El Ministerio Público abrió una investigación contra el ahora exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, y su asesor jurídico por los delitos de falsedad en declaraciones juradas en bienes y rentas, y legitimación de ganancias tras hallar el movimiento de más de Bs 1.000.000 desde sus cuentas bancarias sin justificación del dinero.
“El salario del ministro es de aproximadamente Bs 21.000, pero los movimientos bancarios son mucho más, estamos hablando de más de un millón de bolivianos que se movieron”, señaló el fiscal anticorrupción asignado al caso, Miguel Cardozo, en entrevista con Cadena A.
Las investigaciones preliminares apuntan a que Lisperguer adquirió nueve inmuebles que no fueron registrados en su declaración jurada ante la Contraloría General del Estado.
Las investigaciones, según ERBOL, comenzaron desde 2021, año en el que la exautoridad y su exasesor jurídico, Gabriel D. A., habrían ejercido funciones en el actual Gobierno, pero en otras instituciones del Estado.
El exasesor jurídico habría declarado como patrimonio una motocicleta y un anticrético de Bs 350.000, mientras que Lisperguer solamente señaló tener un inmueble en la ciudad de Cochabamba y una deuda bancaria por Bs 150.000, según dijo el fiscal Miguel Cardozo a ERBOL.
Posteriormente, en su ampliación de su declaración jurada, ambos habían incrementado su patrimonio. Gabriel D. A. ya tenía a su nombre tres vehículos de alta gama y un incremento en su anticresis de Bs 450.000.
En tanto que el exministro registró a su nombre nueve bienes inmuebles en diferentes partes del país.
Como parte de la investigación, señaló Cardozo, las personas que realizaron las transferencias a las cuentas de ambos sindicados serán citadas a declarar para conocer el origen del dinero.
Lisperguer fue destituido de su cargo por el presidente Luis Arce, quien afirmó que no tolerará ningún indicio o acto de corrupción en su gobierno.
La Fiscalía abrió la investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada.
SEIS
La destitución de Alan Lisperguer del cargo de Ministro de Medio Ambiente y Agua, se suma al bloque de autoridades que cayeron por denuncias de corrupción durante los cuatro años de Gobierno de Luis Arce desde el año 2020.
En 2023, Juan Santos Cruz, exministro del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, fue acusado por actos de corrupción en el caso “coimas millonarias” en procesos de adjudicación de obras y otros hechos irregulares. Por el momento, la exautoridad se encuentra privada de libertad a espera de resultados del juicio penal instaurado en su contra.
En marzo de 2024, Édgar Pary presentó su renuncia al cargo de Ministro de Educación en medio de acusaciones de corrupción por presuntamente favorecer a su empresa familiar y ofrecer contrataciones del Estado. Pary fue denunciado por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles y sociedades o asociaciones ficticias o simuladas.
En 2021, Adrián Quelca presentó su renuncia al cargo de Ministro de Educación tras ser imputado por la Fiscalía por el delito de incumplimiento de deberes en el marco del caso “tráfico de exámenes” en la designación de cargos directivos. Sin embargo, en 2022 se ordenó su sobreseimiento.
En el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, dos polémicas destituciones marcaron el Gobierno de Luis Arce.
En 2020, Wilson Cáceres fue destituido luego de que se revelara que contrató a su expareja como jefa de gabinete. La misma ordenó que todos los servidores públicos del ente renunciaran a sus cargos, acto que desató polémica.
Tras esta destitución, Luis Arce posesionó a Ronald Caracayo como nueva autoridad en la cartera. Sin embargo, cuatro meses después fue aprehendido en flagrancia tras recibir un soborno de 20.000 dólares para beneficiar a “un sector” en la adquisición y saneamiento de tierras.
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