A menos de diez días de iniciada la gestión municipal, los alcaldes de Quillacollo y Punata, en Cochabamba, opositores al Movimiento al Socialismo, decidieron dar un paso al costado y alejarse del cargo acosados judicialmente, mientras que el tercero, Jaime Barrón, de Sucre, tiene un pie afuera y otro adentro y en Potosí tratan de inhabilitar a tres concejales para tumbar a René Joaquino.
En Punata, el alcalde electo, Víctor Balderrama, solicitó la licencia indefinida, mientras que el de Quillacollo, Héctor Cartagena, ni siquiera logró ejercer el cargo y presentó su renuncia irrevocable.
Ambas autoridades fueron duramente cuestionadas por sus opositores en los concejos municipales dominados por el MAS Y debido a proceso judiciales, Balderrama por denuncia formal de supuesta violación, y Cartagena por supuesta malversación de recursos.
En Punata, el concejo municipal aceptó la licencia de Balderrama y designó en el cargo a Silvia Jaldín, de la misma agrupación "Insurgente Martín Uchu", según el reporte de Onda Local.
Sin embargo, un sector de la población rechazó la determinación y exigió la renuncia de Asín bajo el argumento de "haberse aliado con el MAS para presionar al ahora ex alcalde".
Mientras que en Quillacollo, Cartagena, de la agrupación Unidad Nueva Esperanza (UNE), presentó su renuncia irrevocable al cargo la mañana de este jueves, en medio de amagues e insultos entre los concejales y partidarios.
De acuerdo a declaraciones de la concejala de UNE, Cinthia Fernández, el ahora ex alcalde asumió la determinación para defenderse en la justicia.
"Desde un inicio, el MAS maniobró esta situación", declaró Cinthia Fernández, concejala de UNE.
Asimismo, ayer en Sucre el Concejo no logró sesionar y el presidente del Concejo Municipal, Domingo Martínez, ahora aliado al MAS, reiteró que una eventual suspensión será tratada cuando se instale la sesión, lunes o martes y cuando se conozca la imputación que éste tiene por los hechos de racismo cuando varios campesinos fueron humillados el 24 de mayo del 2008.
Por su parte el alcalde potosino, René Joaquino, denunció que el MAS intenta inhabilitarlo junto a tres concejales de su agrupación AS para intentar defenestrarlo del cargo a pesar de haber obtenido uno solo de los 7 concejales. Joaquino es acusado de la compra de maquinaria usada.
De igual manera dos de los tres gobernadores opositores están en capilla. En Tarija es Mario Cossío a quien el jueves ya llevaron ante un juez cautelar y tiene una veintena de procesos mientras que en el Beni, Ernesto Suárez con la Asamblea Legislativa en contra amenazó ayer con ‘irse a su casa’ antes de aprobar una ley emitida por este organismo que le da superpoderes a los subgobernadores de las provincias, en contra del Estatuto Autonómico y con la intención de dividir el territorio beniano. /ED/agencias
En Punata, el alcalde electo, Víctor Balderrama, solicitó la licencia indefinida, mientras que el de Quillacollo, Héctor Cartagena, ni siquiera logró ejercer el cargo y presentó su renuncia irrevocable.
Ambas autoridades fueron duramente cuestionadas por sus opositores en los concejos municipales dominados por el MAS Y debido a proceso judiciales, Balderrama por denuncia formal de supuesta violación, y Cartagena por supuesta malversación de recursos.
En Punata, el concejo municipal aceptó la licencia de Balderrama y designó en el cargo a Silvia Jaldín, de la misma agrupación "Insurgente Martín Uchu", según el reporte de Onda Local.
Sin embargo, un sector de la población rechazó la determinación y exigió la renuncia de Asín bajo el argumento de "haberse aliado con el MAS para presionar al ahora ex alcalde".
Mientras que en Quillacollo, Cartagena, de la agrupación Unidad Nueva Esperanza (UNE), presentó su renuncia irrevocable al cargo la mañana de este jueves, en medio de amagues e insultos entre los concejales y partidarios.
De acuerdo a declaraciones de la concejala de UNE, Cinthia Fernández, el ahora ex alcalde asumió la determinación para defenderse en la justicia.
"Desde un inicio, el MAS maniobró esta situación", declaró Cinthia Fernández, concejala de UNE.
Asimismo, ayer en Sucre el Concejo no logró sesionar y el presidente del Concejo Municipal, Domingo Martínez, ahora aliado al MAS, reiteró que una eventual suspensión será tratada cuando se instale la sesión, lunes o martes y cuando se conozca la imputación que éste tiene por los hechos de racismo cuando varios campesinos fueron humillados el 24 de mayo del 2008.
Por su parte el alcalde potosino, René Joaquino, denunció que el MAS intenta inhabilitarlo junto a tres concejales de su agrupación AS para intentar defenestrarlo del cargo a pesar de haber obtenido uno solo de los 7 concejales. Joaquino es acusado de la compra de maquinaria usada.
De igual manera dos de los tres gobernadores opositores están en capilla. En Tarija es Mario Cossío a quien el jueves ya llevaron ante un juez cautelar y tiene una veintena de procesos mientras que en el Beni, Ernesto Suárez con la Asamblea Legislativa en contra amenazó ayer con ‘irse a su casa’ antes de aprobar una ley emitida por este organismo que le da superpoderes a los subgobernadores de las provincias, en contra del Estatuto Autonómico y con la intención de dividir el territorio beniano. /ED/agencias
LAS tres leyes usadas para tumbar a las autoridades
Ley de Municipalidades • La Ley 2028 establece en su art. 48 que un Alcalde será suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones “y las de Concejal” por existir en su contra auto de procesamiento ejecutoriado, que es equivalente a acusación formal admitida por un juez.
Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz • Aprobada el 31 de marzo establece una serie de tipos penales contra los funcionarios públicos que van desde malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, uso de bienes y servicios y hasta por falsa declaración jurada. Los opositores dudan de la imparcialidad de esta norma porque tiene un Consejo Nacional que lo componen tres ministerios dependientes del Poder Ejecutivo.
Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz • Aprobada el 31 de marzo establece una serie de tipos penales contra los funcionarios públicos que van desde malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, uso de bienes y servicios y hasta por falsa declaración jurada. Los opositores dudan de la imparcialidad de esta norma porque tiene un Consejo Nacional que lo componen tres ministerios dependientes del Poder Ejecutivo.
Ley de Transición a las autonomías • Establece en el artículo 8 la suspensión temporal de aquellos gobernadores que tengan una acusación formal en su contra, que haya sido admitida por un juez y que en caso de ausencia temporal la Asamblea Legislativa Departamental puede elegir al sucesor mientras se sustancia la causa penal.
Los que se van
En Quillacollo • Héctor Cartagena solamente estuvo dos horas en su cargo cuando pidieron su suspensión luego de haber sido llevado a una audiencia cautelar en la que acabó internado.
En Sucre • Jaime Barrón es acusado de participar en los actos de racismo del 24 de mayo del 2008 y por eso el Concejo Municipal planea su suspensión para que se defienda en un proceso penal.
En Potosí • El alcalde potosino René Joaquino denunció que el MAS a pesar de haber obtenido sólo uno de los siete concejales, pretende inhabilitar a tres de ellos para buscar su suspensión.
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