PROYECTO DE LEY: mOVIMIENTOS SOCIALES AGRUPADOS EN EL PACTO DE UNIDAD PRESENTARON UNA PROPUESTA LEGAL, CUYO EJE ES EL VIVIR BIEN. EL PLANTEAMIENTO SE DEBATE EN EL SENADO
Las organizaciones indígenas y campesinas, reunidas en el Pacto de Unidad, plantean sancionar los delitos graves medioambientales comprobados con la privación de libertad de hasta 30 años sin derecho a indulto.
Así lo expresa el anteproyecto de Ley de la Madre Tierra, elaborado por las cinco confederaciones nacionales indígenas y campesinas agrupadas en esa entidad.
Ayer se llevó adelante la segunda reunión entre el Pacto de Unidad y la Comisión Mixta de Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores con el objeto de trabajar ambas propuestas, antes de contar con una nueva redacción definitiva.
El presidente de la Comisión Mixta de Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, Freddy Berzatti, informó que hoy (viernes) se prevé concluir esta tarea que se inició el miércoles.
“Pensamos terminar y consensuar, por lo menos la parte estructural de la misma visión de ambos trabajos (proyectos), tanto del Pacto de Unidad como la comisión mixta”, dijo.
Aseveró que ambas propuestas se basaron en el documento base de Tiquipaya. “Tenemos mucha coincidencia y pocas diferencias”, dijo.
Por su parte, Rafael Quispe, representante del Pacto de Unidad, señaló que la propuesta fue elaborada por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la organización Bartolina Sisa, grupos interculturales, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob). “El Pacto de Unidad ha trabajado siete meses en todas las regiones”, comentó.
Quispe dijo que el Pacto de Unidad espera que el presidente Evo Morales llegue a Cancún “con la ley bajo la mano” para demostrar que se cumplió el “mandato de Tiquipaya, porque es mandato de los pueblos”.
Ambas propuestas tienen como eje la filosofía del Vivir Bien y la defensa de los derechos de la Madre Tierra.
Sobre las acciones penales, la propuesta en debate –que contiene más de XI títulos– indica que “todo delito cometido contra la Madre Tierra no tendrá una pena menor a los cinco años de privación de libertad”.
“Los delitos graves medioambientales comprobados contra la Madre Tierra son de competencia territorial de la jurisdicción de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianos, debiendo remitirse a la jurisdicción ordinaria o agroambiental para ser penalizado con la privación de libertad de 30 años sin derecho a indulto”, indica.
“Los autores materiales e intelectuales de los delitos graves medioambientales resarcirán y repararán los daños y perjuicios ocasionados a la Madre Tierra (Pachamama, Llumpaqamama, Madre Naturaleza), en beneficio de las comunidades afectadas”, añade.
La propuesta añade “que cuando exista duda en un proceso penal, administrativo o acciones constitucionales relativas a la protección y defensa de la Madre Tierra, es deber de las autoridades competentes dictar el fallo o la resolución correspondiente en favor de la Madre Tierra, sus bienes o bondades y el ambiente”.
Sobre las acciones civiles, sugiere que “toda persona particular y/o colectiva que haya sido afectada por los daños a la Madre Tierra también deberá recurrir a la acción civil para el resarcimiento de daños y perjuicios y la reparación del ecosistema”.
Añade que “toda persona particular y/o colectiva afectada por la contaminación medioambiental y que afecte los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, interpondrá la acción constitucional frente a los actos ilegales u omisiones contra los servidores públicos que administran justicia”.
Arce: Bolivia toma la vanguardia
Bolivia, en la vanguardia de la defensa de la Madre Tierra, demanda el esfuerzo internacional conjunto para que el capitalismo no acabe con el planeta, manifestó ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, en el marco de un evento del Parlamento Andino efectuado en La Paz.
A casi dos semanas de la inauguración de la Cumbre sobre el Cambio Climático de la ONU, que se realizará en Cancún (México), el parlamentario advirtió que el modelo capitalista se convirtió en una “amenaza” para la humanidad en su conjunto.
