100 MILLONES DE DÓLARES PIERDE EL PAÍS POR LA EXPLOTACIÓN ILEGAL DE ORO EN LA AMAZONiA
La Paz, Cambio
En un hecho inédito, varias instituciones del Estado expresaron ayer su voluntad de coordinar acciones conjuntas para combatir el saqueo inescrupuloso de recursos naturales del país, como el oro y la madera, y promover la legalización de aquellas actividades informales que laceran la economía nacional.
Durante una conferencia de prensa realizada en instalaciones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el director de la Agencia para el Desarrollo de las Macro Regiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), Juan Ramón Quintana; el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), Cliver Rocha; el gobernador de Pando, Luis Adolfo Flores; el viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Héctor Córdova; y el jefe del Comando Conjunto Amazónico, contraalmirante Ivar Zambrana sellaron su voluntad de proteger los recursos naturales del país.
Quintana dijo que la Ademaf, en cumplimiento del mandato del presidente Evo Morales, coordina con las entidades públicas las tareas pertinentes para preservar la soberanía y los recursos naturales. “Es una tarea inédita en toda la historia republicana, estamos ejercitando las facultades plenas del Estado Plurinacional, estamos trabajando entre los niveles del Gobierno, del Poder Ejecutivo, con sus instituciones públicas”, señaló.
Al igual que el trabajo coordinado con la Gobernación de Pando, Quintana dijo que se intentará repetir la experiencia con Beni, Santa Cruz y los demás departamentos, y que sería bueno trabajar con las comunidades indígenas, organizaciones sociales y municipios para “cerrar el paso a todas aquellas actividades ilegales que están permitiendo el saqueo de los recursos naturales”.
“Los recursos naturales, tanto el oro como la madera, no seguirán siendo objeto de saqueo y además de actividades monopólicas de grupos de poder territoriales que durante décadas se afincaron en la frontera, de ahora en adelante esos grupos que controlaron la extracción ilegal de recursos naturales tendrán que empezar a formalizar su economía, tendrán que empezar a pagar impuestos, regalías a las regiones para que el Estado comience a controlar”, advirtió.
Explicó que la estrategia de lucha contra la explotación ilegal de los recursos contempla dos estrategias: la principal, frenar las actividades ilegales, y la segunda, evitar la “depresión” económica que se da con la sobreexplotación laboral ejercida por los empresarios a través de la legalización de esas actividades económicas en el país.
En un estimado matemático, dijo que por la explotación ilegal de oro en Pando el Estado pierde anualmente 100 millones de dólares, lo que le significaría en regalías a ese departamento 25 millones “y no ingresa ni un solo gramo a las bóvedas del Banco Central de Bolivia”. Más de 400 barcazas y 30 dragas que consumen diésel subvencionado operan de manera ilegal en la cuenca amazónica, las cuales funcionan hasta 20 horas diarias y logran extraer, por día, 150 gramos de oro.
contra el tráfico de madera
En el encuentro, la ABT y la Gobernación de Pando firmaron un acuerdo específico para la fiscalización y control de los recursos de bosque y el funcionamiento de cuatro nuevos puestos de control forestal, entre otros aspectos.
“No se está coartando la posibilidad de trabajar, queremos normar y sancionar a las empresas y familias que explotan ilegalmente”, dijo Flores, quien recordó que más de 500 familias se beneficiarán con la explotación de la goma, además de otros proyectos productivos en Pando.
Rocha recalcó que “ha terminado la piratería de madera, la destrucción de los bosques en el país y de nuestros recursos”.
No hubo incursión en territorio peruano
La Embajada de Perú en Bolivia, a través de un comunicado oficial, confirmó ayer que en el operativo realizado el 17 de julio en el hito 19 de la frontera entre ambos países, en la zona del río Suches, donde efectivos militares bolivianos decomisaron maquinarias de origen peruano que se alquilan para labores de minería informal, “no se ha producido incursión en territorio peruano”.
El pronunciamiento señala además que la maquinaria decomisada fue posteriormente devuelta a sus propietarios y que los “gobiernos del Perú y Bolivia coordinan de manera permanente las acciones necesarias para superar los problemas que generan las actividades minerales informales que se desarrollan a ambos lados de la frontera mencionada”.
El viceministro de Producción Minero Metalúrgica, Héctor Córdova, dijo que en el operativo en el Suches se evidenció “ingente” cantidad de oro explotado de manera ilegal, pero destacó que hubo una respuesta positiva de parte de los trabajadores mineros que quieren formalizar su actividad.
Plazo fatal de 20 días para explotadores
Desde el Gobierno, a través del Viceministerio de Minería, se notificó de manera ‘fatal’ para que en 20 días los propietarios de barcazas y dragas que explotan oro de manera ilegal en el río Orthon abandonen el lugar.
“La segunda fase será de manera drástica, obedeciendo al plan de operaciones que comprende la interdicción y el decomiso de las embarcaciones”, advirtió el jefe del Comando Conjunto Amazónico, contraalmirante Ivar Zambrana.
