Bolivia, (elSistema.info).- Como resultado de las dos primeras fases del Plan Cerrojo, las Fuerzas Armadas (FFAA) se incautaron —del 9 de junio al 18 de septiembre— de 293 vehículos, entre indocumentados (chutos) y con mercadería de contrabando. Los operativos militares se realizaron en Oruro y Potosí.
La Razón acompañó el fin de semana a la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, en un recorrido por los puestos militares de avanzada que se encuentran en la frontera con Chile.
El comandante de la Segunda División del Ejército de Oruro, coronel Juan Carlos Massy Guzmán, dijo que desde el 9 de junio hasta el 18 de septiembre fueron incautados 293 motorizados como resultado del Plan Cerrojo, que fue implementado en las fronteras del país.
“Esta cantidad incluye los camiones que contienen mercadería. Muchos de ellos (los camiones) tienen papeles legales, pero la mercadería es ilícita”, detalló el jefe militar.
La Ministra de Defensa agregó que el control del contrabando se viene ejecutando desde el 9 de junio por etapas, “debido a que es necesario hacer un procesamiento de las movilidades y el material que fueron confiscados”.
“En la primera, que duró un mes y medio, se incautaron más de 100 vehículos que están en el Regimiento Camacho en calidad de depósito. Sus dueños ya han concluido con la fase de entrega de documentos exigidos en el proceso de confiscación y las actas de intervención conjuntamente con el Control Operativo Aduanero (COA)”.
Según el comandante del Regimiento de Infantería (RI) 22 Mejillones, mayor Eduards Aguilar Quiroga, las vagonetas, minibuses y camiones incautados en la segunda etapa son el resultado del trabajo ejecutado por la II División de Ejército. “24 fueron decomisados por el RI- 21 (localidad de Uncía), 49 por el RI- 22 y los últimos 5 por el Regimiento de Artillería Camacho (sector de Todos Santos) y el Batallón de Ingenieros 7 Sajama”.
Chacón explicó que los conductores de las movilidades están en el proceso de acreditar su compra legal y, para el caso de los camiones, de certificar el contenido de los mismos. “De ello depende que se proceda a la entrega y distribución de los beneficios de esta lucha contra el contrabando entre toda la población que lo necesite, como lo señala la Ley 100 de Aduanas”.
Sostuvo que los camiones se encuentran “encarpados”. “No se sabe lo que contienen, pero que como no presentaron papeles que acrediten su legalidad se está esperando que venga el COA para hacer el relevamiento del contenido y, de acuerdo a la norma, proceder a repartir los beneficios de esta lucha contra el contrabando entre la población necesitada”.
Subrayó que los resultados eran la parte tangible del control, pero que existe otra, no visible, que se refleja en el incremento de las recaudaciones. “El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ya reportó un aumento en el ingreso de la mercadería de manera legal”, señaló la ministra Chacón.
Luego de tres meses de patrullaje, los efectivos militares de la fuerza de control de avanzada determinaron que las zonas ubicadas entre el salar de Coipasa y la localidad de Pisiga son los puntos de ingreso del contrabando. Las rutas no fueron reveladas por motivos de seguridad y control.
A la fecha, más de 128 mil vehículos indocumentados tramitan su nacionalización en la Aduana Nacional.
Ley contra el contrabando
La Ley N° 100 establece mecanismos para la ejecución de políticas de desarrollo integral y seguridad en las fronteras, así como prevención, control y lucha contra el contrabando. La norma premia a los que denuncian a los contrabandistas.
Control genera reacción negativa
El comandante del Regimiento de Infantería (RI) 22 Mejillones, mayor Eduards Aguilar, indicó que existen reacciones aisladas de personas que han visto afectada su actividad por la labor que los militares efectúan.
“No podemos generalizar, pero hay un sector de la población que se dedica a la actividad del comercio ilegal que se resiste a nuestra presencia en la línea de frontera y demuestra su descontento negándonos algunos servicios y a la alimentación. En algunos casos nos han negado la venta de víveres y de algún artículo de primera necesidad”.
La ministra de Defensa, Cecilia Chacón, aseguró a este medio que en algunas zonas de la frontera el flujo regular de contrabandistas generaba un movimiento económico, el cual disminuyó considerablemente con la implementación del Plan Cerrojo.
“Confiamos en que la población boliviana tenga conciencia sobre nuestro trabajo que beneficia al país en las recaudaciones, y por los recursos que van a ser destinados a salud, educación y otras áreas”, explicó la autoridad.
Por otro lado, el mayor Eduards Aguilar dijo que otro problema con el que tropezaron durante el patrullaje es que los contrabandistas empezaron a organizarse. “Ya no operan de forma independiente, sino que se reúnen en grupos de 5 hasta 30 personas y vienen armados con armas de pequeño calibre”.
Juliana Benito de Pérez, habitante del salar de Coipasa, dijo que con el control se redujo la delincuencia que había en el lugar. “Con los militares aquí ya podemos caminar tranquilos”.
750 militares resguardan 850 km de la frontera
El comandante de la Segunda División del Ejército, coronel Juan Carlos Massy Guzmán, informó de que 750 efectivos militares controlan la zona fronteriza con Chile en puestos fijos y de avanzada que fueron instalados en sectores estratégicos. El territorio que es vigilado comprende 850 kilómetros de la frontera con Chile.
El primer puesto se encuentra ubicado en la II División del Ejército, en Oruro. A éste le siguen los regimientos asentados en Huachacalla y Pisiga, con el puesto militar adelantado Tambor José Santos Vargas.
En el salar de Coipasa se encuentran la Patrulla del Regimiento de Infantería (RI) 21 Illimani, el puesto de control fijo Huayllas, que está entre los hitos 34-35; Bella Vista, con el Regimiento Satinadores de Montaña 24, Tte. Félix Méndez Arcos (Potosí); Llica, con el puesto adelantado Mayor Ballivián y el de control en el municipio de Salinas de Garci Mendoza.
0 Comentarios