el lugar y se indague el fallecimiento de siete comunarios.
Entretanto, la comisión investigadora de la Fiscalía y la Policía no ingresó en la provincia Rafael Bustillo, aunque se sabe que efectivos de Inteligencia, no sólo de la Policía Nacional sino de las Fuerzas Armadas, operan en la zona para obtener información relativa a los hechos.
UN enjuicia a las autoridades
Los diputados Elizabeth Reyes y Jaime Navarro, de Unidad Nacional (UN), presentaron ayer el memorial que abre querella contra cuando menos cuatro autoridades nacionales, por los presuntos delitos de omisión, incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y encubrimiento a causa del linchamiento de cuatro policías en Uncía.
La denuncia se dirige contra el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti; el comandante de la Policía, general Óscar Nina, y los ex comandantes de Oruro y Potosí Mario Hinojosa y Orlando Ávila, además de las personas que sean señaladas en la investigación.
Una de las pruebas adjuntadas al documento es el certificado de defunción firmado por la forense orureña Wilma Gabriel que indica que Nelson Alcócer, una de las víctimas, falleció entre el 30 de mayo y el 1 de junio.
El fiscal orureño Alfredo Santos confirmó ayer la validez del referido informe rubricado por la mencionada profesional, al igual que el director nacional del Instituto de Investigaciones Forenses, Antonio Torres Balanza, quien aseguró que toda autopsia busca “causa, data y mecanismo de la muerte, así como la identificación, objetivos que en este caso se cumplieron”.
Entretanto, Johnny Castelú, abogado de las familias de los linchados, anunció que sus clientes pedirán peritos extranjeros imparciales para llevar adelante la investigaciones del caso, mientras, por nuevas amenazas y detalles de caso, no abrieron querella contra los ayllus.
0 Comentarios