- El juicio de responsabilidades por los sucesos de octubre de 2003, pasará a la historia como uno de los capítulos más oscuros de la justicia boliviana, porque no se juzgaron a los verdaderos responsables y se sentenció a funcionarios públicos que cumplieron las leyes, afirmó la abogada de oficio del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Elizabet Vargas.
Considera que la Fiscalía desde que inició este proceso, dejó de lado el principio sagrado de la presunción de inocencia y a partir de ello, se desarrolló un juicio plagado de fallas legales que demostraron que existe subordinación del Poder Judicial ante el Ejecutivo.
Vargas recordó que el año 2004 la Comisión de Fiscales que estaba a cargo de la investigación de los sucesos del 2003, señaló que no existía materia justiciable y que los funcionarios públicos habían cumplido las leyes para preservar el orden y la democracia.
Asimismo, la Comisión observó el hecho que no se puedan convocar a los actores de los levantamientos populares y sediciosos de entonces, por el decreto de amnistía de Carlos Mesa.
"El Decreto Supremo 27234 de amnistía, firmado por Carlos Mesa, sólo favoreció a los agentes subversivos y sediciosos y llevó a que exista este tipo de condenas en contra de funcionarios públicos que sólo cumplieron la Ley", sostuvo.
Observó que a pesar de esta resolución se decidió proseguir el juicio y nombrar nuevas autoridades, para lograr una sentencia ya anunciada.
Reiteró que el juicio estuvo repleto de violaciones y fallas legales, desde el tema que nunca existieron citaciones a todos los imputados, trabajar en vacaciones judiciales para que los fiscales del caso y otros puedan habilitarse para las elecciones judiciales de octubre.
Así como la habilitación de un conjuez que ya había presentado su renuncia irrevocable y finalmente, sacar una sentencia sin el quórum reglamentario, lo que muestra que han obrado sin apegarse ni a la Ley ni a la verdad, sólo bajo un manto de miedo por las presiones de varios lados.
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