La ley, que en principio obedecía a un deseo de cambio para atender las realidades de las diferentes provincias, puede convertirse en un peligroso instrumento que logre en lo jurídico lo que no se pudo ganar en las urnas: la cabeza de importantes funcionarios opositores.
La norma fue aprobada en la Cámara de Diputados luego de que la mayoría oficialista impusiera su superioridad numérica. En adelante las asambleas departamentales podrán suspender de sus cargos a los gobernadores y alcaldes que enfrenten acusaciones formales en su contra. Y ahí está el meollo del asunto. En las últimas elecciones regionales, de abril pasado, la oposición eligió en Santa Cruz, Tarija y Beni a tres gobernadores que ya tienen denuncias en su contra formuladas por funcionarios del gobierno nacional. Lo anterior ha sido visto como una medida jurídica con finalidad política para inhabilitar a los nuevos mandatarios regionales adversos, una vez éstos asuman sus cargos el próximo 30 de mayo. Como lo expresó un dirigente opositor, la medida busca “descabezar las gobernaciones”. El presidente Morales, por su parte, niega cualquier intención de su gobierno en ese sentido y ha dicho que quienes han criticado la ley “son como corruptos confesos”.
Evo llegó a la Presidencia en nombre de los indígenas y los cocaleros, que mediante huelgas y paros propiciaron la caída de tres presidentes. Como primer mandatario asumió la legítima reivindicación de estos sectores sociales excluidos, marginados y explotados por generaciones. Su popularidad tuvo un punto culminante en las elecciones presidenciales de diciembre pasado, cuando fue reelegido con cerca del 65% de los votos. Morales logró entonces sumar a su causa a una parte importante de la clase media. Sus exitosos programas sociales, su lenguaje nacionalista y su reivindicación de lo autóctono, en un país mayoritariamente indígena, estructuraron una propuesta política sustentada en los altos precios de sus recursos energéticos.
Sin embargo, en reciente artículo, el ex presidente boliviano Carlos Mesa dice que Morales ha perdido el “halo de mito intocable”. Son varios los motivos. En su reciente visita a España afirmó alegremente que el Partido Popular estuvo detrás de un fallido golpe de Estado en su contra. El canciller español, Miguel Ángel Moratinos, debió salir a desmentirlo públicamente. En materia económica continúa con el esquema de nacionalizaciones con un modelo confrontacional en el cual se indemniza a dichas empresas de manera unilateral, propiciando así un alejamiento de la inversión extranjera y numerosos procesos en contra del Estado. Por ahora los vientos económicos le siguen siendo favorables, pero todavía no se han hecho las inversiones necesarias, en campos estratégicos del sector productivo, para las épocas futuras de vacas flacas.
Por el lado político, en las elecciones regionales de abril, su partido, el MAS, ganó la mayoría de las alcaldías rurales, pero obtuvo menos votos que en diciembre y experimentó un retroceso en las zonas urbanas, donde siete de las diez principales ciudades quedaron en manos de la oposición, entre ellas La Paz y Oruro, dos de sus bastiones. Lo mismo sucedió con las gobernaciones de Santa Cruz, Tarija y Beni.
Unos meses atrás, Morales decidió nombrar, a dedo y por decreto, a 18 altos jueces, lo que puso en entredicho la independencia del Poder Judicial y la imparcialidad en sus fallos. De ahí que el dilema de Evo, en adelante, será el de respetar dentro del juego democrático las reglas de la institucionalidad o, en su defecto, seguir escorando hacia un inaceptable autoritarismo, que parece copiado de su mentor bolivariano.
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