Consideran político acto contra hermana de presidente boliviano

La Paz, 7 jun (PL) El gobierno boliviano consideró hoy como político un acto delincuencial cuando algunos extremistas en la región de Oruro (altiplano) apedrearon la casa de Esther Morales, la hermana del presidente Evo Morales.

  Supuestamente algunos vecinos protestaban de esa manera el pasado sábado por la presunta reacción tardía del Ejecutivo y la policía en el caso del linchamiento de cuatro efectivos en mayo último, en Uncía (norte de Potosí).

En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Iván Canelas, señaló que se tienen imágenes en la que aparece el juez Johnny Walter Castellú, en la masacre de Porvenir (Pando), en septiembre de 2008, el mismo que ahora denunció a la policía por haber actuado supuestamente con indiferencia en esos hechos.

Lamentamos que un hecho delincuencial y policial se convierta en político, instigado por algunos que quieren dañar la imagen del Ejecutivo y se aprovechan del dolor de las familias de las víctimas, remarcó.

También estimó como ilegal un informe de un forense que aseguraba que uno de los uniformados había sido asesinado por los lugareños, días después de la negociación del Ejecutivo y los ayllus (comunidades indígenas) para que devolvieran los cuerpos de los efectivos de la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (DIPROVE).

Ese informe de un forense de Oruro, sospechosamente, se hizo público sin la autorización del fiscal a cargo del caso, es decir no tiene validez legal, precisó.

Además señaló que el asesinato de los policías, posiblemente extorsionadores, no tiene nada que ver con la justicia comunitaria, porque se trata en este caso de un delito que es investigado hasta dar con los responsables y sancionarlos, aclaró.

Por su parte, también este lunes, el viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, aseveró que los cuatro policías ajusticiados en la localidad de Saca Saca (Uncía) murieron todos el pasado 25 de mayo en horas de la tarde.

Torrico salió al paso de una versión propalada por una forense en sentido que uno de ellos se mantuvo con vida más de una semana después que sus compañeros encontraron una muerte brutal, mientras el gobierno cabildeaba por una solución pacífica al conflicto.

El funcionario también descalificó un supuesto acuerdo entre las familias de las víctimas y supuestos dirigentes indígenas para dejar sin efecto la investigación.

Nota: Prensa Latina