“Se dice que mañana podrían anunciar que el dólar va a bajar a seis bolivianos. Yo lamentaría que eso suceda, porque eso va a desordenar más la vida de los bolivianos, y un mal no se corrige con otro mal. Una cosa mal se corrige reconociendo que se ha estado equivocado y dando un paso correcto”, aseguró el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, la noche del 28 de diciembre pasado, y precipitó una corrida de 200 millones de dólares del sistema financiero boliviano el miércoles 29 de diciembre.
¿Pero quién le pasó ese dato al empresario cementero? ¿De qué fuentes escuchó que el dólar sería drásticamente devaluado? Las respuestas coherentes escasean, pero la cizaña aflora. “Se dice que mañana podrían anunciar que el dólar va a bajar a seis bolivianos”, fue la frase que le bastó a Doria Medina para crear incertidumbre entre miles de ahorristas y atentar en contra de la estabilidad del sistema financiero.
Y aunque en la misma entrevista de PAT, Doria Medina maquilló su artera “bomba financiera” —como calificó el hecho el vicepresidente Álvaro García Linera—, al sostener que “dividiendo este incremento en varias veces (…) no se tendría este impacto tan fuerte en los precios”, el impacto de su mentira en el sistema financiero, paradógicamente expresada en un programa denominado No mentiras, sembró desconfianza e incluso pánico entre miles de ahorristas que conformaron largas filas en todas las entidades financieras para retirar sus depósitos.
Sin embargo, el golpe de la mentira de Doria Medina en No mentirás no cumplió su objetivo político por las oportunas intervenciones de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, del Banco Central de Bolivia (BCB), de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) y de la Asociación de Bancos y Entidades Financieras (Asoban), quienes devolvieron tranquilidad a los ahorristas, negaron rotundamente la supuesta hiperdevaluación del dólar respecto del boliviano, aunque no evitaron la fuga de 200 millones de dólares como consecuencia de una mentira. Además, la mentira del eterno candidato a la Presidencia del Estado chocó contra la fortaleza de la economía boliviana apuntalada desde hace cuatro años con superávit fiscal, reservas internacionales del BCB de 9.730 millones de dólares y depósitos del sistema financiero —al mes de julio pasado— alcanzaban a 8.701 millones de dólares. Es esta barrera macroeconómica la que no pudo superar el falaz “se dice” que difundió irresponsablemente Doria Medina, y el supuesto ‘corralito’ bancario, rumor que alimentó desde la ciudad de Cochabamba la diputada opositora Norma Piérola.
En ese contexto, la intención opositora era muy clara: la desestabilización del gobierno del presidente Evo Morales; tenían que generar incertidumbre, caos y desesperación.
Y al terrorismo financiero desatado por el empresario cementero, se sumó el oportunismo político del jefe del MSM, Juan del Granado, de su sucesor en la Alcaldía paceña, Luis Revilla —quien planificó y alentó la marcha que derivó en actos de violencia—, de frustrados políticos alteños como Abel Mamani (expulsado del MAS y ex candidato municipal del MSM) y Fany Nina (dirigente de una de las Fejuves de la misma ciudad), amén de otros actores trotkistas que hallaron en el descontento popular —por el alza de los precios de los carburantes— el caldo de cultivo para sus fines desestabilizadores.
Pero como la mentira tiene patas cortas y la verdad al final siempre prevalece, los hechos desnudaron una tenebrosa santa alianza entre moros y cristianos, entre socialdemócratas y trotkistas, entre fascistas y oportunistas que tejieron un entramado político, cuyo objetivo no sólo era profundizar el descontento popular sino desestabilizar el proceso de cambios estructurales que recorre los caminos de la patria.
Pero mientras la derecha conspiraba, el gobierno del presidente Morales mantenía intensas reuniones con dirigentes de los sectores sociales, en las que explicaba las razones por las cuales se había visto obligado a aprobar el DS 748, de nivelación de los precios de los carburantes.
Ningún sector, ningún dirigente rechazó la necesidad de dejar de subvencionar a países vecinos con la sangría de 150 millones de dólares, durante 2010, de un total de 380 millones que fueron invertidos en la subvención que posibilita que los bolivianos accedan a los carburantes más baratos de la región.
Es que los sectores sociales comprendieron que de persistir la actual subvención, Bolivia corre el riesgo de que hasta 2015 deberá invertir 4.000 millones de dólares en la importación de líquidos, lo que constituye una megasangría de recursos que bien podrían ser invertidos en la construcción de nuevas carreteras, infraestructura productiva, amén de fomentar políticas de alcance social, además que en tareas de exploración, explotación e industrialización de hidrocarburos.
No obstante y ante el descontento de gran parte de la población boliviana y para evitar que la antipatria enarbole la bandera de defensa de los derechos populares y ponga en riesgo la construcción del nuevo Estado, el presidente Evo y su gabinete decidieron, la noche del 31 de diciembre pasado, abrogar el DS 748, en el marco de la promesa expresada el 22 de enero de 2006: “Mandar obedeciendo al pueblo”.
Y este pueblo le dijo al Presidente que no era el momento oportuno para nivelar los precios de los carburantes y Evo asumió ese mandato. Por eso corresponde que las autoridades jurisdiccionales asuman que su deber es proteger los intereses de todos los bolivianos y, en este contexto, investiguen y sancionen la mentira que atentó contra la estabilidad financiera.
Lo que corresponde es que las autoridades jurisdiccionales asuman que su deber es proteger los intereses de todos los bolivianos y, en este contexto, investiguen y sancionen la mentira que atentó contra la estabilidad financiera, contra la patria.
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