La Paz, 14 jun (EFE).- Dos diputados bolivianos de oposición presentaron hoy ante la Fiscalía General una demanda contra el ministro de Gobierno (Interior), Sacha Llorenti, y tres jefes de la policía por presunto incumplimiento de deberes en el caso del linchamiento de cuatro policías por indígenas.
El diputado de Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro dijo a Efe que junto a su colega Elizabeth Reyes presentaron hoy la demanda en la ciudad de Sucre, sede del Poder Judicial.
Según Reyes, la demanda acusa a Llorenti, al comandante nacional de Policía, general Oscar Nina, y a los dos jefes policiales de los departamentos de Potosí y Oruro de incumplimiento de deberes y omisión para atender el caso.
Los "ayllus guerreros" o clanes indígenas del norte del departamento de Potosí (suroeste) torturaron y lincharon presuntamente hace tres semanas a cuatro agentes tras acusarlos de cometer delitos en esa zona.
Los "ayllus" han impedido a los investigadores y a fiscales de Potosí entrar en el pueblo de Uncía, donde se cometieron los crímenes, para iniciar las investigaciones y dar con los asesinos.
El diputado Navarro dijo que la demanda presentada en Sucre adjunta el certificado forense efectuado sobre uno de los agentes para demostrar que murió linchado el 30 de mayo, seis días después que sus tres compañeros.
Según Navarro, ese documento prueba que los indígenas lincharon al cuarto policía, mientras las familias de los agentes y el Gobierno de Evo Morales les rogaban que entregaran los cuerpos al creer que todos habían muerto una semana antes.
La demanda también pide identificar a los autores del crimen de los policías ya que, según dijo Navarro, las autoridades del ministerio Público de Potosí no pueden acelerar la investigación.
Según la prensa, dirigentes de los "ayllus" anunciaron que llegarán a La Paz para presentar al gobierno de Morales un documento en el que piden un "cambio total" de los agentes en la región y ratifican la prohibición de entrada a Uncía de fiscales e investigadores.
Otra de las peticiones, según el diario La Prensa, consiste en pedir a las autoridades legalizar los vehículos que ingresaron por contrabando a esa región, fronteriza con Chile.
Los "ayllus" justifican su acción en el marco de la aplicación de la "justicia comunitaria", reconocida por la Constitución que promulgó Morales el año pasado, aunque el Gobierno ha insistido en que el linchamiento no es parte de ese sistema de justicia.
Las familias de los agentes asesinados también demandarán a los "ayllus" por el crimen tras revisar una decisión inicial de no hacerlo al considerar que estaban presionados por los grupos indígenas que amenazaron con no devolver los cadáveres si se les juzgaba.
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