El proceso autonómico pondrá a La Paz en un nivel de igualdad de asignaciones de recursos ante los otros departamentos, mejorará la relación que tiene el ciudadano con sus representantes y permitirá a instancias subnacionales de Gobierno decidir sobre algunas de sus políticas públicas, explican dos analistas que fueron consultados por La Razón.
El constitucionalista Carlos Alarcón indica que lo principal del proceso es que ahora los gobiernos departamentales y municipales y las autonomías indígenas definirán sus políticas públicas en ámbitos especiales relativos a competencias exclusivas.
“Como por ejemplo turismo, conservación del patrimonio histórico cultural o planificación del desarrollo humano”, explica Alarcón
El analista Carlos Cordero opina que la autonomía permitirá a La Paz diseñar estrategias para obtener más recursos y así conseguir una igualdad respecto a otros departamentos.
El hecho de que el departamento albergue a la sede de gobierno ha traído una desventaja al desarrollo regional, opina Cordero, porque La Paz “siempre ha tenido la actitud de ceder recursos en favor de otras regiones”.
“Su cercanía al Gobierno ha hecho que no exista igualdad entre el departamento y los derechos que le asisten a los ciudadanos”, dice Cordero.
Ahora con la Asamblea Departamental Legislativa y el proceso autonómico en marcha se espera que los representantes departamentales hagan mejor gestión ante el Gobierno Central, solicitando recursos en condiciones de igualdad con los demás departamentos, “lo cual será positivo”.
Al respecto, Alarcón acota que si todo marcha como se espera, “La Paz podrá impulsar de forma muy importante el desarrollo económico social”.
Pendiente. En todo caso, hay que esperar que se apruebe la Ley Marco de las Autonomías para conocer el total impacto del proceso que el 31 de mayo ingresó en su etapa crucial cuando fueron posesionadas las nuevas autoridades municipales, departamentales e indígenas.
Actualmente rige la Ley Transitoria de las Autonomías, promulgada el 24 de mayo de este año, que transfiere, de manera directa, a las autonomías departamentales las 36 competencias exclusivas reconocidas en el artículo 300 de la Constitución Política.
De esta manera podrán ejercer facultades legislativas, ejecutivas y reglamentarias en el marco de las 36 potestades establecidas.
Pero aún resta clarificar cómo se van a gestionar las competencias compartidas y concurrentes. Y ésta es tarea de la Ley Marco.
El proyecto normativo se debate en la Asamblea Legislativa Nacional y se espera que esté aprobado hasta el domingo próximo.
“De mayo a la fecha no hay ninguna señal en el sentido en que la Asamblea Legislativa Departamental haya dado algún paso en consolidar las autonomías o de simplemente comenzar a construirlas. Esto debido a que se está esperando la Ley de Autonomías y resolviendo problemas administrativos, el tema vinculado a su reglamento interno”, dijo Cordero.
Alarcón acota que la misma Ley Marco representa un riesgo, ya que ésta traspasa competencias exclusivas de los gobiernos departamentales o municipales al Ejecutivo central, “en contradicción con la propia Constitución Política del Estado”.
“Entonces si se mantiene así la Ley Marco de Autonomías quedaría totalmente desvirtuado y desnaturalizado el régimen constitucional y básicamente no cambiaría nada en Bolivia”, agrega el constitucionalista.
“Entonces si se mantiene así la Ley Marco de Autonomías quedaría totalmente desvirtuado y desnaturalizado el régimen constitucional y básicamente no cambiaría nada en Bolivia”, agrega el constitucionalista.
Algunos riesgos del proceso
Dos causas • La aplicación de las autonomías tiene riesgos, dice el analista Carlos Cordero. Uno se relaciona con la decepción en torno al proceso y el otro con la posibilidad de que la gente pueda decepcionarse si es que no ve resultados concretos.
Anhelo • Hay una gran expectativa en lo que pueden significar las autonomías para el ciudadano y las regiones. Se piensa que habrá mayor desarrollo y bienestar; sin embargo, el gran peligro es que falten recursos y capacidad de las autoridades.
Dispersión • Además, comenta Cordero, la ciudadanía, los políticos y las fuerzas políticas tienen criterios diferentes acerca de lo que es el desarrollo. Ante esto se empieza a perfilar la fragmentación de ideas y la confrontación.
Algunas competencias exclusivas
Las competencias exclusivas permiten a los gobiernos departamentales elaborar su estatuto, planificar, promover el desarrollo humano y convocar a referendos departamentales en materias de su competencia.
También promover el empleo, elaborar planes de ordenamiento territorial y de suelos y proyectos de generación y transporte de energía.
Además deberán hacerse cargo de las carreteras departamentales, la construcción y mantenimiento de líneas férreas y de controlar el transporte interprovincial terrestre, fluvial, ferrocarriles y otros medios en el departamento.
Los gobiernos departamentales deben construir y hacerse cargo de aeropuertos públicos departamentales y de las estadísticas regionales.
Pueden otorgar personalidad jurídica a organizaciones sociales, a ONG y fundaciones.
Está a cargo de la sanidad e inocuidad agropecuaria y los proyectos de electrificación rural y de fuentes alternativas y renovables de energía de alcance departamental .
Se responsabilizan del deporte en su jurisdicción, la promoción del patrimonio natural, de la cultura, el patrimonio cultural e histórico.
Deben diseñar políticas de turismo departamental y proyectos de infraestructura para el apoyo a la producción. También podrán crear y administrar impuestos departamentales, entre otras competencias.
OPINIÓN
Los principales cambios serán departamentales
Ricardo Paz, sociólogo
Ricardo Paz, sociólogo
Los cambios serán más perceptibles a nivel departamental que municipal, ya que al tener la capacidad legislativa en la Asamblea Departamental se podrá legislar de una forma más acorde a las necesidades del departamento. Se emitirán leyes y resoluciones que beneficiarán a los paceños. (Las normas serán) sobre la base de nuestro interés particular que casi siempre ha estado relegado por una visión de país. Por eso, uno de los desafíos para consolidar la autonomía será la elaboración del estatuto autonómico. Aunque a nivel municipal una tarea pendiente es la descentralización hacia adentro.
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