Siete horas de audiencia fueron necesarias para que el juez Cautelar, Heby Ponce, se convenciera de que el ex prefecto y actual gobernador, Mario Cossío, es, con probabilidad, autor de los delitos por los que el fiscal Gilbert Muñoz lo imputó en el caso Imbolsur, una frustrada compra de asfalto que derivó en un tortuoso trámite de resolución contractual que no cumplió pasos ni plazos. La constatación de la probabilidad de la autoría de los delitos obligó al juez a imponer medidas cautelares, prohibiendo a los imputados no establecer ningún contacto con los testigos ni con la prueba.
A partir de ayer, luego de concluida la audiencia y emitida la resolución judicial, corre el plazo para que el fiscal asignado al caso concluya la investigación preliminar, recabando prueba con control jurisdiccional y, si acaso encontrara prueba plena, requiera por la acusación formal en contra de los imputados, de acuerdo a lo que dispone el Código de Procedimiento Penal vigente.
La intensa audiencia fue instalada pasadas las 08:30. Como primera actuación, el secretario del juzgado Tercero de Instrucción en Materia Penal dio lectura del memorial de imputación presentado por el fiscal Muñoz, del Programa Integral Anticorrupción (PIA), luego se presentó a los abogados de las partes intervinientes y después el juez Segundo de Instrucción, Heby Ponce de León, en suplencia legal, dio inicio a la audiencia.
Una vez analizados los argumentos del Ministerio Público y de los abogados defensores, como también del discurso y explicación realizada por Cossío al momento de hacer uso de su defensa material, el juez Ponce dijo que se pudo establecer que, de acuerdo a la imputación de la Fiscalía, existen los indicios de probabilidad de autoría de los ilícitos. “Contemplando dentro de la participación propiamente penal, se ha podido demostrar que, si bien el ex prefecto (Cossío) y el abogado que estaba a cargo (Roda) de la unidad jurídica han provocado un posible daño económico al Estado, por otra parte se ha podido establecer que Cossío emitió las resoluciones en forma oportuna”, explicó.
El juez agregó que no se hizo un seguimiento adecuado para que se notifique con esas resoluciones, hecho que no tendría validez dentro del ámbito legal si no se ha consumado con la notificación, y que también se logró demostrar que el prefecto no podía desarrollar las tareas de todos los funcionarios “o supervigilar sus tareas”.
Por otro lado, aceptó que no se logró demostrar que haya habido voluntad en cometer el delito. “Viendo los elementos constitutivos del tipo penal, ha obrado con conocimiento, pero con voluntad propiamente dicha, provocando un dolo al querer ocultar (las resoluciones del contrato con la empresa), esa situación no se ha podido demostrar claramente y necesariamente el juez de garantías debe establecer esos aspectos, no ir a la letra muerta del Código de Procedimiento Penal”, aclaró.
Las medidas
Consultado sobre cuáles fueron las medidas que su autoridad decidió aplicar, Ponce explicó que para ambos imputados determinó que existe el peligro de obstaculización a la averiguación a la verdad, por lo que “estas personas (Alejandro Roda Rojas y Mario Cossío Cortes) no pueden establecer ningún contacto con los imputados, los testigos ni con la prueba”. “La primera autoridad del departamento está a cargo de sus funcionarios, es por ello que se ha tomado esa precaución para que no puedan tomar contacto, esto dice la ley, siempre y cuando no afecte su derecho a la defensa, entonces, dependerá de la actitud de cada uno de ellos para no entorpecer la investigación”.
***DESTACADO***
Para el juez, Cossío emitió las resoluciones oportunamente, sin embargo, también dijo que su actitud pudo haber ocasionado un daño económico al Estado.
******CUADRO UNO******
ANTECEDENTES
El hecho por el cual el Ministerio Público presentó la imputación formal contra el ex prefecto, se debe a un supuesto daño ocasionado al Estado en la adquisición de cemento asfáltico a una empresa tarijeña. En el proceso también estaría involucrado el ex asesor legal de la Prefectura, Alejandro Roda Rojas.
La denuncia fue presentada por el entonces diputado Fernando Barrientos el pasado 12 de noviembre de 2009. En el Ministerio Público se realizó el sorteo correspondiente para que la investigación sea llevada por uno de los fiscales del Programa Integral Anticorrupción (PIA).
El representante de la fiscalía, Gilbert Muñoz, luego de una investigación preliminar, emitió su requerimiento conteniendo la imputación formal, abriéndose el plazo de hasta seis meses dentro del cual se profundizará la investigación y se obtendrá pruebas bajo control jurisdiccional.
*****CUADRO DOS*******
OTROS CASOS
En la actualidad el gobernador del departamento, Mario Cossío Cortez, también estaría involucrado en casos como el de la ejecución del proyecto de la Villa Olímpica, la construcción de las presas de Huacata y Calderas, todos bajo la dirección del Programa Integral Anticorrupción (PIA). También existen otras denuncias que presentó la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, mismas que están siendo analizadas en la Fiscalía General de la República.
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