Arce dijo que “el Estado boliviano realmente se está convirtiendo en un país vanguardia, a la cabeza del presidente Evo Morales, por la lucha de los derechos de la Madre Tierra y por evitar las funestas consecuencias del cambio climático”. Tras el fracaso de la cumbre de Copenhague, en 2009, en Cancún se buscará un acuerdo vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger el medio ambiente, entre otros. (ABI)
PROPUESTA DE DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
1. Derecho a la vida y a existir.
2. Derecho a ser respetada.
3. Derecho a la continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas.
4. Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, autorregulados interrelacionados.
5. Derecho al agua pura como fuente de vida.
6. Derecho al aire limpio.
7. Derecho a la salud integral.
8. Derecho a estar libre de la contaminación y polución, de desechos tóxicos y radioactivos.
9. Derecho a no ser alterada genéticamente ni modificada en su estructura celular, amenazando su integridad o funcionamiento vital.
10. Derecho a una restauración y descontaminación plena y pronta por las vulneraciones a los derechos reconocidos en esta ley, causados por las actividades humanas.
11. Derecho a ser reforestada.
12. Derecho al manejo equilibrado y armónico de las bondades de la naturaleza.
13. Derecho a no ser afectada por megaproyectos hidroeléctricos, de infraestructura y desarrollo que afecten al equilibrio de los ecosistemas y a las poblaciones que habiten los territorios involucrados.
14. Derecho a no ser sujeta a tecnologías energéticas de alto riesgo y profundo impacto ecológico y social como la energía nuclear y sus procesos de extracción, enriquecimiento y deposición final.
Consulta vinculante, tema de debate
Uno de los objetivos del anteproyecto de Ley Madre Tierra, sugerida por el Pacto de Unidad, es “garantizar el derecho de consulta y consentimiento previo y vinculante –reconocido en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas– de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianos, según sus normas y procedimientos propios”.
El Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, fue aprobado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989 y desde entonces lo han ratificado 20 Estados. Catorce de ellos son de América Latina, incluida Bolivia, que ratificó el documento en 1991. Los derechos de los pueblos indígenas fueron incorporados en 2006 a la nueva Constitución Política del Estado. Sin embargo, los órganos de la OIT encargados de controlar la buena aplicación del convenio han emitido observaciones en las que señalan serios incumplimientos del documento en varios países de la región, explica una nota de prensa de Jornadanet.com, del 22 de marzo de 2010.
El coordinador regional del Programa para Promoción y Aplicación de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Jesús Carrasco –entrevistado por ese medio–, reveló que en Bolivia hay un decreto sobre el procedimiento de consulta para la ejecución de proyectos en minería e hidrocarburos, y que en función a esa disposición legal se llevaron a cabo 14 consultas. “Hemos preguntado sobre los resultados de la consulta y nos han contestado que no las tienen sistematizadas, por lo cual nosotros no sabemos exactamente cómo se aplica el procedimiento de consulta ni los resultados que se han alcanzado”, señala la nota de prensa.
Sobre este tema, ayer el presidente de la Comisión Mixta de Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, Freddy Berzatti, hizo algunas aclaraciones ante la prensa nacional.
“Nosotros vamos a aplicar la Constitución Política del Estado (...) y (sobre la consulta) en ninguna instancia habla del aspecto vinculante. La consulta debemos entenderla como una disposición para que la gestión del Gobierno siempre llegue hasta las bases a escuchar y en ninguna forma es vinculante”, comentó.
Propuesta: crear Ministerio de la Madre Tierra
El proyecto de la Ley de la Madre Tierra, de los sectores agrupados en el Pacto de Unidad, propone la creación del Ministerio de Cuidados de la Madre Tierra. Esta instancia, señalan, “debe contar con los viceministerios, direcciones y unidades necesarias para efectivizar la realización de políticas públicas y la implementación de planes, programas y proyectos de la gestión de la Madre Tierra, del equilibrio y armonía e interacción de los seres y bondades naturales, los que deben contar con la participación de las organizaciones sociales en equidad de género”.
