¿Pacto Fiscal o Pacto Rentista?

La discusión de la ley de autonomías ha puesto de relieve la necesidad de un pacto fiscal. Sin embargo, lo único que se debate es, en realidad, cómo actualizar un pacto rentista entre burocracias que excluyen a los actores sociales y económicos.

Un pacto fiscal tiene por objeto definir la magnitud y los procedimientos de recaudación de impuestos, y el destino que se les ha de dar. Es decir, es un acuerdo sobre el rol del Estado, su papel en el proceso de desarrollo, los objetivos y las metas que debe cumplir, y las manera por las cuales se van a financiar sus actividades. En consecuencia,  debe ser un acuerdo socio político, cuyos protagonistas fundamentales deben ser los actores políticos y sociales. El pacto fiscal es un mandato concertado que determina lo que deben hacer las burocracias, sus obligaciones y responsabilidades, las prioridades que deben atender y la forma en que deben rendir cuentas.

El tema clave del pacto fiscal es, naturalmente, el tributario, pero éste emerge de la definición de lo que se quiere hacer. Por ejemplo, si se acuerda que toda la educación primaria sea pública, de inmediato habrá que calcular el costo de financiarla e identificar las fuentes para ello: qué impuestos? ¿Quiénes los pagan? ¿En qué proporción? El acuerdo será muy diferente si se opta por dar a las comunidades y familias la responsabilidad de la educación primaria, pues en ese caso la carga impositiva desaparece o, en el mejor de los casos, se utilizan los impuestos para redistribuir los ingresos a fin de dar a todos los niños oportunidades similares.

Como el pacto fiscal es un mandato sobre las burocracias, suele incluir también criterios de evaluación de su productividad y eficiencia, normas para hacerla más transparente, requisitos de institucionalidad referidos al reclutamiento de personal y a las contrataciones de bienes, entre otros temas fundamentales para definir el rol que los ciudadanos le asignan al Estado.

La discusión de una ley como la de autonomías, que ha de normar la reforma en la organización del Estado, debe indudablemente considerar varios de estos aspectos. Es lógico entonces que se haga mención o se sugiera la posibilidad de avanzar a un pacto fiscal.

Lo que no es lógico es que nos quieran hacer creer que puede llamarse pacto fiscal a un acuerdo entre burócratas, así sean del centro y las regiones, o de los partidos del oficialismo y la oposición, que se refiera exclusivamente a la repartija de las rentas. Aún si al mismo tiempo se distribuyeran responsabilidades, se trataría nomás de un pacto rentista.

Es rentista porque se refiere fundamentalmente a las rentas del gas, que en nuestro caso denominamos regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Y no es fiscal porque, aunque llegue a tomar en cuenta la coparticipación tributaria, la perspectiva es la misma: el reparto de lo que hay.

Pero lo más grave es que se trata de un pacto que excluye a los verdaderos dueños del objeto sobre el cual se pacta: los ciudadanos. En los hechos las burocracias se están poniendo de acuerdo en cómo repartirse y gastar lo que pertenece al conjunto y a cada uno de los bolivianos: las rentas de los recursos naturales.

Un verdadero pacto fiscal debería estar orientado a redefinir el lugar del Estado y su papel en la economía, reconociendo que los ciudadanos no solamente son los verdaderos dueños de las riquezas naturales, sino que son también los únicos capaces de convertirlas en riqueza sostenible, porque su trabajo y su creatividad son los únicos que pueden dar valor a esas riquezas.

Esto implicaría trascender el lugar de intermediario comedido que tiene el Estado. Hoy, el Estado controla las rentas y decide por su cuenta cómo gastarlas. Superar este hecho requeriría entregar a cada ciudadano la parte de las rentas que le corresponda y luego, sólo entonces, plantear el pacto fiscal, pidiendo a los ciudadanos que definan cuál es el rol que quieren que juegue el Estado, y que paguen los impuestos que corresponden a ese rol.

Como nos lo enseña nuestra propia historia y la experiencia de muchos países en el mundo, sólo un Estado que dependa de los impuestos puede ser verdaderamente democrático y eficiente, porque sólo en ese caso respetará a los ciudadanos, les rendirá cuentas y estará preocupado seriamente de la suerte económica de la gente. Sólo entonces la burocracia comprenderá que no puede haber un Estado rico donde hay ciudadanos pobres. Hasta hoy el disfrute de las rentas permite a las burocracias ignorar ese principio, y disfrazarlo haciendo pactos sobre lo que en realidad pertenece a los ciudadanos.

Nota : Vientos Nuevos