9 de ago.- El Órgano Ejecutivo promulgó ayer la Ley de Telecomu-nicaciones y con ello abrió un nuevo ciclo en el sector para promover el acceso universal a los servicios de información, comunicación y al servicio postal.
El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, dio a conocer que esta disposición precautela el derecho de los sectores con menores ingresos y de aquellos grupos con necesidades especiales de acceder a estos servicios bajo parámetros de calidad y precios accesibles.En términos generales, la disposición legal precautela los derechos relacionados con la comunicación, educación, acceso al conocimiento, ciencia, tecnología y cultura.
El Gobierno también garantiza la privacidad de la comunicación por cualquier medio tecnológico o postal en concordancia con la Constitución Política del Estado (CPE).
El Estado sostiene que la comunicación e información dada por estos medios es inviolable y secreta. Recalca que no pueden ser “interceptadas, interferidas, obstruidas, alteradas, desviadas, utilizadas, publicadas o divulgadas, salvo en los casos determinados por ley”.
La norma también alude a la innovación tecnológica y refiere que promoverá una tecnología propia para las telecomunicaciones y el desarrollo de la información y comunicación.
FRECUENCIAS
El plan nacional de frecuencias reglamentará el uso equitativo y eficiente del espectro radioeléctrico.
Para ello, dice la normativa, se tendrán en cuenta aspectos económicos, de seguridad, educativos, científicos, de interés público y técnicos.
Estas consideraciones estarán adecuadas a políticas de Estado, intereses nacionales y compromisos internacionales aprobados.
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, de acuerdo con el plan nacional de frecuencias, será el que vele por la administración, asignación y control del uso de las frecuencias electromagnéticas en redes de telecomunicaciones y radiodifusión.
La distribución de canales para el servicio de radiodifusión en frecuencia modulada y televisión analógica estará distribuida de la siguiente manera: Estado, hasta 33%; comercial, en igual rango; social comunitario, hasta 17%; y pueblos indígena originario campesinos, otros 17%.
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