El jefe militar instó a los conminados a cumplir la disposición y formalizar su situación.
La Paz, Cambio
En un hecho inédito, varias instituciones del Estado expresaron ayer su voluntad de coordinar acciones conjuntas para combatir el saqueo inescrupuloso de recursos naturales del país, como el oro y la madera, y promover la legalización de aquellas actividades informales que laceran la economía nacional.
Durante una conferencia de prensa realizada en instalaciones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el director de la Agencia para el Desarrollo de las Macro Regiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), Juan Ramón Quintana; el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), Cliver Rocha; el gobernador de Pando, Luis Adolfo Flores; el viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Héctor Córdova; y el jefe del Comando Conjunto Amazónico, contraalmirante Ivar Zambrana sellaron su voluntad de proteger los recursos naturales del país.
Quintana dijo que la Ademaf, en cumplimiento del mandato del presidente Evo Morales, coordina con las entidades públicas las tareas pertinentes para preservar la soberanía y los recursos naturales. “Es una tarea inédita en toda la historia republicana, estamos ejercitando las facultades plenas del Estado Plurinacional, estamos trabajando entre los niveles del Gobierno, del Poder Ejecutivo, con sus instituciones públicas”, señaló.
Al igual que el trabajo coordinado con la Gobernación de Pando, Quintana dijo que se intentará repetir la experiencia con Beni, Santa Cruz y los demás departamentos, y que sería bueno trabajar con las comunidades indígenas, organizaciones sociales y municipios para “cerrar el paso a todas aquellas actividades ilegales que están permitiendo el saqueo de los recursos naturales”.
“Los recursos naturales, tanto el oro como la madera, no seguirán siendo objeto de saqueo y además de actividades monopólicas de grupos de poder territoriales que durante décadas se afincaron en la frontera, de ahora en adelante esos grupos que controlaron la extracción ilegal de recursos naturales tendrán que empezar a formalizar su economía, tendrán que empezar a pagar impuestos, regalías a las regiones para que el Estado comience a controlar”, advirtió.
Explicó que la estrategia de lucha contra la explotación ilegal de los recursos contempla dos estrategias: la principal, frenar las actividades ilegales, y la segunda, evitar la “depresión” económica que se da con la sobreexplotación laboral ejercida por los empresarios a través de la legalización de esas actividades económicas en el país.
En un estimado matemático, dijo que por la explotación ilegal de oro en Pando el Estado pierde anualmente 100 millones de dólares, lo que le significaría en regalías a ese departamento 25 millones “y no ingresa ni un solo gramo a las bóvedas del Banco Central de Bolivia”. Más de 400 barcazas y 30 dragas que consumen diésel subvencionado operan de manera ilegal en la cuenca amazónica, las cuales funcionan hasta 20 horas diarias y logran extraer, por día, 150 gramos de oro.
contra el tráfico de madera
En el encuentro, la ABT y la Gobernación de Pando firmaron un acuerdo específico para la fiscalización y control de los recursos de bosque y el funcionamiento de cuatro nuevos puestos de control forestal, entre otros aspectos.
“No se está coartando la posibilidad de trabajar, queremos normar y sancionar a las empresas y familias que explotan ilegalmente”, dijo Flores, quien recordó que más de 500 familias se beneficiarán con la explotación de la goma, además de otros proyectos productivos en Pando.
Rocha recalcó que “ha terminado la piratería de madera, la destrucción de los bosques en el país y de nuestros recursos”.
No hubo incursión en territorio peruano
La Embajada de Perú en Bolivia, a través de un comunicado oficial, confirmó ayer que en el operativo realizado el 17 de julio en el hito 19 de la frontera entre ambos países, en la zona del río Suches, donde efectivos militares bolivianos decomisaron maquinarias de origen peruano que se alquilan para labores de minería informal, “no se ha producido incursión en territorio peruano”.
El pronunciamiento señala además que la maquinaria decomisada fue posteriormente devuelta a sus propietarios y que los “gobiernos del Perú y Bolivia coordinan de manera permanente las acciones necesarias para superar los problemas que generan las actividades minerales informales que se desarrollan a ambos lados de la frontera mencionada”.
El viceministro de Producción Minero Metalúrgica, Héctor Córdova, dijo que en el operativo en el Suches se evidenció “ingente” cantidad de oro explotado de manera ilegal, pero destacó que hubo una respuesta positiva de parte de los trabajadores mineros que quieren formalizar su actividad.
Plazo fatal de 20 días para explotadores
Desde el Gobierno, a través del Viceministerio de Minería, se notificó de manera ‘fatal’ para que en 20 días los propietarios de barcazas y dragas que explotan oro de manera ilegal en el río Orthon abandonen el lugar.
“La segunda fase será de manera drástica, obedeciendo al plan de operaciones que comprende la interdicción y el decomiso de las embarcaciones”, advirtió el jefe del Comando Conjunto Amazónico, contraalmirante Ivar Zambrana.
El jefe militar instó a los conminados a cumplir la disposición y formalizar su situación.
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