Aranda Granados, uno de los siete acusados que asistieron al proceso, en el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
Rogelio Mayta, abogado de los familiares de las víctimas de la masacre, dijo a la radio Aclo de la Red Erbol, que tras la última toma de declaración a Aranda, el Tribunal de Sentencia se declaró en sesión permanente hasta emitir la sentencia condenatoria contra los acusados.
“El Tribunal ha clausurado el debate y se declaró en sesión permanente, los miembros del Tribunal van a discutir para determinar la sentencia, mientras a nosotros nos corresponde una espera que puede prolongarse probablemente por algunos días, que no serán como los ocho años que ya venimos impulsando este largo juicio de responsabilidades”, dijo Mayta.
Agregó que junto a los familiares de los más de 60 muertos y casi medio millar de heridos están esperanzados de que el Tribunal por fin dentro de algunos días pueda tener una primera sentencia de este caso.
“Llegar a este momento no fue sencillo, fue una lucha constante, un proceso muy complicado y de mucha adversidad, se enfrentó un sistema de impunidad construida por normas jurídicas, comportamiento e insensibilidad de muchas autoridades”, sostuvo.
La parte acusadora pidió al Tribunal la pena máxima de acuerdo a los delitos por los que se los acusa a los involucrados en la masacre de 2003, es decir, 25 años de cárcel, en base a los alegatos y pruebas presentadas.
Mayta enfatizó que pese a que llegó a este momento culminante, no todo termina ahí en este proceso de búsqueda de justicia, debido a que sólo se trata de un paso importante porque después se tendrá que buscar que el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzain, también sean sometidos a la justicia.
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