Centro de datos, información y socialización
Entre las propuestas diseñadas por el Pacto de Unidad para la futura Ley de la Madre Tierra figura la creación de un centro de datos. “El Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico está obligado a contar con datos, informar y socializar por todos los medios al alcance”, señalan. Para este fin, la propuesta normativa exige “garantizar la calidad y actualidad de los datos”.
De la misma manera, y en función a la futura Ley de Acceso a la Información, se pide que esta entidad especializada en temas relacionados a la tierra y la biodiversidad, debe “ser transparente, constante, abriendo el acceso libre y democrático a la información”.
“El Estado Plurinacional debe asegurar el derecho de acceso a la información sobre políticas, planes, programas y proyectos”. Las autoridades gubernamentales están obligadas a otorgar información, sugieren.
Control social, consulta y participación
El Pacto de Unidad, en su propuesta de Ley de la Madre Tierra, consideró el control social y la participación como un derecho y un deber irrenunciables del pueblo boliviano.
En ese marco se propone, entre sus funciones de participación, “la consulta y el consentimiento previo, libre, informado y vinculante de todas las comunidades donde se desarrollen actividades madereras, hidrocarburíferas, mineras, camineras e infraestructuras de megaproyectos que pudieran afectar a la Madre Tierra como condición obligatoria para el inicio y ejecución de las actividades correspondientes”.
Delitos contra la naturaleza, imprescriptibles
“Los delitos contra la Madre Tierra (Pachamama, Llumpaqamama, Madre Naturaleza), cualquiera sea su naturaleza, no prescriben, sabiendo que la Madre Tierra es la supervivencia de todo ser vivo”, señala la propuesta de Ley de la Madre Tierra del Pacto de Unidad. El acápite de sanciones sugiere que los delitos medioambientales sean sancionados penalmente, de acuerdo al grado de daños ambientales ocasionados contra la Madre Tierra, “previo análisis técnico-científico evaluado por la autoridad competente y remitido para su conocimiento al órgano agroambiental”. Se consideran delitos ambientales contra la Madre Tierra la fabricación y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, el chaqueo excesivo e indiscriminado, la expulsión de desechos y otros contaminantes, inclusive los pasivos ambientales (sólidos, líquidos, gaseosos) de cualquier naturaleza que afectan al agua, aire, suelo; además de la caza de especies.
Buscan fundar un consejo plurinacional
Las organizaciones indígenas y campesinas, reunidas en el Pacto de Unidad, presentaron un anteproyecto de ley en el que proponen la creación, entre otras entidades, del Consejo Plurinacional de la Madre Tierra.
“Es imprescindible recuperar el carácter de poder constituyente, poder instituyente y poder social sobre la base del cual se conforman los otros órganos y poderes del nuevo Estado. Ésta es la razón por la que se conforma un Consejo Plurinacional de la Madre Tierra, que es la matriz del poder social concebido desde el modo civilizatorio del Vivir Bien y desde los principios, valores, finalidades y políticas ecológicas de la Madre Tierra”, señala la norma elaborada y actualmente en debate ante la Comisión Mixta de Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, cuyo presidente es el legislador Freddy Berzatti (MAS).
La propuesta de redacción elaborada por los pueblos indígenas, campesinos y originarios establece que la conformación del Consejo Plurinacional de la Madre Tierra abrirá “el camino a la transformación de la gestión de la Madre Tierra, la gestión ecológica, la gestión ambiental, la gestión territorial, la gestión productiva”.
Explican que esto permitirá una transformación institucional, un “pluralismo institucional, una gestión comunitaria y una gestión intercultural”, que derivarán en una transformación de las formas de gobierno, “que incluyen la interacción con los seres y los ecosistemas, respetando sus formas de vida y sus hábitats”.
Esta propuesta, a la que tuvo acceso Cambio, también promueve una gestión descentralizada mediante oficinas departamentales, provinciales y locales “que permitan un control efectivo del cumplimiento de la ley de la Madre Tierra y en especial para el control efectivo a las empresas y personas que cometan vulneraciones a la presente ley y a la Constitución Política del Estado Plurinacional”.
