Las partes deberán asistir a diario a la Corte Suprema, hasta el fallo |
El Tribunal cerró ayer la fase de debates en el juicio por los muertos y heridos de Octubre Negro e ingresó a deliberar su sentencia en sesión permanente y sin fijarse un plazo. Entre tanto, los acusados, la acusación particular y la Fiscalía deberán asistir a la Corte Suprema de Justicia, en horarios de audiencia, tras una decisión tomada después de que el Ministerio Público solicitara medidas para garantizar la presencia de las partes en el momento de la sentencia.
El juicio arrancó el 18 de mayo de 2009 con diez acusados —ya el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ex ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague llevaban años en Estados Unidos—, pero de ellos sólo siete llegaron al final, después de dos años, dos meses y 24 días de iniciado el proceso, en el que el Ministerio Público, los abogados de las víctimas y los acusados expusieron ante el Tribunal de Juicio sus pruebas de cargo y de descargo, documentales y testificales.
Finalmente, cada una de las partes tuvo su oportunidad de emitir ante los juzgadores su conclusión y sus “últimas palabras”, fase que precisamente terminó ayer, con la intervención de los ex comandantes de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Naval, que cerraron la fase de debates, dando paso a la deliberación del tribunal para emitir su sentencia.
A las 17:15 de ayer, el presidente del Tribunal de Juicio, Ángel Irusta, dio por cerrado el debate y, tras reunirse con fiscales y abogados de las partes, conforme dice la ley, declaró por continuada la audiencia hasta que el Tribunal salga y dicte su resolución. “Saben que todos los días, aún si es que llegamos a sábado y domingo, deberán estar presentes de 9:00 a 12:00 y de 14:30 a 18:00 en esta sala”, remarcó.
El ministro Hugo Suárez precisó que la sesión del tribunal será reservada, sin contactos telefónicos con nadie; prevén trabajar al menos diez horas diarias. Agregó que espera que la vigilia de las víctimas y familiares de los fallecidos continúe siendo pacífica porque, dijo, sería imposible sesionar en medio de petardos y otras formas de presión, lo que podría provocar la suspensión de la deliberación.
La seguridad fue prevista con anticipación por las autoridades de la Corte Suprema. El responsable de seguridad del máximo Tribunal, coronel Freddy Olivares, garantizó la seguridad de la infraestructura y de las partes del juicio en el momento de la sentencia.
EVALUACIONES
Tras esto, surgieron los recuentos y las evaluaciones.
El Fiscal General, Mario Uribe, calificó de histórico el proceso al asegurar que el Ministerio Público desarrolló sus funciones con responsabilidad, enmarcado en sus atribuciones, la Constitución, las leyes y tratados y convenios internacionales.
Recordó que el Ministerio Público presentó más de 320 pruebas testificales, 1.800 pruebas documentales y periciales, “suficiente para generar en el Tribunal la convicción respecto de la responsabilidad y participación de los hechos con relación a cada uno de los acusados”.
Por su parte, el abogado de las víctimas, Rogelio Mayta, advirtió que la sentencia contra los siete acusados cerrará un primer capítulo, pero seguirán “persiguiendo” al resto de los acusados que huyeron fuera del país como Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y otros hasta conseguir su condena.
En esa línea, el representante de las víctimas, Juan Patricio Quispe, ratificó su pedido de sentencia condenatoria de 25 años contra los acusados por los delitos cometidos, para que nunca más nadie se atreva a matar aprovechando el poder político o militar.
El abogado del general Juan Veliz, Germán Quiroz, también tuvo palabras al final de la tarde. Solicitó al Tribunal revisar prueba por prueba y encontrar una sola responsabilidad de cada uno de los acusados con cada una de las víctimas; añadió que los abogados defensores están convencidos de que no hay ninguna responsabilidad penal en contra de sus defendidos y, por ello, esperan la absolución.
