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Familiares y víctimas de "octubre negro" festejaron la sentencia de ayer, pero piden la cabeza de Goni |
"En nombre del Estado Plurinacional de Bolivia por unanimidad y en única instancia falla: declarar a Roberto Claros Flores y a Juan Veliz Herrera, autores mediatos del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta condenando a la pena de presidio de 15 años y seis meses a cada uno", dice parte de la sentencia histórica leída ayer ante decenas de víctimas, deudos y familiares de las más de 60 personas que perdieron la vida y al menos 500 que resultaron heridas por la represión de octubre de 2003.
Los querellantes se abrazaban con lágrimas de emoción mientras el jurado leía el fallo condenatorio, según los reportes televisivos desde Sucre.
Los ex jefes militares deben cumplir su sentencia en el penal de San Roque de Sucre, según la determinación del máximo órgano de justicia.
Flores fue Comandante de las Fuerzas Armadas y Veliz Herrera, Comandante del Ejército, durante el Gobierno de Sánchez de Lozada.
El ex comandante de la Fuerza Naval, el almirante José Aranda Granados recibió una pena de 11 años de prisión, el ex jefe del Estado Mayor, Gonzalo Alberto Rocabado y el ex comandante de la Fuerza Aérea, José Osvaldo Quiroga, recibieron la pena de 10 años de cárcel.
EX MINISTROS
La parte complementaria de la sentencia continúa "declarando a Erik Reyes Villa y Adalberto Kuajara autores mediáticos en grado de complicidad en delito de genocidio bajo la modalidad masacre sangrienta, condenándoles a la pena de presidio de 3 años a cumplir en el penal de San Roque".
El fiscal general Mario Uribe que pidió 30 años de cárcel dijo que valorará el sustento de la sentencia dictada ayer.
"Nosotros, como Ministerio Público, seguimos sosteniendo, obviamente, conforme a lo que habíamos pedido, la máxima pena a aplicarse", dijo Uribe a tiempo de adelantar que "una vez que se dé la lectura correspondiente de toda la sentencia el suscrito fiscal se pronunciará respecto a la valoración que ha desarrollado el Tribunal".
Uribe dijo, sin embargo, que "el Ministerio Público ha cumplido con su misión constitucional y legal del ejercicio de la acción penal pública".
EXTRADICIÓN
El ex fiscal del caso y ahora abogado de las víctimas, Milton Mendoza dijo que la sentencia "abre las puertas para una extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada".
Hasta hoy, Sánchez de Lozada, que gobernó entre los años 2002 y octubre de 2003, "era un sindicado, pero al existir una sentencia emitida por el máximo tribunal de justicia de Bolivia, forma parte de los acusados en este caso", dijo Mendoza.
"La justicia es extensible a este ex presidente, ya que él ejercía el cargo de Capitán General de las Fuerzas Armadas cuando se produjo la masacre sangrienta", agregó Mendoza.
Mendoza recordó que Sánchez de Lozada y sus ministros firmaron el decreto supremo que ordenó la represión contra civiles que protestaban en las calles de la ciudad de El Alto contra la política económica del Gobierno.
"Se trata de una masacre sangrienta en la que murieron 67 personas y otras 400 resultaron con heridas, algunas de ellas de gravedad", dijo Mendoza.
El juicio se instaló el 18 de mayo de 2009 y contó sólo con la participación de siete de los 17 acusados. Un total de diez acusados fugaron del país pese a que la parte acusadora y el fiscal solicitaron su detención preventiva. En junio se informó de la muerte del ex ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, en Miami.
"Estamos listos para conseguir nuestro próximo reto que es la extradición de Sánchez de Lozada. Éste es nuestro próximo camino y estaremos seguramente prestos para seguir luchando", dijo el abogado de las víctimas de "octubre negro", Rogelio Mayta.
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