Las organizaciones indígenas y campesinas, reunidas en el Pacto de Unidad, plantean sancionar los delitos graves medioambientales comprobados con la privación de libertad de hasta 30 años sin derecho a indulto.
Así lo expresa el anteproyecto de Ley de la Madre Tierra, elaborado por las cinco confederaciones nacionales indígenas y campesinas agrupadas en esa entidad.
Ayer se llevó adelante la segunda reunión entre el Pacto de Unidad y la Comisión Mixta de Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores con el objeto de trabajar ambas propuestas, antes de contar con una nueva redacción definitiva.
El presidente de la Comisión Mixta de Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, Freddy Berzatti, informó que hoy (viernes) se prevé concluir esta tarea que se inició el miércoles.
“Pensamos terminar y consensuar, por lo menos la parte estructural de la misma visión de ambos trabajos (proyectos), tanto del Pacto de Unidad como la comisión mixta”, dijo.
Aseveró que ambas propuestas se basaron en el documento base de Tiquipaya. “Tenemos mucha coincidencia y pocas diferencias”, dijo.
Por su parte, Rafael Quispe, representante del Pacto de Unidad, señaló que la propuesta fue elaborada por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la organización Bartolina Sisa, grupos interculturales, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob). “El Pacto de Unidad ha trabajado siete meses en todas las regiones”, comentó.
Quispe dijo que el Pacto de Unidad espera que el presidente Evo Morales llegue a Cancún “con la ley bajo la mano” para demostrar que se cumplió el “mandato de Tiquipaya, porque es mandato de los pueblos”.
Ambas propuestas tienen como eje la filosofía del Vivir Bien y la defensa de los derechos de la Madre Tierra.
Sobre las acciones penales, la propuesta en debate –que contiene más de XI títulos– indica que “todo delito cometido contra la Madre Tierra no tendrá una pena menor a los cinco años de privación de libertad”.
“Los delitos graves medioambientales comprobados contra la Madre Tierra son de competencia territorial de la jurisdicción de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianos, debiendo remitirse a la jurisdicción ordinaria o agroambiental para ser penalizado con la privación de libertad de 30 años sin derecho a indulto”, indica.
“Los autores materiales e intelectuales de los delitos graves medioambientales resarcirán y repararán los daños y perjuicios ocasionados a la Madre Tierra (Pachamama, Llumpaqamama, Madre Naturaleza), en beneficio de las comunidades afectadas”, añade.
La propuesta añade “que cuando exista duda en un proceso penal, administrativo o acciones constitucionales relativas a la protección y defensa de la Madre Tierra, es deber de las autoridades competentes dictar el fallo o la resolución correspondiente en favor de la Madre Tierra, sus bienes o bondades y el ambiente”.
Sobre las acciones civiles, sugiere que “toda persona particular y/o colectiva que haya sido afectada por los daños a la Madre Tierra también deberá recurrir a la acción civil para el resarcimiento de daños y perjuicios y la reparación del ecosistema”.
Añade que “toda persona particular y/o colectiva afectada por la contaminación medioambiental y que afecte los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, interpondrá la acción constitucional frente a los actos ilegales u omisiones contra los servidores públicos que administran justicia”.
Arce: Bolivia toma la vanguardia
Bolivia, en la vanguardia de la defensa de la Madre Tierra, demanda el esfuerzo internacional conjunto para que el capitalismo no acabe con el planeta, manifestó ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, en el marco de un evento del Parlamento Andino efectuado en La Paz.
A casi dos semanas de la inauguración de la Cumbre sobre el Cambio Climático de la ONU, que se realizará en Cancún (México), el parlamentario advirtió que el modelo capitalista se convirtió en una “amenaza” para la humanidad en su conjunto.
