"El pasaporte diplomático era un cariño que gozaba en el pasado y que ahora ya no existe, tampoco hará mucha falta", señaló el vicario general del Arzobispado, Robert Clock, ante la determinación del Gobierno que anuló el pasaporte diplomático al Cardenal Julio Terrazas, arzobispos y obispos católicos.
"Es coherente con el cambio de la Constitución, y con la visión de un Estado laical, si pensamos en el tema un poco, el Vardenal no es representante del gobierno de Bolivia", manifestó Clock, sin objetar la decisión del gobierno del presidente Evo Morales que también quita el pasaporte diplomático a ex presidentes y ex vicepresidentes.
Empero, aclaró que si bien la Iglesia Católica no es representante oficial del Gobierno "si representa a los bolivianos católicos y cristianos, que evidentemente es la gran mayoría de la población", enfatizó el vicario a tiempo de reiterar que no les hace falta un pasaporte diplomático.
"Si (el Cardenal Julio Terrazas) viaja a otros países, viajará con pasaporte de boliviano, y con el pasaporte del Estado del Vaticano", expresó la autoridad eclesiástica al señalar que la Iglesia Católica siempre respetó y nunca objetó las normas aprobadas por diferentes gobiernos de Bolivia.
Por su lado, el Secretario Adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Monseñor Eugenio Scarpellini, aseguró que la eliminación del pasaporte oficial no afecta la misión evangelizadora ni la actividad de los Arzobispos y Obispos del país.
"Reflexionando la noticia publicada el martes, hemos visto que no nos afecta en nada en nuestra labor pastoral, en nuestro compromiso evangelizador, con nuestras parroquias y comunidades", enfatizó el monseñor Scarpellini a tiempo de indicar que como Iglesia respetan las normas y seguirán con su misión.
En tanto, el Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, aseguró que el Decreto 734 que elimina el pasaporte para el Cardenal Terrazas y a los jerarcas de la Iglesia Católica responde a un principio de austeridad y no se trata de una represalia política como señala la oposición.
La nueva norma establece que los pasaportes diplomáticos y oficiales entregados a las autoridades eclesiásticas y ex gobernantes, siguiendo una práctica originada en el Siglo XIX, deberán ser devueltos en un plazo de 60 días.
Para la oposición, es un ataque a la Iglesia Católica por las declaraciones sobre el uso de niños para la comercialización de la cocaína y otras denuncias que no fueron de agrado del Presidente Morales.
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