Como se conoce, la Asociación Nacional de Periodistas, entre otras entidades, se declaró en alerta por el proyecto de ley 305 de “Cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, remitida por el presidente Luis Arce al legislativo, ya que observa un nuevo intento de implementar una “ley mordaza” contra la Ley de Imprenta y la libertad de expresión.
Por ello, Panamericana recabó criterios diversos sobre el tema, comenzando por el que compartió la presidenta de la organización mencionada, Zulema Alanes, quien resaltó el comunicado de rechazo emitido recientemente.
Alanes recordó que el gobierno ya pretendió, sin éxito, limitar el trabajo de la prensa en el pasado, por lo que criticó su insistencia en aplicar medidas coercitivas entre la sociedad y criminalizar el derecho a la protesta y al disenso, fundamental para mantener un sistema democrático.
La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, concluyó que las intenciones detectadas no son admisibles en la actualidad.
También el secretario de libertad de prensa de la organización, Osvaldo Candia, aludió al evidente retroceso en el ejercicio de los derechos humanos en Bolivia, en el afán de replicar regímenes autoritarios como los que se observan en Nicaragua, Venezuela y Cuba.
El profesional cuestionó además que el gobierno intente aplicar herramientas de control social amparándose en la presunta defensa de los derechos humanos y simultáneamente, dice, vulnerando principios democráticos.
Sobre el tema de debate, la senadora de la alianza opositora Creemos, Centa Rek, advirtió que la norma de referencia podría convertirse en un instrumento peligroso y de alto riesgo para las libertades ciudadanas, tomando en cuenta el sometimiento del sistema judicial al poder político del MAS.
La legisladora rechazó las pretensiones de ejercer control total sobre las reacciones de los bolivianos para defender reivindicaciones sociales y garantías constitucionales.
Por su parte, la politóloga Jimena Costa, sostuvo que es preciso analizar todos los elementos, a manera de “piezas de un rompecabezas” para comprender la figura completa, en alusión al interés del gobierno de construir un régimen hegemónico mediante leyes restrictivas.
A su parecer, esta actitud se relaciona a previsiones para limitar la protesta social y la libertad de expresión en un contexto adverso a nivel político y económico.
Para la analista y exdiputada nacional, la obstinación del gobierno no es garantía de éxito en su cometido, pues se encuentra debilitado y en desventaja frente a la firmeza de la ciudadanía que no dudará, augura, en ofrecer resistencia mediante medidas de presión de ser necesario.
Sin embargo, el Ministro de Justicia, Iván Lima, aclaró aspectos relevantes del proyecto de ley objetado, en particular sobre el artículo que respaldaría el temor de que se implemente una “ley mordaza”.
Sobre este punto, recalcó que no apunta a limitar el derecho a la libertad de prensa y de expresión, sino garantizar efectividad contra el racismo y los discursos de odio.
A tiempo de subrayar que el propósito de la norma es proteger a grupos vulnerables de un mal uso de la libertad de expresión, la autoridad reafirmó que no existe posibilidad de que la Ley de imprenta sea vulnerada en su regulación al trabajo periodístico.
El ministro, Iván Lima, finalizó su intervención ratificando la disposición del gobierno del presidente Luis Arce a establecer diálogo con todos los sectores en emergencia por la normativa expuesta y otras que causan inquietud en la coyuntura, pues el derecho a discrepar “es respetado en una sociedad democrática”.
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