A diez días del linchamiento de cuatro policías en Uncía, a 230 km de la ciudad de Potosí, el presidente Evo Morales descartó ayer alguna intervención militar y policial para recuperar los cuerpos, esperando el diálogo con los cuatro ayllus. Mientras que la oposición y analistas políticos califican la acción como complicidad, encubrimiento, impunidad y ausencia de Estado.
“El Gobierno siempre busca mediante el diálogo resolver los problemas, es repudiable lo que pasó en Uncía, pero no son todos los ayllus, sino alguna gente usada por los contrabandistas”, dijo Morales desde Palacio de Gobierno, al referirse a los dirigentes que en un cabildo decidieron, hace una semana, declarar la zona libre de comercialización de autos “chutos” y prohibir la entrada a la Policía.
El Mandatario aclaró que los sucesos en Sacaca no sólo es responsabilidad del Gobierno sino también del Ministerio Público, que debe investigar de oficio y esclarecer el motivo de las muertes. Añadió que tiene “sospechas” en la presencia de los policías de Diprove en esta comunidad.
El pasado 23 de mayo el suboficial Nelson Alcócer Casano, los cabos Rubén Cruz Aruquipa y Esteban Alave Arias y el policía Miguel Ramos Palluni desaparecieron y luego fueron linchados por los comunarios, que según los habrían encontrado extorsionando a contrabandistas de vehículos, aunque otra versión señala que investigaban el robo de dos vagonetas de marca Toyota en la ciudad de Oruro.
“Lamentablemente es una ausencia de Estado, de la ley y sobre todo el encubrimiento y complicidad de parte del Órgano Ejecutivo”, explicó la diputada por Convergencia, Norma Piérola, cuestionando la actitud “solapada y de tardanza” no sólo del Gobierno sino también del comandante nacional de la Policía, Óscar Nina, para intervenir y recuperar los cuerpos. Añadió que esta acción no puede quedar impune y pretender que los ayllus (clanes indígenas) no cumplan con la ley, por tanto reveló que como parlamentarios pidieron la conformación de una comisión para investigar los hechos, pero que el oficialismo no dio respuesta.
Para el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Jorge Flores, muestra la mala utilización de la justicia comunitaria y sobre todo calificó de “patética” la actuación del Gobierno que tiene diferencias para reaccionar con seguidores del oficialismo y de la oposición.
“Si eso hubiera sucedido en Santa Cruz sin lugar a dudas haya habido una cantidad de detenidos y militarizada”, dijo el diputado opositor, recordando que en el 2008 tres jóvenes quedaron presos por golpear al entonces comandante de la policía en Santa Cruz, Wilge Obleas.
El Gobierno no ha podido persuadir a los ayllus para que devuelvan los cuerpos, inclusive fueron enviados los ministros de Gobierno, Sacha Llorentty y de la Presidencia, Óscar Coca, quienes junto al defensor del pueblo, Rolando Villena, según la radio Pío XXI propusieron a los indígenas dos investigaciones, una para esclarecer el fallecimiento de los policías y otra por la muerte de siete indígenas, en manos de policías, que según los comunarios se dieron en los últimos seis años.
Para el analista político Cayetano Llobet es el resultado de la ausencia de Estado, aclarando que el Gobierno no tiene posibilidades, “salvo costos muy altos” no sólo políticos sino humanos, de hacer una intervención en Uncía. Añadió que detrás de todo hay informalidad y contrabando.
“Es omisión”, dijo el analista Jorge Landívar explicando que no se cumple ni se acata las leyes.
Los familiares que aún permanecen en la sede de Gobierno, piden la devolución de sus muertos y dejaron todo en manos de la Iglesia.
“El Gobierno siempre busca mediante el diálogo resolver los problemas, es repudiable lo que pasó en Uncía, pero no son todos los ayllus, sino alguna gente usada por los contrabandistas”, dijo Morales desde Palacio de Gobierno, al referirse a los dirigentes que en un cabildo decidieron, hace una semana, declarar la zona libre de comercialización de autos “chutos” y prohibir la entrada a la Policía.
El Mandatario aclaró que los sucesos en Sacaca no sólo es responsabilidad del Gobierno sino también del Ministerio Público, que debe investigar de oficio y esclarecer el motivo de las muertes. Añadió que tiene “sospechas” en la presencia de los policías de Diprove en esta comunidad.
El pasado 23 de mayo el suboficial Nelson Alcócer Casano, los cabos Rubén Cruz Aruquipa y Esteban Alave Arias y el policía Miguel Ramos Palluni desaparecieron y luego fueron linchados por los comunarios, que según los habrían encontrado extorsionando a contrabandistas de vehículos, aunque otra versión señala que investigaban el robo de dos vagonetas de marca Toyota en la ciudad de Oruro.
“Lamentablemente es una ausencia de Estado, de la ley y sobre todo el encubrimiento y complicidad de parte del Órgano Ejecutivo”, explicó la diputada por Convergencia, Norma Piérola, cuestionando la actitud “solapada y de tardanza” no sólo del Gobierno sino también del comandante nacional de la Policía, Óscar Nina, para intervenir y recuperar los cuerpos. Añadió que esta acción no puede quedar impune y pretender que los ayllus (clanes indígenas) no cumplan con la ley, por tanto reveló que como parlamentarios pidieron la conformación de una comisión para investigar los hechos, pero que el oficialismo no dio respuesta.
Para el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Jorge Flores, muestra la mala utilización de la justicia comunitaria y sobre todo calificó de “patética” la actuación del Gobierno que tiene diferencias para reaccionar con seguidores del oficialismo y de la oposición.
“Si eso hubiera sucedido en Santa Cruz sin lugar a dudas haya habido una cantidad de detenidos y militarizada”, dijo el diputado opositor, recordando que en el 2008 tres jóvenes quedaron presos por golpear al entonces comandante de la policía en Santa Cruz, Wilge Obleas.
El Gobierno no ha podido persuadir a los ayllus para que devuelvan los cuerpos, inclusive fueron enviados los ministros de Gobierno, Sacha Llorentty y de la Presidencia, Óscar Coca, quienes junto al defensor del pueblo, Rolando Villena, según la radio Pío XXI propusieron a los indígenas dos investigaciones, una para esclarecer el fallecimiento de los policías y otra por la muerte de siete indígenas, en manos de policías, que según los comunarios se dieron en los últimos seis años.
Para el analista político Cayetano Llobet es el resultado de la ausencia de Estado, aclarando que el Gobierno no tiene posibilidades, “salvo costos muy altos” no sólo políticos sino humanos, de hacer una intervención en Uncía. Añadió que detrás de todo hay informalidad y contrabando.
“Es omisión”, dijo el analista Jorge Landívar explicando que no se cumple ni se acata las leyes.
Los familiares que aún permanecen en la sede de Gobierno, piden la devolución de sus muertos y dejaron todo en manos de la Iglesia.
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