Jorge Quiroz, abogado del caso Caranavi, declaró este lunes que denunciará al presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por iniciar una persecución política contra él y su esposa, Claudia Lecoña, luego de que el Primer Mandatario reveló que ordenó el allanamiento a las oficinas del abogado.
“Lamentablemente nos vemos en la necesidad de ampliar la denuncia contra el Presidente porque sus declaraciones son claras, muy graves. Esta tarde lo voy a hacer, mediante internet”, declaró Quiroz, quien, a las 12.25 de hoy declaró que le informaron que el Ministerio de Gobierno tomó la decisión de declararse “amenaza al Estado boliviano”.
El allanamiento es una facultad privativa de los magistrados del país y está normada en el Código de Procedimiento Penal. La solicitud es presentada por un fiscal y autorizada por jueces; sin embargo, el Jefe de Estado declaró el domingo que fue él quien tomó la decisión. “Yo he instruido y le he dicho al compañero Sacha (Llorenti, ministro de Gobierno) que intervenga su oficina; no tengo cobardemente que ocultar o vender a mi ministro. (He dicho) que intervengan legalmente con la Fiscalía y ahora estamos destapando muchas cosas”, dijo el domingo Morales a la gubernamental radio Patria Nueva.
“Estamos frente a una injerencia del órgano Ejecutivo sobre el órgano Judicial. Acá hay un detalle sumamente interesante, el Presidente dice que ha ordenado, a través del Ministerio de Gobierno, que se intervengan mis oficinas y mi domicilio”, dijo Quiroz.
El 27 de agosto y el 1 de septiembre del presente funcionarios policiales ejecutaron dos órdenes de allanamiento de la oficina y el domicilio del abogado Quiroz, con el argumento de que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico recibió información que compromete a Quiroz en hechos ilícitos.
“El doctor Carlos Vásquez hizo las solicitudes de mandamientos de allanamiento sobre la supuesta base de que recibió dos llamadas anónimas que me involucran con la supuesta venta de sustancias controladas, pero ahora está demostrado que el Ministerio Público y la Policía hicieron de tontos útiles del Presidente”, añadió Quiroz.
Quiroz es abogado de los dirigentes del pueblo de Caranavi que entre la última semana de abril y la primera de mayo sostuvieron un conflicto con el Gobierno, debido a que las autoridades se negaron a cumplir una promesa del Presidente para construir una planta procesadora de cítricos en la región. Hubo un bloqueo de caminos que finalizó tras una intervención policial que acabó con la vida de dos jóvenes.
El domingo, Morales insistió en que dirigentes de Caranavi “hablaron muchas veces con la Embajada de Estados Unidos en esos días de conflicto (…) ni se imaginan esos días cuántas veces hablaron con”. Gustavo Aliaga, dirigente de los colonizadores de Caranavi, dijo que “nunca” tuvieron contacto con Estados Unidos y que más bien fueron “los primeros en botar a USAID” de la región.
El caso Caranavi ha provocado fisuras en el movimiento social afines al gobierno del Presidente Morales. La Confederación de Colonizadores expulsó de sus filas al senador Fidel Surco, señalado como el responsable de alentar el conflicto en Caranavi, porque alentó la construcción de la planta de cítricos en Alto Beni.
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