Gobierno busca que Leopoldo Fernández no regrese a San Pedro

Con un recurso de complementación y enmienda presentado ante el Tribunal Sexto de Sentencia, el Ministerio de Gobierno busca que el ex prefecto del departamento de Pando Leopoldo Fernández permanezca en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
Acusado de ser el autor intelectual de la llamada “matanza de Porvenir”, la ex autoridad permaneció recluida en la cárcel de San Pedro entre el 15 de septiembre de 2008 y el pasado 24 de febrero, cuando fue trasladado al penal altiplánico.

Autoridades de la Dirección General de Régimen Penitenciario argumentaron que la integridad personal de Fernández corría peligro en el reclusorio paceño y que él había organizado “bacanales” con motivo de su cumpleaños.

Sin embargo, la defensa del procesado planteó el retorno de Fernández al penal de San Pedro, pedido que fue aprobado, aunque la decisión judicial no fue ejecutada de inmediato porque debían cumplirse requisitos burocráticos.

Karlo Brito, defensor de Fernández, visiblemente molesto, calificó la acción del Ministerio de Gobierno como una “clara acción dilatoria”.

EL PEDIDO OFICIAL. Fernando Rivera, director Jurídico del Ministerio de Gobierno, dijo que “estamos pidiendo una explicación, complementación y enmienda, pues, en principio, se planteó la declinatoria de competencia por entender que el Tribunal Sexto no era competente para sustanciar esa audiencia; sin embargo, la llevaron adelante”.

El presidente de ese Tribunal, César Portocarrero, informó ayer por la tarde que no había recibido el recurso del Ministerio de Gobierno, aunque afirmó que “tengo varios documentos que despachar. Tal vez, entre esos papeles, esté ese recurso, si es que fue presentado”.

En todo caso, el magistrado descontó el regreso de la ex autoridad al penal de San Pedro, aunque todavía faltaba transcribir la resolución correspondiente y que los jueces ciudadanos y él mismo firmen el documento.

A pesar de la posición del juez, la defensa de Fernández no descarta abrir un proceso por prevaricato debido a la lentitud con que se realizan los trámites para el traslado de Fernández.

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