Tal como estaba previsto, el presidente del Estado, Evo Morales, promulgó ayer en las instalaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), la nueva Ley de Pensiones, que según el Gobierno, fue altamente consensuada con los sectores sociales aunque algunos gremios de la sociedad civil insistentemente contradijeron esta postura afirmando que no fueron tomados en cuenta en la redacción de la normativa y mucho menos atendieron sus propuestas para la misma, razón por la cual, mediante movilizaciones intentarán que la normativa sea revertida.
La norma reemplaza a la aprobada en 1996, por el entonces gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
“Lo más importante es resaltar que cuando nos juntamos los trabajadores, con su experiencia y nuestros técnicos, nuestros ministros, es posible juntos formular, proponer, desarrollar una Ley para el beneficio del pueblo boliviano”, remarcó el Jefe de Estado tras firmar el documento.
Morales dijo que el acto tiene una trascendencia histórica, no solamente por la presencia de los mandatarios, de los ministros, del Alto Mando Militar, en la casa de los trabajadores, sino porque, a diferencia de otros gobiernos, los bolivianos desarrollan sus propias normas en beneficio de la población.
“Antes se buscaban millones y millones de dólares para ciertas reformas a las normas. Contrataban consultoras, venían expertos del FMI, venían expertos contratados, invitados del Banco Mundial para imponer normas en contra del pueblo boliviano”, cuestionó.
“Ya no gastamos millones”
En esa dirección, dijo que por el permanente diálogo y contacto con las fuerzas sociales, Bolivia ya no necesita millones de dólares ni expertos del Banco Mundial, ni del Fondo Monetario Internacional para diseñar y aprobar nuevas leyes. A su juicio, los bolivianos aprendieron a desarrollar y plantear sus propias normas, “para bien de todos los bolivianos”, sin necesidad de expertos ni imposiciones en políticas laborales, sociales y económicas, en una acción que ahora “es destacada y respetada en todo el mundo”.
El mandatario reconoció que la nueva Ley de Pensiones tardó en su redacción, pero justificó que fue porque se debía analizar con responsabilidad la capacidad del Tesoro General de la Nación, pero sobre todo, establecer “cómo puede ser sostenible, universal y fundamentalmente solidaria”.
Según el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, la nueva Ley de Pensiones plantea una serie de medidas revolucionarias, de amplio alcance social para todos los bolivianos.
Entre los principales artículos de la norma, se reduce la edad de jubilación de los trabajadores de 60 a 58 años y a 56 para los mineros y prevé la creación de un Fondo Solidario para incrementar la renta de los trabajadores de bajos ingresos.
El Fondo Solidario será financiado con el aporte patronal del tres por ciento y del 0,5 por ciento de los trabajadores.
“No se ve la solidaridad del Estado”
En el criterio de la ex gerente de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), Kathia Vaca Díez, la nueva Ley deja muchas dudas, sobre todo por la sostenibilidad por lo que responsabilizó a los parlamentarios de lo que ocurra de aquí en más. “Esperemos que como han indicado, se fiscalicen los aportes. Creo que cada uno de los que aprobó esta Ley así como el proyectista son responsables de lo que pueda pasar”, expresó a la vez de señalar que esta norma no permite a los trabajadores decidir qué hacer con sus aportes, empero, aguarda que el Gobierno garantice la sostenibilidad de la Ley como tanto lo ha anunciado. Vaca Díez criticó que dentro del Fondo Solidario no se perciba la solidaridad que tanto pregona el Estado.
Según tiene entendido, desde el mes de Enero se empezaría a cobrar los aportes para dicho fondo. “No se si las administradoras podrán adecuarse en menos de un mes para hacer esto”, acotó.
Desconfianza de la gestora estatal
El presidente del Colegio Médico, Gueider Salas, indicó que existe una desconfianza hacia el Estado como administrador de las pensiones. “Difícil negar que hay una incertidumbre después de lo que ha pasado con las anteriores administradoras de pensiones en las cuales no hubo un adecuado control por lo que se dieron ciertos casos en los cuales los fondos no aparecieron”, recordó.
Por su lado, la Central Obrera Departamental (COD), a través de su secretario ejecutivo, Andrés Peñafiel, apuntó que se deben rearticular para más adelante hacer modificar esta Ley, además, criticó al ejecutivo de la COB, Pedro Montes.
“Nosotros tenemos que revertir esto en las calles. Pedro Montes es el ministro sin cartera, en este sentido, en representación de los trabajadores de todo el país apoyó esta Ley. Los trabajadores estamos de luto porque esta ley no es una ley de pensiones es una ley confiscatoria”, enfatizó.
EL DATO
LEY DE PENSIONES. La norma consta de nueve títulos, 26 capítulos y 199 artículos, que proponen que la seguridad social de largo plazo esté conformada por un Sistema Integral de Pensiones.
Nota : El Mundo
Evo promulgó Ley de Pensiones pese al descontento de algunos sectores
diciembre 11, 2010
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