Arce dijo que “el Estado boliviano realmente se está convirtiendo en un país vanguardia, a la cabeza del presidente Evo Morales, por la lucha de los derechos de la Madre Tierra y por evitar las funestas consecuencias del cambio climático”. Tras el fracaso de la cumbre de Copenhague, en 2009, en Cancún se buscará un acuerdo vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger el medio ambiente, entre otros. (ABI)
PROPUESTA DE DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
1. Derecho a la vida y a existir.
2. Derecho a ser respetada.
3. Derecho a la continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas.
4. Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, autorregulados interrelacionados.
5. Derecho al agua pura como fuente de vida.
6. Derecho al aire limpio.
7. Derecho a la salud integral.
8. Derecho a estar libre de la contaminación y polución, de desechos tóxicos y radioactivos.
9. Derecho a no ser alterada genéticamente ni modificada en su estructura celular, amenazando su integridad o funcionamiento vital.
10. Derecho a una restauración y descontaminación plena y pronta por las vulneraciones a los derechos reconocidos en esta ley, causados por las actividades humanas.
11. Derecho a ser reforestada.
12. Derecho al manejo equilibrado y armónico de las bondades de la naturaleza.
13. Derecho a no ser afectada por megaproyectos hidroeléctricos, de infraestructura y desarrollo que afecten al equilibrio de los ecosistemas y a las poblaciones que habiten los territorios involucrados.
14. Derecho a no ser sujeta a tecnologías energéticas de alto riesgo y profundo impacto ecológico y social como la energía nuclear y sus procesos de extracción, enriquecimiento y deposición final.
Consulta vinculante, tema de debate
Uno de los objetivos del anteproyecto de Ley Madre Tierra, sugerida por el Pacto de Unidad, es “garantizar el derecho de consulta y consentimiento previo y vinculante –reconocido en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas– de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianos, según sus normas y procedimientos propios”.
El Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, fue aprobado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989 y desde entonces lo han ratificado 20 Estados. Catorce de ellos son de América Latina, incluida Bolivia, que ratificó el documento en 1991. Los derechos de los pueblos indígenas fueron incorporados en 2006 a la nueva Constitución Política del Estado. Sin embargo, los órganos de la OIT encargados de controlar la buena aplicación del convenio han emitido observaciones en las que señalan serios incumplimientos del documento en varios países de la región, explica una nota de prensa de Jornadanet.com, del 22 de marzo de 2010.
El coordinador regional del Programa para Promoción y Aplicación de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Jesús Carrasco –entrevistado por ese medio–, reveló que en Bolivia hay un decreto sobre el procedimiento de consulta para la ejecución de proyectos en minería e hidrocarburos, y que en función a esa disposición legal se llevaron a cabo 14 consultas. “Hemos preguntado sobre los resultados de la consulta y nos han contestado que no las tienen sistematizadas, por lo cual nosotros no sabemos exactamente cómo se aplica el procedimiento de consulta ni los resultados que se han alcanzado”, señala la nota de prensa.
Sobre este tema, ayer el presidente de la Comisión Mixta de Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, Freddy Berzatti, hizo algunas aclaraciones ante la prensa nacional.
“Nosotros vamos a aplicar la Constitución Política del Estado (...) y (sobre la consulta) en ninguna instancia habla del aspecto vinculante. La consulta debemos entenderla como una disposición para que la gestión del Gobierno siempre llegue hasta las bases a escuchar y en ninguna forma es vinculante”, comentó.
Propuesta: crear Ministerio de la Madre Tierra
El proyecto de la Ley de la Madre Tierra, de los sectores agrupados en el Pacto de Unidad, propone la creación del Ministerio de Cuidados de la Madre Tierra. Esta instancia, señalan, “debe contar con los viceministerios, direcciones y unidades necesarias para efectivizar la realización de políticas públicas y la implementación de planes, programas y proyectos de la gestión de la Madre Tierra, del equilibrio y armonía e interacción de los seres y bondades naturales, los que deben contar con la participación de las organizaciones sociales en equidad de género”.
