Mencionó que las actividades agropecuarias y forestales generan en un 70% el problema de deforestación, eliminación de ecosistemas, desertificación y quemas desde el 2005.
Precisó que a pesar de las normas ambientales y la ejecución de los Planes de Uso de Suelos (PLUS) que identifica como aptas para tal actividad, no se respeta las áreas boscosas, ni áreas protegidas.
Consideró que un 30% de la ampliación de la frontera agrícola y pecuaria se ha realizado en tierras identificadas para otros usos, tales como los bosques de protección de las riberas de los ríos y algunas áreas protegidas.
Lamentó que se incremente el desmonte ilegal en áreas protegidas, lo que constituye un problema mayúsculo, tomando en cuenta que centenares de familias se asentaron en zonas forestales.
Comentó que la superficie total bajo cultivo en el Beni creció hasta en un 30% de la superficie departamental que se refleja en las quemas ejecutadas en esta época y que disminuyen la visibilidad y generan emergencias. Manifestó que todo este crecimiento de habilitación de tierras se hizo a expensas y en desmedro de los bosques naturales para uso agrícola intensivo, y ganadería extensiva.
Consideró que la problemática ambiental asume dimensiones insostenibles y que es urgente que la Gobernación y municipios enfrenten los nuevos desafíos socio ambientales para dar propuestas de solución.
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