Pensiones. El proyecto de la norma establece que el mecanismo estará definido en el decreto reglamentario
El Gobierno incorporó en el proyecto de la nueva Ley de Pensiones un artículo que establece que los choferes del servicio público tendrán su propio mecanismo para aportar al sistema de jubilación, que será fijado en el decreto reglamentario de la norma.
“(Los choferes) van a incorporarse (al nuevo sistema de pensiones) como independientes, solamente que se va a establecer un mecanismo de contribución (...). Esta mañana se ha establecido con ellos que se va a incorporar en la ley un artículo para que en el reglamento, por decreto, podamos establecer cómo es el mecanismo”, informó ayer el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, en entrevista con La Razón.
El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Franklin Durán, señaló que el sector mantiene su propuesta de que los aportes se hagan mediante la compra de combustible y que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) actúe como agente de retención.
Sobre el porcentaje de los aportes, el dirigente señaló que se determinará cuando concluya el trabajo de una consultora que la Confederación contrató para analizar ese aspecto. “Vamos a hacer nuestra propia reglamentación y la vamos a presentar a consideración del Gobierno”, añadió.
El viceministro explicó que lo que se incluyó en el proyecto de ley “es que se dé la posibilidad de establecer un mecanismo de cobro, todavía no se ha establecido que sea mediante la gasolina (...). Lo que ellos plantean es que les es complicado ir al banco todos los meses (a realizar sus aportes)”.
Este medio informó ayer que se prevé que la gestora pública de pensiones trabaje con entidades financieras para recabar las contribuciones de los afiliados independientes. Guillén aseguró que, sin importar el medio de aportación, los choferes también deberán aportar al Fondo Solidario. “Todos los que entren al sistema de pensiones tienen que aportar el 0,5%”, complementó la autoridad.
Durán precisó que al momento la Confederación cuenta con más de 110 mil asociados, de los cuales 76.000 están censados. “Vamos a entregar al SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) y a Yacimientos nuestra base (de datos) para que a través de ello se pueda identificar al sector”, agregó.
Al momento, detalló, entre 5.000 y 6.000 de los socios están en edad de jubilación o próximos a cumplirla. Durán aclaró que la disposición incluida en el proyecto de ley no sólo abarca al transporte sindicalizado, sino también al libre y a las cooperativas. “Ellos, dentro de su sistema, van a tener que trabajar igual que nosotros”, acotó.
El proyecto de ley también brinda un trato especial a los mineros, cuya edad de jubilación es 56 años, cuando para el resto es 58. Además, este sector podrá reducir un año adicional por cada dos años de trabajo insalubre, hasta cinco. El Fondo Solidario elevará sus rentas hasta Bs 3.700, cuando el máximo general es de Bs 2.600.
Coordinan el traspaso de papeles
Coordinan el traspaso de papeles
El viceministro de Pensiones, Mario Guillén, señaló que además de negociar con las AFP la venta de su software, el Gobierno y las entidades privadas coordinan la transferencia de documentación. Dijo que “de acuerdo con los análisis legales que se han hecho”, no corresponde una indemnización y que las AFP no han solicitado ese aspecto.
Gestora estatal absorberá a trabajadores de las AFP
Gestora estatal absorberá a trabajadores de las AFP
La gestora pública absorberá a la planta operativa de trabajadores de las actuales Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas, pero prescindirá del plantel ejecutivo de las mismas.
“A la planta ejecutiva no la vamos a absorber, pero a la planta operativa es bastante probable que lo hagamos, porque en realidad vamos a necesitar contratar gente y en las AFP tenemos gente operativa que puede ser muy útil”, indicó el viceministro de Pensiones, Mario Guillén.
Consultado si se contratará al total de empleados de las entidades privadas, respondió: “Eso hay que ver”. Mencionó que se debe considerar el volumen de operaciones que requiere cada ciudad.
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