LA PAZ (Reuters) - Bolivia puso en marcha el viernes un histórico y polémico proceso para elegir en octubre, por primera vez mediante voto universal, a los miembros de los cuatro tribunales más importantes del país, lo que según el Gobierno es un intento por copar las cortes.
Los comicios para elegir 28 magistrados titulares y otros tantos suplentes fueron anunciados por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Ovando, como otro paso de la "refundación" del país iniciada en el 2009 con la aprobación de una nueva Constitución "plurinacional" y socialista.
"Este es un día histórico", dijo Ovando en un acto al que asistió el presidente izquierdista Evo Morales pero no concurrieron líderes de la oposición, quienes denunciaron previamente que la elección judicial estaría amañada para que el oficialismo tome el control de la justicia.
La elección "dejará en el pasado la práctica del cuoteo político (. ..), ya no habrá jueces con padrinazgo político", dijo Morales en referencia al antiguo sistema de designación de jueces nacionales a cargo del poder legislativo.
"Tengo mucha confianza y esperamos que de verdad desde este momento hagamos historia y esta elección sea inédita para Bolivia y para el mundo", dijo el mandatario boliviano.
El 16 de octubre serán elegidos los nueve magistrados del Tribunal Supremo, siete del Tribunal Constitucional, siete del Tribunal Agroambiental y cinco del Consejo de la Magistratura, junto con otros tantos suplentes.
Los candidatos pasarán por una preselección en la oficialista Asamblea Legislativa, de donde deberá surgir una lista final de 125 postulantes, con equidad de género y participación indígena, según dispone la Constitución.
Para todo este proceso el Tribunal solicitará más de 17 millones de dólares de presupuesto al ministerio de Economía.
Convergencia Nacional, la principal fuerza de oposición, abandonó la semana pasada negociaciones políticas sobre el reglamento de preselección, denunciando que el Gobierno intentaba "copar los tribunales".
Mientras tanto, organizaciones de periodistas y propietarios de medios se sumaron a la protesta calificando como inconstitucional una norma que prohíbe que los candidatos hagan campaña proselitista o sean entrevistados por los medios.
"Nuestra misión de informar no puede verse limitada por una ley inconstitucional, ni condicionada por un chantaje económico", fue la postura dada a conocer por medio de un comunicado del matutino Página Siete.
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