Centro de datos, información y socialización
Entre las propuestas diseñadas por el Pacto de Unidad para la futura Ley de la Madre Tierra figura la creación de un centro de datos. “El Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico está obligado a contar con datos, informar y socializar por todos los medios al alcance”, señalan. Para este fin, la propuesta normativa exige “garantizar la calidad y actualidad de los datos”.
De la misma manera, y en función a la futura Ley de Acceso a la Información, se pide que esta entidad especializada en temas relacionados a la tierra y la biodiversidad, debe “ser transparente, constante, abriendo el acceso libre y democrático a la información”.
“El Estado Plurinacional debe asegurar el derecho de acceso a la información sobre políticas, planes, programas y proyectos”. Las autoridades gubernamentales están obligadas a otorgar información, sugieren.
Control social, consulta y participación
El Pacto de Unidad, en su propuesta de Ley de la Madre Tierra, consideró el control social y la participación como un derecho y un deber irrenunciables del pueblo boliviano.
En ese marco se propone, entre sus funciones de participación, “la consulta y el consentimiento previo, libre, informado y vinculante de todas las comunidades donde se desarrollen actividades madereras, hidrocarburíferas, mineras, camineras e infraestructuras de megaproyectos que pudieran afectar a la Madre Tierra como condición obligatoria para el inicio y ejecución de las actividades correspondientes”.
Delitos contra la naturaleza, imprescriptibles
“Los delitos contra la Madre Tierra (Pachamama, Llumpaqamama, Madre Naturaleza), cualquiera sea su naturaleza, no prescriben, sabiendo que la Madre Tierra es la supervivencia de todo ser vivo”, señala la propuesta de Ley de la Madre Tierra del Pacto de Unidad. El acápite de sanciones sugiere que los delitos medioambientales sean sancionados penalmente, de acuerdo al grado de daños ambientales ocasionados contra la Madre Tierra, “previo análisis técnico-científico evaluado por la autoridad competente y remitido para su conocimiento al órgano agroambiental”. Se consideran delitos ambientales contra la Madre Tierra la fabricación y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, el chaqueo excesivo e indiscriminado, la expulsión de desechos y otros contaminantes, inclusive los pasivos ambientales (sólidos, líquidos, gaseosos) de cualquier naturaleza que afectan al agua, aire, suelo; además de la caza de especies.
Buscan fundar un consejo plurinacional
Las organizaciones indígenas y campesinas, reunidas en el Pacto de Unidad, presentaron un anteproyecto de ley en el que proponen la creación, entre otras entidades, del Consejo Plurinacional de la Madre Tierra.
“Es imprescindible recuperar el carácter de poder constituyente, poder instituyente y poder social sobre la base del cual se conforman los otros órganos y poderes del nuevo Estado. Ésta es la razón por la que se conforma un Consejo Plurinacional de la Madre Tierra, que es la matriz del poder social concebido desde el modo civilizatorio del Vivir Bien y desde los principios, valores, finalidades y políticas ecológicas de la Madre Tierra”, señala la norma elaborada y actualmente en debate ante la Comisión Mixta de Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, cuyo presidente es el legislador Freddy Berzatti (MAS).
La propuesta de redacción elaborada por los pueblos indígenas, campesinos y originarios establece que la conformación del Consejo Plurinacional de la Madre Tierra abrirá “el camino a la transformación de la gestión de la Madre Tierra, la gestión ecológica, la gestión ambiental, la gestión territorial, la gestión productiva”.
Explican que esto permitirá una transformación institucional, un “pluralismo institucional, una gestión comunitaria y una gestión intercultural”, que derivarán en una transformación de las formas de gobierno, “que incluyen la interacción con los seres y los ecosistemas, respetando sus formas de vida y sus hábitats”.
Esta propuesta, a la que tuvo acceso Cambio, también promueve una gestión descentralizada mediante oficinas departamentales, provinciales y locales “que permitan un control efectivo del cumplimiento de la ley de la Madre Tierra y en especial para el control efectivo a las empresas y personas que cometan vulneraciones a la presente ley y a la Constitución Política del Estado Plurinacional”.
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