Después de 30 largos años por fin revelan datos sobre la ubicación de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. La información proporcionada aún no ha sido confirmada y despierta recelo en muchos activistas de derechos humanos pues su fuente es uno de los principales sospechosos de su muerte: el ex ministro del Interior, Luis Arce Gómez, quien en otras ocasiones trató de comprar impunidad a cambio de decir lo que sabía. “Yo lo sé, pero nada es gratis en la vida”, había dicho no hace mucho. Sorpresivamente, esta vez no hubo condiciones para decir la verdad.
Dada la magnitud del caso, en palabras del fiscal Isabelino Gómez, aún no se hará público ningún resultado. Aparentemente, los datos se encuentran en una cinta magnética revelada por Arce Gómez, pero esta debe ser verificada primero y luego contrastada con la versión del ex dictador Luis García Meza, quién será llamado a declarar ante la Justicia el próximo miércoles.
Según Arce Gómez, quien prestó declaración sobre las personas desaparecidas durante el régimen dictatorial de 1980, el cuerpo del líder socialista, sobre quien negó toda responsabilidad en su desaparición, se encuentra en la propiedad de un militar. El nombre del militar no fue revelado por las autoridades y el fiscal Eduardo Morales aclaró que esa confidencialidad respondía a razones de investigación.
La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) manifestó a través de su presidente, Lucio Aparicio, su satisfacción por la “pauta” proporcionada por el ex ministro del Interior. No obstante, la asesora legal de la organización, Nadia Cruz, advirtió que las declaraciones eran tomadas con recelo.
Solo días antes, la familia de Marcelo presentó una demanda contra el Estado boliviano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no haber realizado las acciones necesarias para encontrar el cuerpo desaparecido de su ser querido y donde también acusa el respaldo del Gobierno a las FF.AA. en varias ocasiones en las que se presionó por la desclasificación de los archivos militares encajonados en el Gran Cuartel de Miraflores, en La Paz
Además de haber “desaparecido” a Marcelo, a la mano derecha de García Meza también se le culpa por el asesinato del padre jesuita Luis Espinal, por la masacre de 8 personas en la calle Harrington y otros 27 muertos durante los primeros días de la dictadura.
El golpe de Estado del 17 de julio de 1980 de García Meza fue uno de los más brutales. El asesinato del padre Espinal unos meses antes, en marzo de ese año, solo fue el preludio. El día que en que se efectuó el golpe de estado Marcelo Quiroga Santa Cruz se encontraba reunido con otros dirigentes políticos y sindicales en el edificio de la Central Obrera Boliviana (COB) para establecer líneas de acción en defensa de la democracia, cuando hombres con camisas blancas y ametralladoras irrumpieron el lugar, hicieron gala de su capacidad de fuego y condujeron a los detenidos hacia la calle. Entre estos últimos estaba Marcelo. De acuerdo a uno de los sobrevivientes, Marcelo fue repentinamente golpeado en las gradas y luego víctima de una ráfaga de fuego.
Luego se supo que siguió vivo durante unas horas más. Fue arrastrado hasta una ambulancia que no se dirigía hacia el hospital sino hacia un cuartel de Miraflores. Marcelo fue golpeado por todo el trayecto y luego, entre las frías paredes del Estado Mayor, torturado hasta la muerte.
La dictadura terminó por la presión internacional y por la lucha sin cuartel que miles de bolivianos le opusieron. Luis García Meza y Luis Arce Gómez escaparon, luego fueron atrapados y finalmente puestos tras las rejas. Pero la historia no llegó a su fin. La familia de Marcelo y muchas más, aún reclaman saber dónde están sus seres queridos.
“Yo lo sé, yo lo sé todo”
De cárcel en cárcel, desde EE.UU. hasta Bolivia, el “ministro de la cocaína” —como se lo llamaba durante la dictadura de 1980— trató de utilizar el supuesto conocimiento de donde estaban los restos para evadir la condena aa treinta años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante su breve periodo autoritario.
A Luis Arce Gómez se lo conocía con el apodo psicotrópico por sus probadas conexiones con el negocio de la droga, que finalmente lo llevaron a las celdas de una prisión en EE.UU.
La primera vez que dijo saber donde se encontraban los restos de Marcelo fue en 1992, durante una entrevista sostenida con Lupe Andrade, del desaparecido periódico Última Hora. En ese entonces, con voz desesperada y arqueando las cejas dijo que, “sé quién mató a Marcelo Quiroga Santa Cruz, yo sé absolutamente todo, por qué lo mataron, quién lo mató... todo”. Pero no estar en Bolivia le impedía soltar las palabras que hubieran liberado de tanta búsqueda y dolor a la familia del icónico dirigente.
La segunda vez fue en julio del año pasado, cuando era trasladado desde el norte hasta la ciudad de La Paz, para purgar ya no por narcotráfico, sino por tortura, asesinato y otros delitos de lesa humanidad. Después de unas horas de sentir el frío de su celda en el penal de Chonchocorro ofreció revelar aquél “todo” que sabía bajo condición de anular la sentencia dictada en su contra. La familia, indignada, rechazó la oferta, de forma tan categórica como la suya cuando amenazaba a ciudadanos con la muerte en caso de disentir con el gobierno de facto en el que participaba.
Sus propuestas se siguieron repitiendo en posteriores declaraciones que prestaba a la Justicia, reclamando siempre que en otros países es posible beneficiarse con la información en su poder y señalando que “nada es gratis en la vida”.
Sorpresivamente, esta vez la información fue dada sin ninguna clase de condición, según las autoridades.
La búsqueda
La verdad fue buscada por otros medios. En 2009, sin comer poco más de un mes entero, Olga Flores Bedregal, Martha Montiel y Hortensia Gutiérrez de Flores, ambas también con algún padre o hermano asesinado y desaparecido durante la época de dictaduras, se apostaron en las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (APDDHH) exigiendo la desclasificación de los documentos militares del Gran Cuartel de Miraflores.
Arce Gómez también dijo en esta última ocasión que vio los cuerpos de Carlos Flores Bedregal, hermano de Olga y asesinado junto a Marcelo, y también el de Renato Ticona. Sobre este último, dijo que su muerte se debió a los excesos de un oficial de baja graduación que no previó que el hombre estaba enfermo del corazón.
La presión continuó hasta mediados este año, con huelgas nuevamente y también con otras medidas de presión que fueron respondidas por el gobierno de Evo Morales con una resolución ministerial que autorizaba la desclasificación de los documentos. Los meses fueron pasando y aunque a la presión de los familiares se sumó también la presión del Estado, la institución castrense presentó resistencia para facilitar la información requerida para determinar el paradero de muchos hombres y mujeres desvanecidos en las noches de botas y fusiles.
Nota : La Epoca
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