Recalcó que ni el Ministerio Público ni la acusación particular demostraron la figura de “masacre sangrienta” en septiembre y octubre de 2003, porque en su criterio hubo “enfrentamiento” entre los movimientos sociales y las fuerzas del orden, que derivó en la huida de Sánchez de Lozada.
LA VIGILIA SEGUIRÁ EN SUCRE
El abogado de las víctimas, Rogelio Mayta, anunció que continuarán en vigilia hasta escuchar la sentencia, aunque esperan que no demore mucho, pese a la complejidad del caso y a que el Tribunal requiere tiempo.
Manifestó que tras ocho años de la denominada “Guerra del Gas”, termina un primer capítulo de la “lucha”, pero que seguirán impulsando el juicio en contra del resto de los acusados que están declarados en rebeldía.
Juan Patricio Quispe, representante de las víctimas, anunció la llegada de más gente para el día de la sentencia, pero la espera será pacífica hasta que el Tribunal emita su fallo, aseguró.
Otras de las victimas, Justino Quispe, dijo que concluida la fase de debates hay un sentimiento de “satisfacción”, pero sigue la espera de una sentencia en la vigilia, con al menos 50 personas, entre varones, mujeres y niños.
COBERTURA PERIODÍSTICA
Hasta este momento, los medios de comunicación no tuvieron acceso al Salón de Debates por restricción del Tribunal y, por ello, no pudieron informar de algunos detalles de las audiencias. Todo estaba limitado a dos televisores que mostraban escasos detalles pese a tener varias cámaras, y recién hace unos dos días, mostraron lo que ocurría en el Salón desde otros ángulos.
Para el día de la sentencia, se mejorará el control, pero no la cobertura de la prensa. El responsable de seguridad de la Corte Suprema de Justicia, coronel Freddy Olivares, anunció que habrá pases especiales sólo el día de la sentencia para que los periodistas se desplacen en lugares autorizados por el Presidente del Tribunal.
La decana en ejercicio de la Corte Suprema, Beatriz Sandoval, informó que habilitaron otros ambientes para la prensa tomando en cuenta que se acreditaron medios internacionales como CNN, BBC de Londres y otros para otorgarles mayor comodidad.
Sin embargo, dejó en manos del Tribunal la decisión de permitir a la prensa el ingreso al salón o que sigan la audiencia mediante un televisor.
A los fotógrafos sólo se les permite tomar fotos desde la puerta y sin utilizar flash.
El ministro Suárez sugirió que podrían habilitar televisores incluso fuera de la Corte Suprema de Justicia para el seguimiento de otras personas.
LOS ACUSADOS
Dentro de este caso fueron acusados el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, sus ministros Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague, Yerko Kukoc, Mirtha Quevedo, Javier Torres Goytia, Jorge Torres Obleas, Guido Áñez Moscoso, Hugo Carvajal Donoso, Dante Pino Archondo, Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara. Además, los ex miembros del Alto Mando Militar de 2003 Juan Veliz Herrera, Luis Alberto Aranda Granado, José Oswaldo Quiroga Mendoza, Roberto Claros Flores y Gonzalo Rocabado Mercado.
Llegaron hasta el momento final del juicio los ex ministros Adalberto Kuajara y Erick Reyes Villa y los cinco ex comandantes, acusados todos por genocidio en su modalidad de masacre sangrienta, homicidio, lesiones graves y gravísimas y otros.
Los que huyeron buscaron asilo y refugio en diferentes países, alegando falta de garantías al debido proceso.
El Fiscal General, Mario Uribe, anunció ayer la conformación de un equipo especial de fiscales para reactivar el trámite de extradición no sólo de Sánchez de Lozada que está en Estados Unidos, sino para pedir la revocatoria del asilo de los que gozan de este beneficio en otros países.
DOS EX COMANDANTES CIERRAN FASE DE “ÚLTIMAS PALABRAS”
Los últimos en decir su “última palabra” fueron los ex comandantes José Quiroga Mendoza y Luis Alberto Aranda Granados.
El ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, José Quiroga Mendoza, señaló que su ejercicio estaba establecido en la ley, y en caso de incumplimiento, era pasible a un proceso militar que sanciona con diez años de cárcel.
Manifestó que la Fiscalía y la acusación particular involucraron a los cinco ex jefes militares en la comisión de los mismos delitos y por ellos piden 25 años de cárcel, sin individualizarlos ni tomar en cuenta que tienen diferentes responsabilidades en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas; menos, dijo, fueron identificados en las relaciones circunstanciales de los hechos.
Advirtió varias contradicciones y falta de objetividad en la acusación. Puso como ejemplo que la Fiscalía, en sus conclusiones, le acusó de haber organizado la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003, pero en la fase de conclusiones no fundamentó aquello porque era falso.
También dijo que lo acusaron por los hechos de septiembre cuando él no era comandante de la FAB, sino su colega Oscar Mariscal, y recién asumió el cargo en octubre de ese año, pero su antecesor no fue convocado.
El militar dijo que el Fiscal General, en sus conclusiones, manifestó que los ex jefes militares debían discriminar al cumplir una orden del Presidente de la República de acuerdo a los antecedentes, pero se preguntó ¿basado en qué ley?, cuando sólo deben cumplir la ley.
Quiroga dijo también que fue acusado por autorizar la salida de tanques de guerra cuando esa facultad es del Ejército. También recordó que lo acusaron de la aprehensión a civiles, pero no se mostró si eran miembros de la FAB, que no estaban en operativos en las calles, precisó.
Sobre el traslado de los convoy con combustible del que también fue acusado, señaló que éste fue por orden del ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, en el que no tuvo ninguna participación y tampoco recibió ningún instructivo de la autoridad política
“Soy juzgado por ser parte de la cúspide militar”, cuando debía ser juzgado por lo que hice y no lo que soy, agregó.
Aclaró que el arma de la FAB no sólo mata, sino destruye, y no se demostró que se haya utilizado en el conflicto.
Por su parte, el ex comandante de la Fuerza Naval, almirante Luis Alberto Aranda Granados, responsabilizó al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada de la utilización de las Fuerzas Armadas en el conflicto de la “Guerra del Gas” y aclaró que los comandantes sólo son ejecutores, no toman decisiones.
Habló del plan Murciélago que fue consensuado con la Iglesia, el Defensor del Pueblo y Derechos Humanos, y permitió el rescate de varias personas.
Dijo que este juicio es contra las Fuerzas Armadas y sus comandantes que son “chivos expiatorios” de los gobiernos “dictatoriales”; lamentó que por ser comandantes sean tildados como “criminales”, “psicópatas” y “máquinas de matar”.
Acotó también que desde septiembre, sus efectivos limpiaron las carreteras, y contó como anécdota que sus soldados y las personas movilizadas en una determinada zona “coordinaron” de que en el día sacaran sus piedras y palos los unos, y los otros los levantaran en otra hora determinada.
Señaló que en el conflicto había jóvenes incrustados entre los movilizados con armas de fuego que disparaban a los manifestantes y las FFAA, pero ellos fueron beneficiados con la amnistía.
Comentó que uno de sus efectivos fue torturado, amarrado con alambre, rociado con diesel y estuvo a punto de ser quemado, pero por suerte la turba no pudo encender fuego y decidió romperle uno de los brazos que, finalmente, le fue amputado; sin embargo, ése uniformado no fue contado como víctima ni testigo por la Fiscalía.
Advirtió que una sentencia por autoría mediata puede ser mal utilizada por los mandos inferiores que pueden excederse sabiendo que la responsabilidad será de su comandante.
“Nos han hecho señalar como asesinos por gente que les está mintiendo”, aseveró Aranda dirigiéndose a las víctimas, y pidió su declaratoria de inocente.
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