En medio de un creciente descontento en Sucre, donde instituciones se organizaban para ejercer presión sobre el Gobierno, se conoció este miércoles que el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, promulgó el 6 de septiembre la Ley 248 que condona una millonaria deuda de las empresas de servicio Elapas y Aapos, con la instrucción para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.
Se trata de la “Ley para garantizar el abastecimiento de agua potable y saneamiento básico en los municipios de Sucre y Potosí”, que elimina el pago de una deuda que ya había sido condonada al Estado boliviano por la Cooperación alemana. A pesar de esto, tanto la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (Elapas) como la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias (Aapos) de Potosí, continuaban pagando alrededor de 7 millones de bolivianos anuales, con un compromiso hasta el año 2072.
“Todo el procedimiento legislativo se ha cumplido de acuerdo a la constitución. La ley en este momento ya está promulgada. Según la nota de remisión, solo falta la publicación en la gaceta, un proceso netamente administrativo”, manifestó Omar Aguilar, proyectista de la norma, exsenador (MAS) y actual portavoz de la Alcaldía de Sucre.
La senadora Laura Párraga (MAS) indicó a Correo del Sur Radio (90.1 FM y 890 AM) que la norma fue promulgada el 6 de septiembre, destacando la rapidez del proceso por parte del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Choquehuanca.
“No esperó los diez días estipulados en el reglamento; al tercer día ya estaba promulgada”. No obstante, la publicación en la Gaceta Oficial es una tarea que ha sido encomendada a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada”, sostuvo y advirtió que la demora en esta publicación podría estar relacionada con la falta de un reglamento.
EL TENOR DE LA LEY
Como proyectista, Aguilar detalló que el artículo 1 de la ley establece la condonación de la deuda, mientras que el artículo 2 estipula que los recursos deben reinvertirse en proyectos de saneamiento básico y agua potable.
Un segundo parágrafo prohíbe el uso de estos fondos para gastos corrientes como sueldos y salarios, mientras que un tercer artículo señala que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) será la encargada de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones.
“Creemos que hemos cumplido con Sucre y Potosí, ya que se les condona una deuda que actualmente alcanzaba más de 270 millones de bolivianos”, afirmó Aguilar.
Al respecto, Juan Carlos Miranda, ejecutivo de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), aseguró que su organización se convertirá en “celoso fiscalizador” de estos recursos y convocará a reuniones con Elapas para impulsar proyectos en beneficio de la población.
El diferimiento de la deuda y observaciones del Ejecutivo
La norma, que había sido sancionada en 2021, enfrentó un retraso debido a observaciones planteadas por el presidente Luis Arce. Aunque se aprobó un decreto supremo para el diferimiento de la deuda, este solo era por cinco años, medida que no dejó conforme a la población sucrense que de tanto en tanto le recordaba al Gobierno que estaba pendiente la promulgación de la Ley 248.
Después de tres años de estancamiento, el lunes 2 de septiembre, la ALP rechazó con más de dos tercios las observaciones del Ejecutivo, que libera definitivamente la deuda con el Estado Elapas y Aapos, y dispuso su promulgación.
En esa oportunidad, el diputado Pablo Arízaga (CC) explicó que una de las principales observaciones del presidente Arce era falta de firmas de autoridades como las del expresidente de Senadores (en el pasado, Milton Barón) y de Sergio Choque (presidente de Diputados)”, motivo por el cual, incluso el proyecto había sido desahuciado.
DEMANDAS DE PROMULGACIÓN
La tardanza en la promulgación de la ley generó malestar en las diferentes instituciones vivas de Sucre. La Gobernación de Chuquisaca, había anunciado que junto con la Alcaldía de Sucre y la Universidad San Francisco Xavier, enviarían una carta a la ALP para solicitar su pronta publicación.
La Fedjuve también había decidido enviar una misiva con el mismo pedido, al igual que la Brigada de Asambleístas Plurinacionales de Chuquisaca.
Mientras que la Central Obrera Departamental (COD) había amenazado con movilizaciones si no se obtenía una respuesta positiva.
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