Los traficantes de madera están contra la pared. Hasta hace poco controlaban más del 60% del mercado boliviano y ahora están obligados a ajustarse a las normas o a desaparecer. Así coinciden las autoridades -con cifras en mano- y los empresarios madereros en Santa Cruz.
Una de las puntas de lanza del comercio ilegal eran los Certificados Forestales de Origen (CFO), entregados por la misma Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) a un costo máximo de Bs 140, pero que terminaban siendo parte de todo un sistema informal, pues se los comercializaba ‘en tiendas y surtidores’ hasta en $us 5.000 cada uno para ‘blanquear’ la madera ilegal, según el director de la institución, Cliver Rocha.
Ahora estos certificados son digitales (CFO_D)que, sumados a una serie de ajustes en el interior de la ABT, parecen haber frenado la actividad ilegal. La entrega de CFO_D ha bajado de 6.351 en 2010 a 2.822 en lo que va del año. Para Rocha esto es una muestra de que la mayor parte de la madera que se movía era de origen ilegal.
Otro de los datos relevantes es que las solicitudes de ‘informes de rodeo’, documento para la verificación de la madera en el bosque, apenas han sido 164 en el último mes, de las cuales nueve se registraron en Guarayos, cuando curiosamente antes la actividad era mucho más intensa.
De 890 barracas registradas en la ABT, solo 109 presentaron sus ‘informes de stock’, documento que permite verificar la madera acumulada conociendo detalles como el lugar de donde procede. ¿Por qué no se presentaron más empresas?, es la interrogante. Andrei Abruzzese, funcionario de la ABT, lanza una respuesta: “Saben que cortaron árboles sin autorizaciones”.
Rocha admite que el control, aplicado desde el 20 de junio, provocó la subida de precios de la madera. Por ejemplo, el pie tablar de ochoó que costaba Bs 2,20 ahora está en Bs 5,50. Sin embargo, asegura que la madera nunca ha estado ni está cara, porque el comercio ilegal era tal que siempre redujo los precios hasta por debajo de los costos de producción.
“El objetivo no es decomisar árboles. Queremos que los ilegales se ajusten a las normas. Nos interesa facilitar el acceso, no queremos una institución burocrática. No queremos privar de ingresos a la gente, pero queremos fortalecer la economía con seguridad jurídica”, dice al señalar que esta norma es parte de la nueva ley de bosques que prepara el Gobierno.
La Cámara Forestal de Bolivia apoya las acciones de la ABT, entendiendo que son “acciones públicas orientadas a reponer el principio de autoridad y respeto a la ley”.
El gerente general de la institución, Jorge Ávila, reconoce que la nueva normativa “ha frenado drásticamente la producción informal de madera”.
“Era necesario, habíamos ingresado en una espiral negativa de producción y comercio de madera y que durante muchos años ha hecho daño al sector formal”, enfatiza, aunque aclara que aún hay comercio ilegal en el norte cruceño, especialmente en Choré, Santa Rosa y Yapacaní. Ávila admite que las normas han generado una serie de obligaciones logísticas y económicas adicionales a los madereros y critica el sistema “burocrático” en la ABT.
Sin embargo, dice que han coordinado con la institución para subsanar los problemas en ambos lados, por lo que se comprometieron a cumplir las normas y la ABT a mejorar las condiciones del sistema.
La ABT asegura que aprobó CFO para el ingreso de 3,8 millones de pies tablares en Santa Cruz, suficientes para cubrir la demanda. Sin embargo, la Cámara Forestal aclara que gran parte de la madera se va a otras regiones como Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Potosí y, sobre todo, La Paz, principal mercado de la madera ilegal.
Datos
Empresas. La ABT tiene registradas 285 empresas en Riberalta, San José, Guarayos, San Ignacio, Concepción e Ixiamas, que operan en 125.326 hectáreas. Del total, el 60% aún no se ajustó al nuevo sistema de certificados digitales (CFO_D), por el incumplimiento de requisitos, según la ABT.
Decomiso. Entre 2009 y 2011 se decomisaron 15,24 toneladas de carbón vegetal. Entre 2010 y 2011 se decomisaron 71,88 tareas de leña, cada una equivalente a cuatro metros de largo, por uno de alto y otro de ancho. Entre 2007 y 2011 se decomisaron 716.935 pies tablares de madera aserrada.
Viejos madereros se quejan y hay temor por más desmonte
Desde hace 15 años que trabajaba transportando madera para venderla a los aserraderos. En sus buenos tiempos Cástulo Cabral ganaba hasta Bs 500 por día pero, desde hace unos meses, su negocio se paralizó y ahora tiene que sobrevivir cargando tierra en uno de sus camiones. Como él, al menos 100 camioneros en el municipio de San Julián están tropezando con las nuevas exigencias de la ABT.
