La mayoría oficialista tiene el poder de destituir a los futuros magistrados por dos tercios de votos.
Los legisladores del MAS preseleccionarán candidatos al Tribunal y, luego, serán sometidos al voto popular.
Los candidatos no tendrán militancia política, pero las “organizaciones sociales y pueblos indígenas” podrán proponer sus postulantes.
Para la oposición, el partido de gobierno representado en el parlamento aprueba un proyecto de Ley del Tribunal Constitucional a la medida de sus intereses político-partidistas de “copar” los poderes del Estado debido a que se ha eliminado todo principio de “equilibrio e independencia” en una clara actitud de “injerencia política”. Entretanto, el oficialismo rechaza estas interpretaciones y asegura que el Tribunal Constitucional a ser elegido en diciembre no estará subordinado al poder Legislativo ni al Ejecutivo.
El artículo 4 del proyecto de Ley del Tribunal Constitucional establece que la Asamblea Legislativa “interpretará de acuerdo a su función cualquier resolución constitucional”. Al respecto, diputados opositores de (PPB-CN) advirtieron que esta disposición deja entrever “la toma del poder judicial” por el Gobierno a través de sus legisladores dañando así la independencia de la justicia.
La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley del Tribunal Constitucional en medio de 33 observaciones que hizo conocer la bancada de Plan Progreso para Bolivia – Convergencia Nacional (PPB-CN) durante la reunión de concertación que no tuvo éxito para la modificación de la norma.
Estos 33 artículos observados por la bancada opositora dan cuenta que el Tribunal Constitucional pasaría a depender de la Asamblea Legislativa. En contradicción al texto de la Constitución Política del Estado (CPE) que en su artículo 12 dispone que “El Estado organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”, asimismo, determina que las funciones no “(...) son delegables entre sí”.
ARTÍCULOS DE CONTROL JUDICIAL
El jefe de la bancada de PPB-CN diputado, Mauricio Muñoz, explicó ayer que la norma prevista en la última parte del parágrafo III de este artículo redactado por el oficialismo, apunta a un modelo europeo kelsiano del control constitucional, conocido también como control concentrado, “no tiene razón de ser; es más, contradice la Constitución”.
“Esta ley le quita al Tribunal Constitucional el derecho de dar la última palabra en materia de sentencia constitucional. Además, porque el Art. 4 dispone que la Asamblea Legislativa podrá interpretar y revisar respecto a cualquier sentencia o fallo constitucional como un máximo verificador, aunque el oficialismo asegure que se cambió la redacción”, sostuvo.
La oposición observó también el artículo 8 referido a la conformación del Tribunal Constitucional por 10 magistrados titulares y siete suplentes. Estos componentes serán preseleccionados por la Asamblea Legislativa antes del voto del pueblo.
Muñoz, calificó como “injerencia política” del Ejecutivo no sólo por la preselección de candidatos, sino por la supremacía constitucional que se otorga a la Asamblea Legislativa.
“Los integrantes del Tribunal Constitucional van a ser preseleccionado por dos tercios del MAS y posterior a ello el pueblo recién va elegir a los seleccionados, por eso el Gobierno puso artículos de seguridad. Por ejemplo, en las causales de inelegibilidad los postulantes no deben pertenecer a ningún partido político ni tener militancia, pero sí podrán las organizaciones sociales o los pueblos indígenas proponer a sus candidatos, lo que nos parece poco coherente tomando en cuenta que en su mayoría son simpatizantes al oficialismo. Lo que observamos es que se pretende cernir a la gente”, recalcó.
A su vez la diputada Norma Piérola, observó la función del control social para el proceso de postulación, preselección y selección de candidatos a magistrados debido al susceptibilidad de suspensión de los futuros magistrados.
“Entonces la mayoría oficialista por dos tercios podrá cesar de sus funciones a los magistrados y en esto radica el control del poder judicial, cuando debería ser un órgano judicial imparcial y equilibrado”, manifestó.
SE ACOMODA A LA CPE
No obstante el diputado y presidente de la Comisión de Constitución, Juan Carlos Cejas (MAS) aseguró que las sugerencias que hizo la bancada de PPB-CN se tomaron en cuenta en el cambio de redacción, pero el fracaso de la Comisión de Concertación se produjo por el abandono de los opositores.
Además, el contenido del proyecto de Ley del Tribunal Constitucional no contradice a la Constitución; al contrario “es una norma que responde a las exigencias de la carta magna”.
La diputada Cecicilia Ayllón explicó que se modificaron los artículos en dicenso, por lo que no existe ninguna disposición que subordine al tercer poder del Estado al Gobierno.
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