El Gobierno no consigue parar la marcha indígena


Unos 550 delegados de los pueblos amazónicos de Bolivia iniciaron ayer una marcha de 1.400 kilómetros hasta La Paz para reclamar al Gobierno de Evo Morales mayores competencias y recursos económicos para las autonomías indígenas.
Los marchistas, entre ellos niños, mujeres y ancianos recorrieron durante la jornada alrededor de 30 kilómetros y tomaron un descanso para hoy reiniciar la caminata por la carretera que vincula Trinidad con Santa Cruz.
El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, confirmó a EFE que primero los marchistas irán a Santa Cruz,  y de ahí seguirán hacia Cochabamba y luego a La Paz.
La Cidob rompió el diálogo con el Gobierno de Morales, de origen aymara, con el argumento de que el proyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización que prepara el Ejecutivo reducirá el poder y competencias de las autonomías indígenas.
En concreto, los indígenas protestan porque, a su juicio, con la propuesta del Gobierno las autonomías indígenas no percibirán recursos económicos del Estado.
Además, exigen que los estatutos que regirán la autonomía indígena sean aprobados por usos y costumbres y no por votación vigilada por el Órgano Electoral, como plantea el Gobierno. La Cidob también demanda que se reconozcan como territorios autónomos los terrenos donde viven los indígenas desde tiempos ancestrales y que en algunos casos trasponen límites departamentales, lo cual, según el Poder Ejecutivo podría ocasionar un conflicto limítrofe entre cinco regiones en Bolivia.
El Gobierno convocó a los indígenas a retomar el diálogo para frenar la caminata. La respuesta de Chávez fue que no se permitirá un diálogo por separado con el Gobierno y advirtió que los dirigentes que incurran en esta falta serán sancionados, tal como ocurrió con el presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, que fue expulsado por pretender reunirse de manera individual con autoridades gubernamentales.
La protesta fue criticada por el ministro de Autonomías, Carlos Romero, quien señaló que “120 personas no hacen una marcha” y los invitó a revisar sus planteamientos que considera en algunos casos contrarios a la Constitución.
La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), afiliada a la Cidob, es partidaria del diálogo con el Gobierno, anticipó la semana pasada la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo /Agencias
El Gobierno culpa a Usaid
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, ratificó que las demandas de los indígenas son “inconstitucionales” y volvió a culpar a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) y a algunas organizaciones no gubernamentales financiadas por entidades norteamericanas y europeas de promover la ruptura entre los pueblos originarios y el presidente Evo Morales.
Sostuvo que esas demandas “no solamente no se enmarcan en la legalidad instituida en el país, sino que agreden derechos de otros actores porque el acceso a las tierras no es un derecho exclusivo de los pueblos indígenas, sino de los campesinos y de otros sectores”, precisó.
El Gobierno asegura que el proyecto, que debe ser analizado por la Asamblea Legislativa, contiene todas las garantías para la implementación de las autonomías indígenas y advirtió que existen intentos políticos inconstitucionales. La Ley Marco de Autonomías es una de las cinco Leyes Orgánicas que serán aprobadas por la Asamblea Legislativa hasta el 22 de julio, en cumplimiento a la nueva Constitución, que fue promulgada en febrero de 2009 tras recibir el respaldo de más del 60% de los bolivianos en un referéndum./ABI.
Moxeños anuncian una huelga
medidas
“Si hasta mañana (hoy) a las 16.00 no hay una solución, siete dirigentes entramos en huelga”, así demandó su pedido David Pérez Rapu asambleísta electo del pueblo indígena Moxeño.
Pérez aclaró que se cumplió todos los requisitos para ser asambleísta electo por el pueblo moxeño, pero fueron impugnados ante la Corte Nacional Electoral (CNE) por un pueblo que no es reconocido por la Ley (Yuracaré-Moxeños). “Si él dice (Antonio Costas, Pdte. CNE) que existe otro pueblo Yaracaré- Moxeno, tendría que hacer las gestiones para crear otro curul. Hemos escuchado que en la Ley del Régimen Electoral en Senado incorporando a este pueblo (Yuracaré) lo que significaría estar borrando al moxeño. Si eso pasara estarían creando el pueblo N. 35 porque somos 34 pueblos de tierras bajas”, afirmó.
Los indígenas moxeños se resignan a creer que esto sea una maniobra política del Gobierno.

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