La proposición acusatoria del entonces Diputado por el MAS, Evo Morales Ayma, (actual Presidente Constitucional del Estado Plurinacional), señala como principales responsables de la masacre de octubre al ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, al ex Ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín y al ex Ministro de Gobierno, Yerko Kukoc.
En el juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada que se procesa por ante la Corte Suprema de Justicia cuyo expediente llega a los 19 cuerpos, está demostrado que los ejecutores y operadores de órdenes superiores fueron el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Roberto Claros; el Comandante General del Ejército, Juan Veliz Herrera; el Comandante General de la Fuerza Aérea, José Quiroga y el Comandante General de la Armada, Almirante Luis Alberto Aranda Granados, quienes determinaron la movilización de efectivos militares de las tres fuerzas a partir del 11 de septiembre de 2003, instruyendo "alerta roja" poniendo en ejecución el "Plan República".
Las tropas tomaron posiciones estratégicas ante los hechos que ocurrían en Warisata, Sorata y posteriormente en El Alto y en la ciudad de La Paz.
Un mes antes que se emita el Decreto 27209/03 los militares efectuaron represión en contra del pueblo indefenso en Warisata, Sorata, para culminar su accionar en "Octubre Negro".
En criterio de abogados penalistas, la responsabilidad principal Constitucional e institucional recae en el ex Presidente y Capitán General de las FF.AA. y de sus ex Ministros de Defensa y de Gobierno, como nexos de competencia con el Alto Mando Militar y de las tareas de logística y apoyo conjunto con la Policía Nacional y en los ex Comandantes Claros, Veliz, Quiroga y Aranda, como ejecutores del plan anti-insurgencia y de las instrucciones para operaciones castrenses.
Señalan, que así éstos no hayan ordenado expresamente "matar a los considerados subversores", no los libera de su autoría, por jerarquía constitucional e institucional, de los hechos asumidos por sus subalternos que en obediencia común y espíritu de cuerpo acataron sus órdenes e impartieron instrucciones a sus inmediatos inferiores, quienes al salir a las calles asumieron riesgos y también responsabilidades para el momento de las decisiones de utilizar armas letales.
Respecto a 40 preguntas de la Fiscalía y las partes al Presidente
Abogados especializados en Derecho Penal afirman que el Presidente Evo Morales Ayma, tendría que ratificarse en su proposición acusatoria, toda vez que por principio y doctrina constitucional, de no hacerlo tendría "ultra petita" que referirse a todo los acontecimientos o hechos históricos que hacen a la búsqueda de la verdad jurídica, es decir a Warisata, Sorata, Senkata, El Alto y lo ocurrido en la ciudad de La Paz, que daría oportunidad para que la parte acusada objete nulidades.
De otra parte si se soslayare que el ex Comandante en Jefe y Comandantes Generales de las tres Fuerzas (Ejército, Aérea y Armada), no sean considerados como ejecutores de planes previamente elaborados con bastante anticipación a los hechos trágicos, situaría al Gobierno en una posición no neutral dando lugar a interpretaciones y comparaciones en tiempos y coyunturas en que las FF.AA., apoyan a los Gobiernos a nombre de defender el orden legalmente constituido e intentar rehuir responsabilidades señalando que "los Gobiernos civiles en el ejercicio del poder político son responsables de lo ordenado a las FF.AA.".
Revelaciones del Gral. José Arnez Pantoja
El ex Comandante del Regimiento Ingavi 4 de Caballería del Ejército, en declaración testifical ante la Sala Suprema afirmó que "el 11 de septiembre" se instruyó en las Fuerzas Armadas "alerta roja", poniendo en ejecución "el Plan República" (plan elaborado por los departamentos de Inteligencia de las tres Fuerzas con meses de anticipación ante posibles movilizaciones sociales o de insurgencia armada, que no era necesariamente de conocimiento de la población civil, por su calificación de Top Secret), saliendo a las calles las tropas el 16 de septiembre de 2003
El Gral. Arnez, testimonia que los regimientos: Calama, Boquerón, Vidaurre, Ranger, Aroma, Independencia, se alojaron en el Regimiento Ingavi y en otras dependencias militares desde el 8 al 10 de octubre, en ejecución -se entiende-, "del Plan República".
Enfatiza que recibió órdenes de custodiar Senkata el 9 de octubre, a hrs. 11 a.m. y que el 10 de octubre recibió órdenes de escoltar las cisternas desde Senkata, enviando varios vehículos blindados. Expresa que en fecha 11 de octubre arribó a El Alto y a la ciudad de La Paz el primer convoy transportando gas licuado (GLP) para consumo de la población, más un carro cisterna para eventualidades.
Se juzgue a los acusados en el marco de las pruebas y no de las presiones
Los abogados penalistas consideran que es mejor para todo Gobierno demócrata, dejar que las autoridades que juzgan los hechos se pronuncien libres de toda presión o influencia tanto en el requerimiento conclusivo como en la sentencia a cargo de la Corte Suprema, previo análisis y valoración de las proposiciones acusatorias, de las pruebas de cargo y descargo ofrecidas por las partes.
De esta forma -enfatizaron-, lo que el pueblo sabe, lo que el pueblo padeció, por la presencia de ejecutores de órdenes y operadores de planes previamente elaborados, se concrete en decisiones judiciales idóneas, correctas, aplicando el aforisma jurídico de "que más vale se libere a un presunto culpable que condenar a un inocente".
Por su parte, varios politólogos consideran que en el caso de los juicios llevados a cabo en Nuremberg contra "criminales de guerra y de delitos de lesa humanidad", los autores estaban claramente identificados como integrantes de los mandos militares nazi y de la Gestapo o policía política represiva.
En el juicio de responsabilidades, explican, los autores directos -Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Yerko Kukoc-, están identificados en la proposición acusatoria presentada por el ex parlamentario y actual mandatario de los bolivianos Evo Morales Ayma, y por las investigaciones y acusación penal dentro del citado juicio los ejecutores de órdenes: Claros, Veliz, Quiroga, Aranda, todos ellos militares.
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