Según Cabral, les piden muchos documentos que les demandan más dinero y tiempo. No se anima a seguir trayendo árboles sin el CFO correspondiente, por temor a que la ABT le decomise su camión.
En la zona, hay otros negocios perjudicados. Tito Zenteno, dueño de la carpintería Los Amigos, asegura que antes compraba el pie tablar de tajibo a Bs 5 y ahora a Bs 8.
Luis Rivera, propietario del aserradero San Julián y presidente de los aserraderos de la provincia Ñuflo de Chávez, lamenta que su negocio también se haya visto afectado. Según dice, sus proveedores no le traen madera porque para obtener un CFO_D para cinco hectáreas deben gastar hasta Bs 31.000 en los trámites que demandan contratación de técnicos, ingenieros, reconocimiento de firmas y otras gestiones.
Rivera, dedicado al negocio desde hace 35 años, reconoce que los CFO se manejaron irregularmente, pero atribuye este hecho a un “contubernio entre madereros y funcionarios corruptos de la ABT”.
“La ABT cree que ha frenado el desmonte, pero solo frenó los trámites. Si usted va a las brechas, a las colonias, todos están desmontando. Al campesino o al colono solo le interesa sobrevivir, así que desmonta con o sin autorización. Sacan la madera de noche, la asierran, la venden y, por último, la queman. Ellos dicen: a ver, que venga la Forestal, vamos a quemar su camioneta por abusivos”, relata.
El director de la unidad de Desarrollo Económico de la Alcaldía de San Julián, Juan León, dice estar preocupado porque “el desmonte ilegal es imperante, casi ya no hay bosque, pero las autorizaciones de desmonte de la ABT son mínimas”.
León cree que la ABT debería coordinar con el municipio, ya que no tiene capacidad de controlar todo. Sin embargo, asegura que la institución forestal nunca respondió a esta propuesta.
Debe ser una política a largo plazo
Eduardo Sandóval H. | Pres. Col. Ing. Forestales
Lo que debe primar en este tema es la conservación del bosque. Eso implica el aprovechamiento sostenible, es decir, producir a base de planes de manejo sostenible y en el marco de las normas del ente regulador.
No se puede sostener un manejo forestal sin reglas claras, por eso apoyamos toda norma orientada a la conservación.
Esto implica que las autoridades pertinentes tengan presencia en el campo, que lleguen a las áreas de aprovechamiento para verificar la actividad maderera en el lugar, este es el fondo del problema. Durante mucho tiempo ha faltado esta presencia y eso ha provocado que muchos malos madereros camuflen la madera ilegal con la legal.
Por más sofisticado que sea el sistema de control, si no hay inspecciones en el bosque, esto no funciona.
En resumen, debe haber fiscalización en el lugar de los hechos, capacitación al personal de provincia de la ABT y socialización con los actores, en este caso con los usuarios madereros, las empresas y los profesionales forestales. Normalmente, cuando se saca una nueva directriz sin consensuar, ocurre este tipo de problemas.
Era necesario el ajuste pero, sobre todo, que las normas sean aplicadas por los usuarios. Tiene que haber una política a largo plazo, más allá de quién sea ahora el ejecutivo de la ABT. Hubo todo tipo de gestiones, duras y blandas, pero debe haber coherencia a largo plazo.
Se debe premiar a los que hacen buen manejo del bosque y sancionar a las malas empresas y usuarios.
Ajustes en la norma
Sistema antiguo
CFO. Los Certificados Forestales de Origen (CFO) eran documentos entregados por la ABT en blanco. Los solicitantes lo llenaban a mano y los mostraban en los puestos fijos de la ABT.
Control. Los funcionarios forestales sellaban los CFO que mostraban los camioneros creyendo de buena fe en el contenido declarado. Solo revisaban el vehículo para ver si había demasiada madera o verificar el tipo de madera; a más de eso, no había otro tipo de control.
Sistema actual
CFO_D. Es la nueva sigla de los CFO digitalizados. Contienen códigos de seguridad, serial y de validación que los hace menos vulnerable. La ABT los llena en las computadoras y los entrega con todos los datos incluidos en base a los documentos presentados por los interesados.
Control. 800 funcionarios de la ABT realizan inspecciones al azar en los diferentes niveles del proceso, tanto en los bosques, como en aserra- deros y barracas. Verifican la información.
Las cifras
3,2
Son los millones de metros cúbicos de madera autorizados por la ABT, entre 2010 y 2011, en seis zonas de mayor producción, tanto en Santa Cruz como en Beni.
2,2
Son los millones de metros cúbicos de madera que extraen de Riberalta, la zona de mayor producción en este sector en el país. Le siguen Guarayos y San Ignacio.
7,5
Millones de m3 de madera ilegal ingresaron al mercado en los últimos diez años, según la ABT. Equivalen a 30.000 camiones y a $us 22,5 millones por año.
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