La Empresa Rural Eléctrica de La Paz (Emprelpaz) teme ser intervenida; sin embargo, garantiza la prestación del servicio a 17 poblaciones y niega estar en mala situación financiera.
“Emprelpaz opera en 17 provincias, no corre ningún riesgo la continuidad del funcionamiento, se garantiza la prestación del servicio de electricidad. En la parte técnica hemos realizado trabajos de mantenimiento en las seis subestaciones que tenemos en Palca, Viacha, Mallasa, Achacachi, Huarina y Chaguaya”, aclaró el gerente general de la compañía, David Olivares.
Así respondió el directivo a un informe de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) que fue dado a conocer por este medio ayer, donde se revela que la compañía tiene una deuda acumulada de 34 millones de bolivianos y que además incumplió acuerdos de calidad y seguridad de la prestación de su servicio.
Olivares negó ante Página Siete que la empresa, que provee de electricidad a cerca de 87.000 usuarios de las provincias y áreas periurbanas paceñas, esté pasando por una situación financiera difícil.
Destacó que desde 2005, cuando la empresa retornó a cargo de sus socios luego de haber sido intervenida por 18 meses por la entonces Superintendencia de Electricidad (AE), su patrimonio creció de cinco millones de bolivianos a casi 55 millones, hasta junio de este año.
Al respecto de la deuda, el ejecutivo declaró que, en enero de 2005, la ex Superintendencia devolvió Emprelpaz a los socios propietarios con 51 millones de bolivianos en pérdidas; “es decir, nos dejó en quiebra técnica, me sorprende que siendo ellos los que empeoraron a la empresa, ahora quieran decir que todo está mal”, señala Olivares.
Actualmente la situación habría mejorado y la empresa tendría por lo menos 2,5 millones de bolivianos de ganancias anuales. “Técnica y financieramente no hay riesgo de quiebra”.
Las deudas, dice el gerente, datan de hace más de 33 años. A Electropaz sólo se debe lo correspondiente a un mes, cerca de 1,5 millones de bolivianos, por la compra de energía.
Sobre las deudas con la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), “mantuvimos reuniones hasta hace ocho meses y no tienen documentos que respalden la existencia de una deuda de 2,1 millones de dólares”.
En torno a la probabilidad de que la AE intervenga la empresa por el supuesto incumplimiento de los compromisos asumidos en sus contratos, los representantes de las provincias Camacho y Omasuyos en el directorio, José Mollericona y Eusebio Huallpa, anunciaron que los usuarios saldrán a bloquear las carreteras en caso de que la AE intervenga.
Esta empresa tiene cerca de 20.000 accionistas, cada uno con un derecho propietario equivalente a 2.500 bolivianos, quienes -en caso de una intervención- reclamarán que se les haga el resarcimiento correspondiente.
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