El comandante de la Policía en Beni, Víctor Maldonado, confirmó el martes que el asambleísta local Carlos Nacif “devolvió”, en un rapto de “arrepentimiento”, la friolera de 70.000 dólares con que fue sobornado a fines de abril para direccionar su voto en pro de una Ley para la Cesación de Mandato que impulsó el oficialismo en ese departamento amazónico en el nordeste de Bolivia.
“Ahora, en este caso que estamos presentando, se había recibido 70.000 dólares en total, por parte del asambleísta Carlos Nacif, quien ha devuelto este dinero manifestando arrepentimiento”, afirmó el jefe policial durante una conferencia de prensa en Trinidad, capital del departamento Beni.
Militante de una fracción progresista del liberal Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Nacif fue cooptado para que apoye en la Asamblea Legislativa Departamental de Beni un proyecto de ley, iniciativa legislativa de Primero el Beni, agrupación política del gobernador conservador Ernesto Suárez, que reglamentaba la cesación del mandato, en contraposición a la Ley nacional de Autonomías que prescribe la suspensión y hasta revocatoria de mandato de autoridades subnacionales que enfrenten cargos en la justicia ordinaria.
Maldonado dijo que un operador de la Gobernación local, Ronny Paz, abordó a Nacif y a cambio de su voto en apoyo a esa ley, de espectro local, le cohechó con 70.000 dólares en dos partidas, una antes de la votación y la otra después.
Nacif, que en principio embolsó el dinero, se arrepintió y luego que la Ley para la Cesación del Mandato fuera aprobada por la Asamblea Legislativa local y que posteriormente diera por traste por orden judicial, devolvió el dinero en la Fiscalía que preside Silvana Rojas.
El asambleísta en cuestión admitió, también en conferencia de prensa, haberse dejado seducir por un operador del oficialismo, Ronny Paz, y devuelto el dinero luego que la Ley para la Cesación del Mandato fuera revertida en virtud a un amparo constitucional.
“Lo que pasa es que hubo un amparo y eso me hizo reflexionar. Como veía que esto era malo, lo que había hecho estaba mal, arrepentido vengo a entregar la plata”, afirmó el asambleísta.
El MNR coaligado al gobiernista Movimiento Al Socialismo y asambleístas indígenas y campesinos, conforma la oposición a Primero el Beni, agrupación política del gobernador conservador Suárez.
La coalición controla 16 escaños y el oficialismo, de Suárez, 11.
La directora regional en Beni de la estatal Agencia de Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), Jessica Jordan, denunció la semana pasada que uno de los imputados por intentar sobornar a dos miembros indígenas de la Asamblea Legislativa Departamental (ALDB) admitió tácitamente la utilización de fondos fiscales de la Gobernación local para tal cometido, en una cinta de vídeo difundida por medios locales.
“Según la grabación que hemos visto en los medios de comunicación presentado también como prueba en la Corte, Ronny Paz decía que había tardado en llegar a entregar el dinero a los asambleístas indígenas (a principios de mayo) porque habían cambiado de cuentas fiscales del Banco Mercantil Santa Cruz al Banco Unión”, lo que le ocasionó una demora que permitió sorprenderlo con el dinero en las manos, citó la funcionaria de Ademaf al referir el contenido del revelador vídeo difundido por medios locales.
En la cinta, Ronny Paz, uno de los cuatro formalizados por intento de soborno rechazado por los asambleístas Inocencio Yubánurey Mary Luz Coímbra, para que declinen asistir a una sesión de la ALDB que debería votar una polémica ley local para la cesación de mandato, formulada por Primero el Beni, admite que movía, para esa operación vedada por ley, recursos de la gobernación.
Jordan estimó, en base de las denuncias públicas y montos barajados por medios locales, que la Gobernación canalizó para los sobornos “más de 100.000 dólares”.
De acuerdo con la denuncia, que derivó en la aprehensión de Ronny Paz y otros tres, los asambleístas fueron tentados con 10.000 dólares cada uno.
La funcionaria insistió en que las autoridades judiciales deberán llegar al “fondo” del caso.
Entre tanto Suárez, sopesa una orden de detención domiciliaria acusado de entregar a contrapelo de la ley recursos a un empresa privada para la reparación de un generador de electricidad.
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