Una de las principales causas de este problema se debe a que frente a la subida de precios internacionales y su impacto en el mercado interno, el Gobierno nacional optó por prohibir las exportaciones en sectores en los que la producción excedía la demanda interna, por lo que los productores se quedaron sin vender su producción, perdiendo importantes sumas de dinero. En el corto plazo esta medida logró los efectos buscados por el Gobierno; sin embargo, uno o dos años después se sufren las consecuencias.
No hay nada más caro que lo que no existe. Veamos el ejemplo del maíz. Hasta hace dos años Bolivia producía lo suficiente para abastecer su mercado interno y exportar excedentes, hasta que el Gobierno prohibió su exportación. Como la producción excedía a la demanda nacional, muchos productores no pudieron vender todo lo que habían producido y, por lo tanto, sufrieron pérdidas. Obviamente, en las campañas siguientes sembraron menos y la producción disminuyó a un punto donde no sólo no se exporta, sino que también ya ni siquiera se abastece la demanda interna.
Como en la economía todo está entrelazado, la insuficiencia en la oferta de maíz y el consecuente incremento de precios tiene múltiples impactos en toda la cadena alimenticia que utiliza este grano como un componente elemental de la alimentación de aves, cerdos y ganado. Veamos el pollo, por ejemplo. Como el precio del maíz sube, el del pollo también. Como no se puede disponer del maíz necesario todos los días para alimentar a los pollos, los productores comienzan a perder y ya no sólo son los productores de maíz los que producen menos o se retiran de la actividad, sino también los de pollo.
Los casos del maíz y del pollo se están expandiendo en muchos otros sectores de la economía. Importar de los países vecinos no será la solución porque tienen precios más altos que los nuestros y la capacidad se subsidio del Gobierno es limitada, a no ser que se lleve al país a situaciones de insostenibilidad fiscal.
El resultado es una ciudadanía que sufre y contagia su sufrimiento. En algunos casos, consumidores que no pueden pagar los precios de los alimentos más básicos; en otros, productores que pierden su fuente de sustento y trabajadores que sí quedan sin empleo.
La solución es abandonar la política del palo. No se puede manejar la economía con amenazas, prohibiciones ni represalias. El Gobierno debe dar seguridad y confianza a los productores para recuperar los niveles de producción y garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias bolivianas.
Oscar Ortiz Antelo
Nota: el deber
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