Dos ministros de Estado recibirán este miércoles a la delegación de alto nivel del Grupo de Cementos Chihuahua para tratar el caso Fancesa, pero antes de la cita, el embajador de México en Bolivia, Rafael Cervantes, hizo conocer la posición de su gobierno y reclamó al Estado boliviano un pago justo por las acciones que expropió.
“Esta es una acción permitida por la Constitución Política del Estado de Bolivia; somos respetuosos de las acciones que toma el gobierno boliviano, pero sí, lo que pide el gobierno de México y la empresa es que se pague un precio justo por las acciones de esta empresa mexicana”, expresó el embajador Cervantes en la plaza Murillo, tras un acto de celebración por el aniversario patrio de México, que se recuerda cada 15 de septiembre.
Cervantes recordó, además, que el Grupo de Cemento Chihuahua tiene presencia en Bolivia desde hace cinco años cuando decidió comprar el 47,3 por ciento de las acciones de la Sociedad Boliviana de Cemento, la mayor fábrica del producto en el país y cuyo accionista mayoritario es Samuel Doria Medina.
El mensaje del representante diplomático sigue la línea adoptada por el gobierno del presidente Rafael Caldera el 4 de septiembre, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que apoya las gestiones de los inversionistas del GCC, para “una indemnización justa y apegada a las normas internacionales de derecho internacionales aplicables en la materia”.
En un comunicado, el despacho abogó porque el proceso consecuente de la decisión del gobierno boliviano “se desarrolle de manera rápida y justa”.
Por otro lado, esta tarde se pudo confirmar que mañana miércoles se celebrará la reunión entre el gobierno boliviano y la delegación del Grupo de Cementos Chihuahua. El canciller David Choquehuanca y la ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, se reunirán con Manuel Milán, director general de la compañía.
Una nota de la empresa mexicana señala que su delegación se reunirá con los ministros, para conocer las motivaciones que condujeron al gobierno boliviano a expropiar el 33,34% de las acciones de Soboce en la cementera Fancesa de Chuquisaca.
El GCC tiene operaciones en México, Estados Unidos de Norteamérica y Bolivia. El 2005 adquirió el 47 por ciento de las acciones de Soboce, el primer productor de cemento en el país.
Así como quiere entender los razonamientos de la expropiación de las acciones determinadas por el gobierno boliviano, el GCC hará conocer las inversiones y la transferencia de tecnología que realizaron a favor de Fancesa.
El 1 de septiembre, el gobierno de Evo Morales determinó transferir el 33,34 por ciento de las acciones de Soboce a poder de la gobernación de Chuquisaca, sin haber llegado a un acuerdo con la propietaria sobre el valor de las acciones.
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